En este momento en que México atraviesa por una grave crisis de desapariciones con más de 130,437 personas no localizadas según el Registro Nacional (RNPDNLO) actualizado, una tragedia humana de gran magnitud que afecta a miles de familias y pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia en el país, una funcionaria menor en Guanajuato dio a conocer su tarifa para desparecer cristianos.
El caso: “A mí me cuesta 2 mil pesos que te desaparezcan”
Recientemente, una funcionaria municipal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) de Celaya, Guanajuato, fue exhibida en video amenazando a un ciudadano: “A mí me cuesta dos mil pesos que te desaparezcan”. El video se viralizó rápidamente, lo que provocó indignación social, la intervención de autoridades municipales y la apertura de una investigación oficial. La funcionaria fue dada de baja de inmediato, pero el incidente resalta una problemática más profunda.
Dimensiones de la conducta: entre lo jocoso y lo criminal
1. Cultura de la impunidad y la “normalización”
El tono que navega entre lo “jocoso y lo serio” evidencia cómo el discurso de la violencia, incluso en ámbitos cotidianos o burocráticos, se cuela como broma o advertencia. Minimizar estos dichos con el pretexto del humor revela una normalización alarmante de la violencia extrema, donde la vida humana se reduce a una “tarifa”.
2. Poder, corrupción y amenaza
- Que un servidor público haga este tipo de comentarios —sea en serio, para intimidar, o en falso, para presumir conexiones— genera un clima de temor y desprotección ciudadana. Se presupone la existencia de redes delictivas a las que funcionarios tienen acceso y que pueden “mediar” por una cantidad irrisoria en términos de vida humana.
- Esto también refleja una percepción arraigada de corrupción y colusión entre autoridades y el crimen organizado, elemento recurrente en regiones con altas tasas de desapariciones forzadas.
3. Efectos legales y sociales
- Este tipo de declaraciones constituyen amenazas, potencial abuso de autoridad y pueden considerarse apología del delito o, incluso, intimidación agravada.
- Legalmente, el solo hecho de proferir amenazas mientras se ejerce una función pública puede derivar en inhabilitación, sanciones administrativas, e incluso procesos penales.
- Socialmente, la desconfianza hacia las instituciones aumenta, