EL "GOBIERNO de AMLO,un GOBIERNO de "FIFI"S": 360 ALTOS FUNCIONARIOS PERTENECEN al 1% de la POBLACION MAS PRIVILEGIADA...y muchos no aguantan una esculcada.

A contrapelo del discurso oficial, los 360 principales funcionarios del gobierno federal encargados de llevar a cabo la Cuarta Transformación tienen ingresos muy por encima del salario promedio de la población. 

Algunos de ellos tienen percepciones por negocios ajenos a su función pública. En el contexto del Segundo Informe de Gobierno del presidente López Obrador, Proceso revisó los perfiles académicos, las trayectorias laborales y las declaraciones patrimoniales de los altos mandos de la actual administración, los cuales muestran además que abundan los operadores políticos y que la paridad de género, salvo en dos secretarías, está ausente de la 4T. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con el afán de distinguirse de los derroches, la frivolidad y la corrupción que marcaron los sexenios “conservadores” y “neoliberales” del pasado, al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta presumir que su gobierno es “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Sin embargo, como en sexenios pasados, 360 altos funcionarios contratados para concretar la Cuarta Transformación (4T) forman un grupo poco representativo del pueblo de México: en un país donde el ingreso laboral promedio ronda los 6 mil 250 pesos mensuales, los funcionarios de primer nivel reportan ingresos netos 33 veces superiores y patrimonios totales que los colocan entre el 1% de la población más privilegiada.

Aparte, en el gobierno actual la toma de decisiones es, todavía, un asunto varonil: ocho de cada 10 personas que ocupan los cargos clave de la administración federal son hombres. Las mujeres están ausentes –o, en el mejor de los casos, apenas presentes– de sectores estratégicos, como el financiero, el agrícola, el energético, el turístico y el de seguridad; hay paridad de género en solamente dos secretarías.

Proceso recopiló los perfiles académicos, las trayectorias laborales y las declaraciones patrimoniales de 360 altos funcionarios, seleccionados con base en un criterio: encabezan estructuras administrativas de primer nivel en las que manejan presupuestos y equipos de trabajo propios. Su forma de acatar las instrucciones de Palacio Nacional y sus decisiones del día a día trazan el rumbo de la 4T.

En cada secretaría se incluyeron los servidores públicos con nivel de secretario así como los 43 subsecretarios y los titulares de los 188 organismos administrativos desconcentrados, entidades apoyadas y que dependen de ellas, entre ellos institutos, comisiones, consejos, bancos de desarrollo, hospitales o puertos. La lista también incluye los equipos directivos de Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, así como los titulares de los organismos autónomos.

Millonarios

El pasado 16 de junio López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón grabaron un video para comentar su plática telefónica con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Durante unos segundos de descuido, Ebrard movió el brazo y dejó al descubierto su muñeca izquierda, en la cual lucía un reloj Rolex de 14 mil dólares.

El canciller lanzó una mirada furtiva y, discretamente, volvió a esconder el costoso aparato debajo de su manga. Más allá de la cacofonía que desató en redes sociales, la anécdota exhibió la incomodidad de un sector de la élite política y económica del país que forma parte de la 4T y que debe renegar en público de sus privilegios para cuajar en el discurso de austeridad promovido por López Obrador, quien suele afirmar que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”.

Lo quieran o no, los altos funcionarios forman parte de la élite política y económica del país. Las declaraciones patrimoniales que ellos mismos entregaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) muestran un ingreso neto promedio de 2 millones 329 mil pesos anuales –aproximadamente 194 mil pesos mensuales– en 2019; de este monto, 1 millón 361 mil pesos venía de su nómina en el gobierno federal, y 968 mil pesos más eran producto de actividades privadas.

Pero incluso en la cúpula de la burocracia existen profundas brechas de desi­gualdad: mientras más de la mitad de los burócratas sólo cobró sus salarios públicos, 25 funcionarios, entre ellos tres mujeres, tuvieron negocios fuera de la nómina federal, pues reportaron ingresos netos superiores o muy superiores a los 3 millones de pesos en 2019; es decir, más de 250 mil pesos al mes. Cinco de ellos forman parte del primer círculo de López Obrador.

Por ejemplo, Jorge Alcocer Villanueva, jefe de asesores de la secretaria Olga Sánchez Cordero, señaló ingresos de 20 millones 442 mil pesos derivados de negocios inmobiliarios.

El multimillonario regiomontano Alfonso Romo Garza, jefe de Oficina del presidente, anotó por su parte ingresos por 15 millones 175 mil pesos; Sánchez Cordero apuntó 10 millones 688 mil pesos; Alfonso Durazo Montaño reportó 7 millones 164 mil pesos; Manuel Bartlett Díaz indicó que recibió 5 millones 803 mil pesos, y Esteban Moctezuma Barragán registró otros 4 millones 406 mil pesos.

Fuera del gabinete, otros altos funcionarios de la administración actual reportaron ingresos millonarios el año pasado: Rodolfo Héctor Lara Ponte, Miguel Gerardo Breceda Lapeyre, Juan Pablo Graf Noriega y Marcos Bucio Mújica –respectivos titulares del Instituto Nacional de Educación para Adultos, de Pemex Transformación Industrial, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Subsecretaría de Educación Básica– reportaron ingresos superiores a 9 millones de pesos.

Por otro lado, en la declaración patrimonial de Sanjuana Martinez Montemayor, la polémica directora de Notimex, aparecen puros ceros en las líneas de ingresos. 

Los altos funcionarios de la 4T reconocieron, en promedio, dos inmuebles cada uno, por un valor promedio de 5 millones 608 mil pesos, aunque casos recientes, como los de Manuel Bartlett Díaz e Irma Eréndira Sandoval, evidenciaron que las declaraciones patrimoniales no siempre reflejan la dimensión real de la riqueza de los servidores públicos.

Pese a los huecos de información o inconsistencias –como los 57 altos funcionarios que no reportaron ningún inmueble, a pesar de acarrear largas carreras políticas o empresariales–, las declaraciones patrimoniales disponibles revelan que 23 altos funcionarios, entre ellos siete integrantes del gabinete de López Obrador, reportaron inmuebles cuyo valor de adquisición –no su valor actual en el mercado– rebasó cada uno los 10 millones de pesos. 

Algunos funcionarios aprovecharon su estancia en la nómina federal para ampliar sus bienes: el líder evangélico Hugo Éric Flores Cervantes, fundador del Partido Encuentro Social –aliado a Morena– y delegado del Bienestar en Morelos, informó por ejemplo a la SFP que compró una casa de 400 metros cuadrados en marzo de 2019 por un monto de 5 millones de pesos, pagados de contado.

Carlos Romero Aranda, el procurador fiscal, indicó que compró un local comercial de 148 metros cuadrados por 8 millones de pesos en agosto de 2019, y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reportó la compra de una casa y de un departamento, en mayo y junio de 2019, por 9 millones 651 mil pesos.

Además de sus casas e ingresos, algunos altos funcionarios expresan sus gustos en autos –como Francisco Javier Delgado Mendoza, titular de Financiera Rural, quien adquirió en diciembre pasado un Mercedes GLC 300 de 839 mil pesos–, o en otras actividades, como Jorge Mendoza Sánchez, el titular de Banobras, encargado de vender el avión presidencial y cercano al multimillonario Ricardo Salinas Pliego, quien informó que adquirió una acción del Club de Golf Chapultepec en 2017, por 3 millones de pesos.

Entre varones

Durante una de las conferencias matutinas de finales del pasado febrero, mientras cientos de miles de mujeres marchaban y tomaban las calles de las principales ciudades del país, se le preguntó a López Obrador su postura respecto al feminismo; el mandatario contestó que era “humanista” antes que feminista.

Lo cierto es que en la 4T la voz que manda es varonil: de 360 funcionarios de primer nivel, 282 son hombres y sólo 78 son mujeres; dicho de otro modo, 78.33% de los tomadores de decisión son hombres y apenas dos de cada 10 son mujeres.

Algunas dependencias son verdaderos “clubes de Tobi”, empezando por el propio equipo cercano de López Obrador, cuyos 12 integrantes –jefe de oficina, vocero, consejero jurídico, jefe de asesores y coordinadores– son hombres; igual en la Secretaría de Turismo, encabezada por Miguel Torruco Marqués, donde seis de seis altos funcionarios son varones, o en la Secretaría de Agricultura, donde la proporción es de 18 hombres por una sola mujer.

De igual manera el presidente dejó la política de seguridad en manos de puros varones: no hay una mujer entre los 24 mandos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, así como en la de Seguridad y Protección Ciudadana y en sus siete entidades desconcentradas.

El sector energético, uno de los ejes estratégicos en el proyecto de López Obrador –es su herramienta para “rescatar la soberanía”–, también está controlado por una aplastante mayoría de hombres: aunque su rostro principal es Rocío Nahle García, la secretaria de Energía, es sólo una de las cuatro mujeres con cargos clave del sector, entre los 30 altos funcionarios que laboran en la Sener, en Pemex, en la CFE y en las entidades descentralizadas.

Así, entre los nueve directivos de Pemex sólo destaca una mujer –Luz María Zarza Delgado, la directora jurídica– y en la CFE de Manuel Bartlett Díaz no labora una sola mujer en esos altos niveles. Además, sus currículos muestran que la mayoría de los directivos no tenía experiencia en el sector energético y, sea cual sea la razón, ambas empresas productivas sufrieron pérdidas históricas durante el primer trimestre del año: Pemex perdió 562 mil millones de pesos, y la CFE, 121 mil 800 millones.

Fuente.-

"PREFIERE INCONDICIONALES ?": ERA de la AYUDANTIA de LOPEZ OBRADOR y lo NOMBRA ALTO FUNCIONARIO en la SEP...los que lo corrigen,los corre.

Otro ex-integrante del equipo de Ayudantía del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió cargo federal, esta vez en la Secretaría de Educación Pública y se trata de Diego Alberto Hernández Gutiérrez, nombrado como responsable del programa Becas Elisa Acuña.

Hernández era integrante de la Ayudantía Presidencial, en la que participan unos 15 servidores públicos que acompañan al Mandatario federal en sus giras y que son responsables de su seguridad.

En el 2016, Hernández fue candidato suplente a Diputado plurinominal de Morena en la Ciudad de México, ha formado parte del Consejo Consultivo de ese partido y participó en la campaña presidencial de López Obrador, en el 2018. 

Hasta ahora, suman seis los ascensos de servidores públicos desde la Ayudantía del Presidente.

Con informacion.-

"NO EXISTIRAN las EXTORSIONES en MI GOBIERNO": DECIA CABEZA de VACA y AHORA es INDUSTRIA de "CARTELES COBRONES que COBRAN por TODO"...como opositor decia tener soluciones y como gobierno "tiene problemas".

La extorsión puede definirse como la acción mediante la cual un individuo obtiene un recurso de otro mediante la intimidación o la amenaza de violencia, y en Tamaulipas es una practica cotidiana que los Carteles del Golfo y Zetas llevan a cabo con recurrencia y total impunidad,sin que se haya cumplido aquella afirmación categórica que hacia Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, entonces candidato y hoy gobernador panista de Tamaulipas : "No existirán las extorsiones en mi gobierno",decia ufano en 2016 cuando repartía promesas, cuando era opositor y decia tener soluciones, ahora es gobierno y tiene  problemas.

Esta actividad criminal ha sido usada por los grupos del crimen organizado como  una práctica más común y confiable que les implica poco riesgo y bajos costos, les puede reportar réditos importantes y no hay actividad productiva y  lucrativa en Tamaulipas que este a salvo del expolio criminal,los "cobrones cobran por todo" y es respaldada por la corrupción de autoridades y gobierno.

Hoy en día, la extorsión se manifiesta de muchas formas, como el derecho o cobro de piso, donde se exige a los dueños de negocios un pago periódico para que los criminales les permitan trabajar.

Un reciente reportaje de Borderland Beat analiza el derecho o cobro de piso y su efecto en el sector privado y para el reportaje entrevistaron a varios dueños de negocios en Tamaulipas y Nuevo León, les hicieron una serie de preguntas sobre su experiencia y este es parte de su trabajo.

Tipos de extorsión empleados por los grupos criminales mexicanos

Cuando se habla de las redes de extorsión usadas por el crimen organizado, como el derecho o cobro de piso, no podemos estudiarlo como una práctica monolítica. De hecho, el cobro de piso puede manifestarse de formas distintas. Podemos clasificar las diferentes formas del derecho o cobro de piso según la relación entre el extorsionista y la víctima.

La relación más común es parasitaria. En este tipo de relación, el extorsionista demanda a su víctima varios pagos a lo largo de un periodo de tiempo prolongado y amenaza con hacer daño a la víctima si no se cumplen las exigencias de dinero. Este es el tipo de extorsión más común en México, pues es fácil de perpetrar y reporta ingresos con un costo mínimo. La víctima resulta muy perjudicada con este tipo de extorsión, pues no obtiene nada de la relación y pierde dinero.

La segunda relación es depredatoria. En este caso, el extorsionista exige un único pago o un pago de una sola vez por una gran suma de dinero. Este tipo de extorsión está conectado en su mayoría con la industria del secuestro y no hace parte de la industria del derecho o cobro de piso excepto en casos no muy relevantes para el presente estudio.

El tercer tipo de relación es simbiótico. En este caso, el extorsionista exige a la víctima pagos por temporadas, pero simultáneamente le ofrece sus recursos para alcanzar cierto tipo de relación de mutuo beneficio. Este tipo de extorsión es muy común en zonas en las que el crimen organizado tiene fuerte presencia. Por ejemplo, en Italia, la Cosa Nostra siciliana ejerció ese tipo de extorsión. Exigía dinero a los negocios locales, pero al mismo tiempo les brindaba seguridad, contactos para promover sus operaciones comerciales y la seguridad de que sus transacciones comerciales tendrían éxito. En ese tipo de relación, la extorsión es de mutuo beneficio tanto para el extorsionista como para la víctima.

Muchos grupos criminales llevan a cabo sus extorsiones de manera mecánica: sin mostrar especial interés por la conservación de los negocios que extorsionan.

Aunque este tipo de extorsión requiere un mercado de protección muy desarrollado, con negocios estables y grupos criminales dignos de confianza, podemos hallar evidencia de que esa relación simbiótica ya está dándose en México. Por ejemplo, uno de los negociantes consultados para el informe declaró que cuando los extorsionistas lo abordaron, le dijeron que estarían a su disposición si él o su negocio “necesitaban algo”. Los extorsionistas se presentaron como protectores y cobradores de deudas en caso de que alguien le debiera dinero al negocio.

Los recursos de la industria de la extorsión

Una de las principales razones por las que los grupos criminales mexicanos se dedican a la extorsión de negocios particulares es por las pocas barreras de ingreso (es decir, se necesitan pocos recursos para desarrollar la actividad) y sus bajos costos.

Al contrario de otras actividades criminales como el narcotráfico, que requiere recursos múltiples y sofisticados que van desde los campos de cultivo hasta los laboratorios de refinación, la extorsión requiere tres elementos básicos: acopio de inteligencia, reputación y mano de obra.

Los grupos criminales mexicanos que participan en las industrias extorsivas podrían parecer entidades que cobran dinero de manera aleatoria a cualquier tipo de emprendimiento en los sectores bajo su control. Aunque esto es parcialmente cierto, la mayoría de los grupos criminales se comportan como individuos económicos racionales que usan la información que tienen a su disposición para clasificar los negocios. Según nuestra investigación, los carteles consideran factores como la industria de un negocio y en el rango de ingresos para aplicar una cuota.

Los grupos criminales tratan de basarse en el acopio de inteligencia para descubrir, clasificar y hacer sus cobros a los negocios. De hecho, los grupos criminales mexicanos pueden ser tan sofisticados en áreas sobre las que tienen un control sólido que incluso podrían llegar a usar información de entidades gubernamentales para calcular el monto que debe pagar cada tipo de negocio.

Así, algunos de los entrevistados para este informe expresaron sospechas de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), algo así como el Servicio Interno de Renta de Estados Unidos (IRS). Señalaron que algunos empleados de ese ente del gobierno se confabularon con el Cartel del Golfo y les entregaron información sobre los diferentes tipos de negocios que podían ser blanco de extorsión en Tamaulipas.

Otro ejemplo de la vida real que muestra lo sofisticado que podría hacerse el mercado para la extorsión en México es el caso de las plantaciones de aguacate de Michoacán. El estado de Michoacán es el primer productor mundial de la fruta, y concentra el 90 por ciento de la producción nacional. En menos de 150.000 hectáreas, hay por lo menos 25.000 aguacateros con emprendimientos de todos los tamaños. Esta área cubre 22 municipios, que incluyen los que más aguacate producen, como Uruapan, Tancítaro, Zitácuaro, Tacámbaro, Peribán, Tingambato, Los Reyes y Paracho.

Un mercado de tal importancia no podía escapar a las actividades extorsivas del Cartel de los Caballeros Templarios. Para obtener información sobre las empresas aguacateras en la zona, el Cartel de los Caballeros Templarios obtuvo información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). De manera específica, los miembros del cartel buscaron las licencias expedidas localmente por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal para ubicar a todos los aguacateros con fines extorsivos.

El uso de la información económica obtenida por medio del gobierno podría indicar por qué varias organizaciones criminales exigen tarifas extorsivas que por lo general son proporcionales al tamaño del emprendimiento.

Por ejemplo, según los empresarios entrevistados para el presente estudio, el Cartel del Golfo extorsionó a empresas del mismo tamaño y les cobró tarifas muy similares. Sin embargo, las grandes empresas locales, como las maquilas que operan en Matamoros, fueron obligadas a pagar sumas más altas.

Esto indica que los extorsionistas pueden operar de forma racional clasificando las empresas por su tamaño/ingresos y demandar pagos más o menos altos, según esos factores.

El segundo recurso para el éxito de una campaña extorsiva es la reputación del grupo extorsionador. En México, la mayoría de las exigencias de extorsiones se combinan con amenazas. Así, la víctima se verá obligada a cumplir las demandas del extorsionista si este se presenta como miembro de un grupo criminal conocido por sus brutales represalias contra quienes se oponen a sus demandas. De ese modo, cuando una persona es asesinada en un negocio que era extorsionado, es posible que el grupo extorsionista esté sentando un ejemplo para disuadir a potenciales clientes que estén renuentes a pagar. En conclusión, si un grupo criminal es violento, las víctimas estarán más inclinadas a pagar.

El último factor es la fuerza de trabajo. Esta representa las personas que contactan a los dueños de la empresa o negocio y exigen las cuotas extorsivas. Según uno de los propietarios entrevistados para el estudio, cada mes los extorsionistas iban directamente a la sede de la empresa a cobrar el pago. En otros casos, el contacto se hizo de manera indirecta.

En Guanajuato, por ejemplo, sabemos que ciertas empresas son contactadas por medio de una carta o nota que contiene un nombre y un número de teléfono. La víctima debe hacer contacto telefónico y negociar el pago a distancia con el extorsionista.

En resumen, el negocio de la extorsión demanda pocos costos y es fácil de realizar porque los recursos necesarios son básicos y su implementación es simple. Los extorsionistas pueden hacer extorsiones frente a frente, pero nuestra investigación demuestra que su presencia física no es necesaria para tener éxito en la actividad. Los grupos criminales tan solo necesitan personas, una reputación de violencia y víctimas que les teman.

Características de la industria extorsiva mexicana

Dado que el mercado de la extorsión se mueve en un medio ilegal, no opera unilateralmente y es normal que surgan una variedad de situaciones. En Michoacán, por ejemplo, las cuotas exigidas a los aguacateros eran fijas para todos los participantes de la cadena de producción, independientemente del tamaño, los productores no exportadores pagaban $1.500 pesos mexicanos por cada hectárea cultivada al año. Por otro lado, los exportadores pagaban anualmente $3.000 pesos mexicanos por hectárea sembrada.

Cuando los Caballeros Templarios comenzaron a padecer la creciente competencia de organizaciones rivales y grupos locales de autodefensa, endurecieron aún más sus demandas extorsivas. Comenzaron pidiendo 10 centavos más por cada kilo de aguacate (10 pesos por cada 100 kilos o 100 pesos por tonelada).

Uno de los empresarios entrevistados para este informe declaró que el grupo criminal que lo extorsionaba (el Cartel del Golfo) les permitía aplazar la fecha de pago de ser necesario. Pero al hacerlo, el negocio se veía sometido a un interés de 10 por ciento posmadurez. No es claro exactamente hasta qué punto los grupos criminales facilitan los pagos de extorsiones. Se sabe que las organizaciones criminales italianas aplican un método racionalista en sus exigencias ofreciendo una especie de pago diferido a los negocios que no pagan la suma exigida. El uso de intereses acumulados es común y hemos descubierto que se usa en ciertos lugares de México.

También hay casos en los que el grupo extorsionista no permite ningún pago retrasado y reaccionan con violencia si no se cumplen sus exigencias en el plazo estipulado. No se puede establecer con absoluta certeza por qué algunas organizaciones tienen una apertura mínima a la negociación mientras que otras no, pero el hecho de que los mismos grupos se comporten en ambas formas al mismo tiempo, pero en diferentes zonas puede indicar que su comportamiento depende del grado de control que ejercen sobre una zona determinada. La presencia de grupos criminales rivales tiene que ver con ese comportamiento.

También es importante determinar en qué momento las organizaciones criminales adoptan la extorsión en las áreas en las que operan. Con base en nuestros estudios, las guerras por territorio en las que compiten grupos criminales rivales derivan en mayores índices de extorsión. Donde hay dos o más grupos rivales en un territorio se entorpece la posibilidad de desempeñar el narcotráfico, la actividad más lucrativa. Para cubrir sus gastos diarios, las agrupaciones criminales en tal situación comienzan a buscar formas fáciles y rápidas de ganar dinero. Por lo general, la extorsión es una de las primeras opciones.

Los carteles mexicanos de la droga no solo participan en extorsión durante la actual violencia. Pueden adoptar esta práctica para afirmar su dominio sobre cierta área antes de que estalle la violencia con el fin de asegurar la entrada de dinero y cubrir posibles pérdidas en el futuro.

Uno de los mayores problemas que pueden enfrentar las víctimas es la posibilidad de la extorsión multilateral. Esto ocurre cuando dos o más organizaciones rivales, en continua pugna por los recursos, se disputan una zona. Existe la posibilidad de que cierto negocio comience a ser extorsionado por varios grupos al mismo tiempo. Como se observa en el estado de Guanajuato, que es actualmente el epicentro de una violenta guerra entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL) por los mercados ilícitos locales, principalmente el robo de combustible o huachicoleo al por menor.

Ambas organizaciones han empezado a extorsionar a los negocios locales para buscar recursos con qué financiar sus células y ganar control territorial. En algunos casos, las zonas en disputa son pequeñas, y los negocios son extorsionados por ambos grupos criminales. La mayor parte del tiempo, cuando un grupo criminal contacta a un negocio con fines extorsivos, se presentan e informan qué cartel representan y el capo local para el que trabajan.

Por ejemplo, a los dueños de los negocios entrevistados para este informe se les dijo muy claramente a quién le pagarían y también se les dijo que no pagaran a ningún otro grupo. Algunos de ellos declararon a Borderland Beat que sabían de otros negocios que habían sido extorsionados por Los Zetas y el Cartel del Golfo al mismo tiempo. Algunos de los propietarios de esos negocios fueron secuestrados o asesinados por negarse a pagar o por pagar a un grupo rival. Otros, señalaron los entrevistados, cerraron sus negocios de un día para otro y huyeron. La extorsión multilateral afecta doblemente a la víctima: los dueños de los negocios deben soportar mayores pérdidas económicas a la par que se arriesgan a la retribución por pagar a un grupo rival.

Los efectos de la extorsión en México

Los efectos de la extorsión en los negocios mexicanos presentan grandes variaciones, pues no hay una práctica extorsiva única que se aplique de manera uniforme en el país. Uno de los principales efectos de la extorsión que padecen varios negocios en México es la posibilidad de que las cuotas sean tan altas que el negocio no logre cumplir las exigencias y para no sufrir represalias se vean forzados a cerrar. Eso ha sucedido en zonas en feroz disputa, donde cada grupo narco local está buscando continuamente recursos e intenta sacar lo máximo posible de cada negocio extorsionado.

En agosto de 2019 en Guanajuato, los tortilleros de la ciudad de Celaya salieron a protestar demandando de las autoridades locales protección contra los extorsionistas, en especial contra el CSRL. Para este año, el CSRL sufría pérdidas en su guerra contra el CJNG, y su líder José Antonio Yépez Ortiz (“El Marro”) comenzó a incrementar las cuotas extorsivas para compensar dichas pérdidas.

A los tortilleros se los obligó a pagar una tarifa inicial entre $3.000 y $500.000 pesos mexicanos (aproximadamente de US$1.300 a US$21.680) más cuotas mensuales entre $3.000 y $50.000 pesos mexicanos (alrededor de US$130 a US$2.170). Dos días después de la huelga, tres mujeres fueron acribilladas en la tortillería La Indita en Celaya. Una de ellas había participada en las manifestaciones.

El mes siguiente, un taller de Ford Motors en Celaya fue atacado por pistoleros por el no pago de una extorsión. El taller cerró unos días después por temor a futuros ataques. Más de 80 empleados perdieron sus empleos de un día para otro.

Debe tomarse en cuenta que estos resultados dramáticos (es decir, el cierre de los negocios) no siempre se desenvuelve de esta manera. De hecho, ciertas industrias pueden adaptarse con bastante rapidez y eficiencia a las redes de crimen organizado. Uno de los mejores ejemplos es la industria de aguacate en Michoacán. Esa industria ha sido extorsionada desde la década de 2000, pero la industria no ha declinado como resultado de ella. De hecho, la producción de aguacate ha seguido creciendo año tras año desde 2010 pese a las violentas guerras por territorio entre el CJNG y sus grupos rivales en la zona, como Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y el Cartel de Tepalcatepec.

Una observación común en los estudios sobre extorsión es que las cuotas llevan a un incremento de los precios de los productos y los servicios de los negocios extorsionados. Aunque esto puede ser cierto en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que pueden verse en la necesidad de incrementar los precios para cubrir las pérdidas por la extorsión, esta observación no era aplicable a la industria de aguacate. El precio estable del aguacate mexicano muestra que la extorsión no afecta necesariamente el precio de un producto o servicio.

Por ejemplo, cuando los grupos de autodefensa en Michoacán comenzaron su guerra con los Caballeros Templarios en 2013, el cartel aumentó su cuota en las empresas de aguacate de US$1.300 a casi US$2.800 por tonelada. Los precios del aguacate fluctuaron por años sin alzas ni repuntes significativos. A comienzos de 2016, los precios del aguacate bajaron a su precio original de 2013. Sin embargo, a mediados de 2016, los precios subieron de nuevo y volvieron a bajar ese año. Esto volvió a ocurrir entre 2017 y 2019.

La fluctuación de los precios del aguacate muestra que la clásica “teoría del costo” de la extorsión, que asumen que la extorsión aumenta los precios de los productos y servicios del negocio extorsionado, no es necesariamente objetiva. Los precios del aguacate fluctúan según ciclos de precios muy bien definidos y están determinados por factores como la demanda extranjera y no las tasas de extorsión local.

Para la industria del aguacate, las tasas extorsivas representan solo una pequeña porción de sus costos fijos y eran un gasto “costeable”. Por ejemplo, en 2013, el Cartel de los Caballeros Templarios recibió un estimado de $119 millones de pesos mexicanos (cerca de US$5,2 millones) de las extorsiones al aguacate. Esto representa solo el 0,5 por ciento del valor total de la producción de aguacate de ese año. Los datos disponibles también muestran que el porcentaje del dinero de extorsiones pagadas en relación con el crecimiento de la producción de aguacate se redujo realmente en el tiempo. En otras palabras, las cuotas demandadas por los extorsionistas no fueron lo suficientemente rápidas para ir a la par con el crecimiento de la industria.

Con información de.-BorderLandBeat (Original link)

"NO se ENTIENDE QUE NO ENTIENDAN": ESTRATEGIA de "SEGURIDAD MILITARIZADA NO FUNCIONA y SIGUE MASACRANDO,TORTURANDO y DESAPARECIENDO" : DICE MEXICO UNIDO CONTRA la DELINCUENCIA...es la V 2.0 de la guerra de Calderon.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) advirtió que, contrario a lo reportado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su Segundo Informe de Gobierno, la estrategia de seguridad "tristemente" profundiza la militarización.

En un hilo de Twitter, la organización afirmó que el Gobierno actual también mantiene el populismo punitivo de sexenios anteriores.

"Dos ejemplos de ello son la extensión del uso de la fuerza armada permanente por 5 años más y la reforma al constitucional de prisión automática: hoy tenemos más militares en la calle y procedimientos más arbitrarios para encarcelar a la gente que no disminuyen el delito", aseveró.

"Además, la Guardia Nacional (GN) no es un cuerpo de paz ni de proximidad porque es y opera bajo la lógica militar. Y sus acciones son por definición opuestas a la proximidad que sólo se logra con el arraigo territorial de policías locales".

MUCD recalcó que si bien se reportó que la GN ya cuenta con 97 mil efectivos "equipados y formados", éstos no cumplen con los criterios de incorporación requeridos por ley y el reclutamiento no lo ha hecho dicha fuerza, sino el Ejército y la Marina.

"Sobre su despliegue, en MUCD hemos documentado que éste no parece responder a criterios objetivos como la incidencia delictiva. Están en lugares muy violentos o inseguros, pero son insuficientes en otros igualmente peligrosos", abundó.

Continúan masacres

En coincidencia con otras organizaciones, MUCD sostuvo que es falso que se acabaron la tortura, las desapariciones y las masacres en el País, como informó López Obrador.
Causa en Común, que preside María Elena Morera, recordó, realizó un informe sobre atrocidades que documentó más de 2 mil 500 episodios de esa índole este 2020, tales como profanación de cadáveres, tortura y masacres.

"Respecto a la participación de las fuerzas del orden en estos episodios, desafortunadamente no podemos validar los dichos del presidente debido a la opacidad con la que operan tanto la Sedena como la Marina", puntualizó.

"Además, la ejecución extrajudicial de Nuevo Laredo demuestra que el abatimiento aún es una práctica común del Ejército y estos abusos se judicializan en tribunales militares violando la Constitución. En 2020 la Sedena ha participado en 178 enfrentamientos ¿qué ha pasado en ellos?".

También es falso, abundó, que ya hay justicia para los pobres, ya que la reforma de prisión preventiva oficiosa tendrá como consecuencia el encarcelamiento de los más vulnerables, pese a las leyes de amnistía.

Sobre la baja de delitos reportada por el Ejecutivo, como el secuestro, advirtió que es parcialmente cierto, ya que la estadística oficial tiene problemas de registro que calificó de importantísimos.

"Comparar junio del 2020 con noviembre del 2018 no dice nada si no se ve lo que pasa en medio. En las tendencias es donde se matizan las afirmaciones presidenciales. Hay delitos a la baja, sí, pero no ésta aún no es definitiva", añadió.

fuente.-

"NO SABEN AYUDAR SIN CANTARLA": "CHAPITO" MANDA TORTAS y BEBIDAS a FAMILIARES de PERSONAS HOSPITALIZADAS...asi mientras el gobierno pierde simpatias,el los gana.

Circula en las redes sociales un video donde un grupo de hombres reparten alimentos y bebidas a las personas que están afuera de un hospital en Culiacán, Sinaloa y aseguran que fueron enviado por “el hijo de El Chapo Guzmán”, sin especificar cuál de ellos.

Esos alimentos los envió presuntamente uno de los hijos del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según se escucha en el video, las tortas y jugos, son enviados por parte de el hijo de “El Chapo”, sin especificar cuál, y de “El Chaparrito”.

En las imágenes se ven al menos cuatro sujetos en una camioneta repartiendo los alimentos, envueltos en papel aluminio y jugos a las personas que se encuentran en afuera del área de urgencias del hospital de Culiacán.

La camioneta fue rodeada por las familiares de las personas hospitalizadas para recibir el apoyo.

Algunas personas creyeron que los sujetos estaban vendiendo los alimentos, pero uno de ellos les aclaró la situación.

En el video de poco más de un minuto, se escucha a una persona que pregunta sobre quién mandó la ayuda. Uno de los sujetos que la reparte asegura que son de parte de “el hijo de ‘El Chapo'”.

“El hijo del Chapo, viejón, el hijo del Chapo y el Chaparrito. Ahí estamos pa’ cualquier cosa que se ofrezca”, respondió uno de los sujetos.

Casi al final del video se escucha que una mujer les agradece la ayuda.

“Nombre muchachos, se van a ir al cielo”, expresó la mujer.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Según medios locales, los hombres después se dirigieron al Hospital Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para entregar también los alimentos.

fuente.-

"MORENA PREDICA con MAL EJEMPLO": 1,400 MILLONES en DESPILFARROS y ACUSACIONES de CORRUPCION...si puede haber partidos ricos y pueblo pobre.

No puede haber gobierno y partidos ricos con el pueblo pobre”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en agosto del año pasado. Pero esto parece no aplicar para el suyo, Morena, que en tan sólo cuatro meses pagó casi 800 millones de pesos entre la compra de nueve propiedades para sus oficinas y la remodelación de dos de los inmuebles con “obras fantasma”.

Y ahora planea gastar otros 600 millones de pesos para comprar nuevas oficinas que estarán a un kilómetro de distancia del Palacio Nacional, de acuerdo con El Heraldo de México.

Es decir, en total Morena ha pagado más de 1,400 millones de pesos en la compra de sus oficinas. Y muchos de ellos, se los está comprando a aliados o militantes.

Todo comenzó el año pasado, cuando Yeidckol Polevnsky aún dirigía Morena y Joel Frías Zea era su secretario de Finanzas. Juntos, firmaron contratos para comprar nueve inmuebles, entre octubre de 2019 y enero de 2020, por un monto de 387 millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada vía transparencia por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

Las compras se hicieron con la intención de invertir en un patrimonio y generar ahorros al dejar de pagar arrendamientos. “Si compras una propiedad será una inversión a futuro, por todos los gastos que se están evitando en la renta”, dijo Yeidckol Polevnsky, en entrevista con Cuestione.

Pero la compra de al menos tres de estos inmuebles sí traerían gastos, pues había que remodelarlos y acondicionarlos como oficinas del partido. Para ello Morena contrató a las empresas Inmobiliaria Moscati de Querétaro y Estrada Miranda Proyecto y Construcción, a las que pagó 395 millones de pesos. Sin embargo, las obras jamás se realizaron, documentó Animal Político.

“Estas empresas efectivamente se contrataron y sí hay trabajos hechos. Se hicieron las primeras revisiones del estado de los edificios y los proyectos ejecutivos, para que se hicieran las adecuaciones y reingeniería, pero lo que realmente pasó es que cuando Ramírez Cuéllar llegó a la dirigencia, ya no dejaron trabajar a las empresas”, acusó Polevnsky.

Por estas presuntas “obras fantasma”, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena hizo una revisión a las finanzas de estas compras y encontró que hubo un daño patrimonial millonario. Por tanto, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Polevnsky por este delito, e incluyó el de lavado de dinero.

“La gente de Ramírez Cuéllar ordenó que se llevaran las computadoras y herramientas que estas empresas estaban utilizando y no los ha dejado entrar a los edificios a que trabajen, a pesar de que nosotros ya habíamos pagado por esos servicios. No entiendo qué cosa extraña tiene entre manos para tener esa actitud”, dijo Polevnsky.

Cancelan y adeudan más de 45 mdp

Además, Alfonso Ramírez Cuéllar, actual dirigente de Morena, ha dicho que se van a cancelar los contratos de, al menos, tres propiedades adquiridas por Polevnsky, por lo que el partido tendría que pagar unos 47.6 millones de pesos en penalizaciones, de acuerdo con los cálculos hechos por Cuestione, con base en los documentos de la Secretaría de Finanzas de Morena, obtenidos vía transparencia.

Uno de esos inmuebles que Morena ya no ocupará está en Hamburgo 64, en Colonia Juárez. Por este edificio, Polevnsky y Frías pagaron 86 millones de pesos, como anticipo de los 215 mdp que costaba. Este lugar sería la nueva sede nacional del partido.

Sin embargo, en su lugar, Morena, ahora bajo la dirección de Ramírez Cuéllar, comprará otro edificio a un kilometro de Palacio Nacional, por el cual pagará 600 millones de pesos. Es decir, tres veces más caro que el que Yeidckol Polevnsky había estimado para las nuevas oficinas del partido.

Cuestione solicitó entrevista con Ramírez Cuellar, para conocer su posicionamiento al respecto, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta.

Morena paga millones de pesos a empresarios cercanos a funcionarios y partidos políticos

La casona ubicada en la calle de Chihuahua #216, colonia Roma, vio pasar en 2018 a altos funcionarios y diplomáticos de otros países. Entre ellos, Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, o el embajador chino Qiu Xiaoq, para reunirse con el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 

\Chihuahua 216. Foto Google Maps

Como casa de campaña del candidato presidencial, Morena pagaba 130 mil pesos mensuales de renta, de acuerdo con una investigación del periodista Carlos Loret de Mola.

Ahora, esta propiedad forma parte de las nueve que Polevnsky compró mientras estuvo al frente de Morena, para que fueran las nuevas oficinas del partido. Cambió de opinión y después dijo que se convertiría en un museo para celebrar la historia de su partido y del presidente López Obrador. 

Dio un anticipo de 8.5 millones de pesos a la empresa Top Real Estate Company, cuyo socio mayoritario es José de Jesús Hernández Torres, colaborador de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con la investigación publicada por Carlos Loret de Mola.

Con una superficie de 450 metros cuadrados, esta casona fue adquirida por Morena a un costo de 42 millones de pesos.

Sin embargo, si se consulta al portal inmobiliario especializado Metros Cúbicos, el precio promedio en esta colonia del centro de la Ciudad de México es de 44,863 pesos por metro cuadrado, por lo que el valor de este inmueble sería alrededor de 20.1 millones de pesos, es decir, Morena pagará el doble de su costo comercial.

Otro predio que llama la atención en este shopping inmobiliario es una casa ubicada en la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Chihuahua. Con una superficie de 1,300 metros cuadrados, por la que Morena pagaría 12 millones de pesos al chihuahuense Augusto Javier Terrazas Carrillo, excandidato a la presidencia municipal en Chihuahua, por el partido Movimiento Ciudadano, en 2013. 

En esta zona, el metro cuadrado está valuado en 7,176 pesos. Por lo que esta propiedad tendría un costo de 9.3 millones de pesos, de acuerdo con Metros Cúbicos, casi tres veces más el costo que pagaría Morena.

Av. Cuauhtémoc 3201, Col. Cuauhtémoc, Chihuahua, Chih. Google Maps.

Otra oficina más de Morena fue la que compró a Luis Daniel Sánchez Ascencio en Guadalajara, Jalisco, por 14.3 millones de pesos. Sin embargo, esta transacción ha sido cuestionada, pues no existe el contrato de compra-venta, apuntó en un informe Hugo Rodríguez, presidente estatal de Morena en aquel estado. 

Av. España 1315, Colonía Moderna, Guadalajara, Jal. Google Maps

Esta casa tiene una superficie de 872 metros cuadrados. En esta zona las casas están valuadas en 7,219 pesos por metro cuadrado, por lo que tendría un costo de 6.2 millones de pesos, es decir, menos de la mitad del precio que pagó Morena por ella.

Dos meses antes de dejar la dirigencia nacional del partido, Yeidckol Polevnsky firmó un último contrato por 75 millones de pesos con la empresa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, para comprar las oficinas para el partido ubicadas en Liverpool 3, Colonia Juárez, en la Ciudad de México. 

El terreno tiene una superficie de 350 metros cuadrados y el valor de cada m2 por terreno en esta zona es de 21,641 pesos, según Metros Cúbicos. Por lo que tendría un costo de 7.5 millones de pesos, es decir, 10 veces más barato que lo que pagó Morena.

Liverpool 3. Google Maps

De todas estas compras, Polevnsky aseguró que próximamente comprobarán “el ahorro que habría con los inmuebles que nosotros presupuestamos a los que Ramírez Cuéllar ahora va a adquirir”.

Mientras, Ramírez Cuellar ya dijo que quien sea la próxima o próximo presidente de Morena, debe ir contra Yeidckol Polevnsky para no crear “un pacto de impunidad” en el partido. Por eso podemos esperar que sigan con las denuncias penales que ya se tienen en curso, al tiempo que lidian con los enormes gastos que han decidido hacer.

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"AMLO y MILITARES": LAS TRANSAS de la SEDENA y la CONSIGNA de MATAR de MICHOACAN a TAMAULIPAS...los que no cambían,nunca cambiaran nada.

Con el espectáculo de la corrupción como distractor político y la preocupación derivada de la crisis económica y laboral que enfrenta la población del país, Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo informe de gobierno con más de 122 mil 223 muertos y un escándalo por violación grave de derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares: versión actualizada del porfirista “mátalos en caliente: (“¡está vivo…! ¡Mátalo!” según el dicho de los soldados ahora presuntamente investigados). Esto último pone a prueba ante los ojos del mundo el calibre del nuevo arreglo antidemocrático de los militares con el presidente.

Los muertos de AMLO

Según cifras oficiales las víctimas mortales de la violencia y el covid son, respectivamente, 59 mil 629 (entre el 1 de diciembre de 2018 y el 25 de agosto de 2020) y 62 mil 594 (al momento de escribir estas líneas). En perspectiva, con estas cifras de violencia homicida este gobierno rebasó los números que tuvieron Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) en periodos similares. Sólo hacia el fin del primer año de la gestión de AMLO (diciembre 2019) se asesinaba a cuatro personas cada hora. La tasa de fallecimientos por covid es de seis muertos por hora actualmente (sin contar que se reconoce un subregistro oficial que eleva la cifra señalada, al menos, por tres tantos más).

A la luz de este resultado, objetivamente en cualquier democracia este saldo sería suficiente, aun en los frágiles gobiernos de nuestro hemisferio, para poner en jaque su estabilidad y provocar la caída de un presidente. Andrés Manuel López Obrador se sostiene con respaldo social polarizado (53.4% de aceptación y descendiendo, ver El Universal, 26 de agosto), la debilidad institucional impuesta en forma autoritaria y el control del aparato estatal manipulando al país, ilegal y con trampas político-electorales.

El brazo armado

El presidente cuenta, además, con fuerzas armadas fortalecidas con recursos y privilegios políticos para asegurarse el sostén del régimen. Esta es la parte más visible del nuevo arreglo de poder y dominación. La presencia de los militares fuera de los cuarteles no tiene precedente en la historia moderna del país: 151 mil 731 entre soldados y marinos, además de contabilizar en esa calidad castrense a los miembros de la Guardia Nacional (Sedena, mayo 2020).

Luego del levantamiento zapatista y con la agudización de la inseguridad por el narcotráfico y el crimen organizado, el emplazamiento se incrementó o disminuyó en diversos momentos: de 12 mil a 40 mil soldados en la región del Sureste al fin del siglo pasado; de 45 mil a 52 mil 690 durante la guerra contra las drogas de Calderón; 54 mil 980 hacia el final del sexenio de Peña Nieto.

Con López Obrador, aun antes del decreto del pasado 11 de mayo, en 2019 ya había desplegado a 62 mil 954 al inicio de su sexenio para tener ahora la cifra más elevada: 79 mil 687 soldados. La propia Sedena presume su omnipresencia con adjetivos propios de la nueva lingüística del gobierno (¡“Operaciones de Construcción de la Paz”!) y contabiliza al total de integrantes de las fuerzas armadas desplegadas, para hoy tener un número tres veces mayor al que se observó en la llamada guerra contra las drogas de Felipe Calderón.

Negocios y corrupción

A la par de este fenómeno de sobremilitarización, que ya invade esferas de gobierno y no se limita a estructuras de seguridad, se tiene un nuevo patrón institucional (cuyas raíces vienen de los dos sexenios anteriores): la corrupción derivada de su función empresarial como contratista de obra pública y de suministro de bienes y servicios de los gobiernos federal y estatales.

La Sedena ha hecho pingües negocios recurriendo a los mecanismos del crimen organizado (lavado de dinero) y de los funcionarios corruptos, como la Estafa Maestra, contra los que el actual presidente actúa de modo selectivo (Proceso 2261, 1 de marzo; El Universal, 25 de febrero). La inmunidad e impunidad son ahora normas no escritas en el trato del presidente bajo un recuento largo de simulaciones, incumplimientos, traspaso de obras a compañías de familiares de mandos militares, etcétera. A esto se suma una evidente capacidad disminuida e ignorada en los pocos contrapesos institucionales que sobreviven, como la Auditoría Superior de la Federación (El País, 24 de agosto), y escaso control del gasto y el fiscal, ambos en la Secretaría de Hacienda.

La coartada de la seguridad nacional, hay que decirlo, no alcanza para la justificación que equipara contratos de papelería con la intermediación en la compra de armas. El tamaño de la corrupción militar hasta ahora documentada es, en realidad, la punta del iceberg y se contrapone al mito reiterado por el presidente: el “Ejército-pueblo” se corrompe y se castiga según el grado y su funcionalidad en el nuevo arreglo.

Ideología armada

En febrero pasado, con la inminencia de la crisis sanitaria y la debacle mortuoria de los últimos cinco meses, no se advirtió lo suficiente sobre la consolidación del nuevo arreglo entre AMLO y el Ejército junto con su populismo armado. El Día del Ejército, en el escenario preferido del poder avasallante del presidencialismo omnímodo, el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador dio un breve, enigmático y críptico discurso de alabanza a los militares, agradeciendo que no han cedido a la tentación golpista.

Nunca aclaró las supuestas amenazas que justificasen la mención y su dicho sólo alineó el pensamiento de sus panegiristas y propagandistas que alegaban desde el año pasado el supuesto “golpe blando”. Lo cierto es que la celebración castrense se apropió no sólo de un espacio simbólico de gran significado político, sino que hizo patente el pacto con quien ahora ocupa el Palacio Nacional (el personaje antes que la investidura). Dicho pacto se sellaría no sólo con expresiones impropias de un Ejército deliberante y vigilante fustigando a otros poderes estatales (“Al sistema judicial le falta cumplir”: Luis Cresencio Sandoval, Excélsior, 6 de julio), sino con una declaración oficial y supuestamente programática del Ejército.

El Programa Sectorial de Defensa Nacional (2020-2024) dejó de ser el documento guía de definición de acciones de la Sedena para esta administración y se convirtió en un vehículo ideológico y algo más, con graves consecuencias para la democracia del país. Contrario a toda lógica de planeación administrativa, los militares hacen coincidir acciones programáticas contraponiendo los “principios rectores” del Plan Nacional de Desarrollo escrito por el presidente: “No al gobierno rico con pueblo pobre”; “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”; “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”; etcétera. Ausente de una visión de Estado e institucional, el documento destaca por su declaración de afinidad ideológica, pero más por su compromiso expreso que se mimetiza con el régimen actual. Haciendo a un lado su lenguaje abigarrado, se observa el aprovechamiento de las confusiones retóricas presidenciales para erigir al Ejército como garante del nuevo ejercicio del poder: del estado de derecho y la gobernabilidad del país pasa a justificar su contribución para “preservar la Seguridad Nacional y garantizar la Seguridad Interior” (p. 12) ; con el “cambio de paradigma en seguridad” reitera que, con base en el Programa de Seguridad Pública, “es necesario emplear el potencial del Instituto Armado para coadyuvar en el desarrollo económico nacional y sentar un precedente de gran trascendencia mundial… en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional” (subrayado mío).

Más adelante el Programa señala a “las Fuerzas Armadas (como) un factor primordial para garantizar la seguridad, el orden interno y el bienestar social” (subrayado mío). Con esto se echa por tierra cualquier noción programática y declara a los militares con la “flexibilidad” necesaria para obedecer al presidente (adiós a los indicadores de gestión y al Programa de Seguridad Nacional). Los militares son ahora el paraguas omnipresente de la existencia societal del Estado mexicano y la garantía de viabilidad de la presidencia de AMLO: la ideología antes que el respeto al orden constitucional y a las instituciones.

La consigna de matar (de Michoacán a Tamaulipas)

La corrupción y el asesinato de civiles por militares son el corolario de la transformación de AMLO y difícilmente pueden ser anécdotas de un mal comportamiento excepcional, como tampoco es el uso faccioso y contrario al Derecho Internacional Humanitario, del Plan DN-III para operaciones de persecución y combate al crimen organizado (como el operativo contra El Marro). El tratamiento hasta ahora de la matanza de Nuevo Laredo, con los dichos contradictorios del presidente, la secretaria de Gobernación y el titular de la Sedena, apuntan a la reiterada práctica de evadir responsabilidad o minimizarlas, imputando a oficiales de bajo rango y a soldados rasos, con todo y el rosario de legislación y jurisdicción que se está violando por el presidente y, ahora sí, su Ejército. La supremacía civil no está en juego porque simplemente ya desapareció y lo que viene para críticos y opositores será una película que ya vimos en el pasado.

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"PURA GENTE del CHAPO GUZMAN,ASI que CUIDADO": DICE "MOCOSO" a MILITARES a TONO de "COTORREO o AMENAZA"...se junta con lobos y se esta enseñando a aullar.

Circula en las redes sociales un video de un niño que se pasea frente a militares y lanza “amenaza” a los uniformados, sin que hasta el momento las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

“Pura gente del Chapo Guzmán. Así que cuidado”, advirtió el pequeño frente a integrantes del ejército militar que se encontraban sentados, en alusión al cártel de Sinaloa.

Los hechos presuntamente se registraron en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

En las imágenes se ve al pequeño cargar un morral, donde se aprecia la antena de un aparato de radiofrecuencia.

En las redes sociales, los internautas cuestionan sobre el paradero de los padres y por qué lo dejan hacer “esas cosas”.

Además en las redes sociales, identifican al menor como el mismo que ha posado junto a armas en otras ocasiones y que se ha “presumido” las imágenes en Internet.

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DEL ENTRAMADO de FUNCIONARIOS de CABEZA de VACA "CRIMINALMENTE ORGANIZADO$" RENUNCIA MONGE CASTILLO a COMAPA-ALTAMIRA ...hermano del que lo empino en Audio.

Luego de ser señalado como parte del entramado delictivo que provee de recursos ilícitos al Gobernador de Tamaulipas por la vía de los "moches y sobornos",esto en su caracter de Gerente General de COMAPA en Altamira ,Alejandro Monje Castillo,hermano de Eduardo Monge quien escenificara un VIDEO enlodando al Gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,presentó su renuncia por escrito a empleados sindicalizados y de confianza, la cual se hizo efectiva a partir del pasado lunes 31 de agosto.

POLITICOS CRIMINALMENTE ORGANIZADOS:

"PRIMO HOCICON de CABEZA de VACA NO MINTIO": ASI se "CHINGA" la LANA el GOBERNADOR de TAMAULIPAS y MARCOS GONZALEZ...cuando no hay sobornos,hay ganancias con sus buenas obra$.

Lo anterior fue dado a conocer mediante un oficio que giró el propio Alejandro Monge Castillo con fecha del 27 de agosto de este año y que laborara hasta este lunes 31 del presente, la que menciona que asumió con gusto el cargo un 14 de noviembre del año 2017.

Alejandro Monge,es parte de una gran cantidad de funcionarios con una pésima curricula y aun asi fue nombrado en el cargo por el gobernador, encargado de los "moches y sobornos" vía su hermano el Senador Ismael Garcia Cabeza de Vaca,le antecedía haber sido detenido  en Noviembre de 2009 por el delito de Fraude en agravio de Adrian Oseguera Kernion dentro de la causa penal 397/2009.

El oficio de la renuncia del funcionario de la Comapa es el COM-ALT-GG 029/2020, el cual fue presentado a todos los empleados del organismo operador de agua potable con fecha del 27 de agosto que fue colocado en el tablero de avisos de dicho órgano operador de agua potable, tan solo dos dias despues de filtrarse el audio de su hermano.

ENLODADA MAYUSCULA:

PRIMO de CABEZA de VACA "EMPINA en AUDIO" al GOBERNADOR y ACUSA MILLONES de DOLARES del NARCO y un "NEGO$IO" LLAMADO TAMAULIPAS...vaya famiglia.

El motivo de la renuncia del gerente general se intuye,despues del escándalo y ahora se espera que  Consejo de Administración se reúna en fecha próxima para conocer quién será el próximo responsable del organismo operador de agua potable y alcantarillado en este municipio, aunque en los hechos la designación ocurra de manera arbitraria desde la capital de Tamaulipas,el padrón de usuarios es de 105 mil; entre comercial, industrial y residencial.

Con información de:

LA "SOSA NOSTRA": UN FUNCIONARIO UNIVERSITARIO "PRESTO" para TRANSITAR los CAMINOS FUERA de la LEY...otra iglesita a la que le llego su fiestecita.

El historial de Gerardo Sosa Castelán, detenido este lunes por lavado de dinero y defraudación fiscal, “hace evidente que se trata de un individuo presto para transitar caminos fuera de la ley”, opinó Alfredo Rivera Flores, quien enfrentó un prolongado litigio con el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), a causa de la publicación del libro La Sosa Nostra.

Sosa Castelán, a la sazón director del Patronato de la UAEH, fue detenido por la Fiscalía General de la República, que le imputa los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, derivados de transferencias internacionales por 151 millones de dólares.

-El monto millonario en dólares que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó en las cuentas de la UAEH y de Sosa Castelán, hacían presumir que tarde o temprano debería rendir cuentas ante la justicia. Hoy ha sido el día y me congratulo porque en este gobierno se forja otro eslabón contra la impunidad de los otrora caciques intocables, añadió el escritor y periodista.

En breve entrevista para Aristegui Noticias, Rivera Flores, demandado por Sosa Castelán, junto con el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, quien escribió el prólogo del libro, dijo también:

“Deseo sin ánimo de venganza, pero con enorme sed de justicia, que se le juzgue y castigue como se lo merece. Pero sobre todo, hago votos para que, ante el vacío de poder en la Universidad, los universitarios, la ciudadanía hidalguense y las autoridades participen para impedir el retorno de los oportunistas y propicien la auténtica excelencia académica”.

En cuanto a la demanda en mi contra que entablara Gerardo Sosa por la publicación del libro La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, ratifico que el juicio se terminó en enero de este año, después de haber litigado 16 años y cubrir una sanción de 730 mil pesos por el “daño moral” a Sosa Castelán.

Se trató de algo gravoso para mi patrimonio, pero totalmente alejado de los 16 millones que se empeñaban en obtener.

Finalmente, Rivera Flores expresó su solidaridad con el doctor Sergio Aguayo, “quien por ejercer su libertad de expresión enfrenta a otro cacique”.

En la actualidad Sergio Aguayo enfrenta un litigio por demanda de daño moral presentado por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El caso fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

fuente.-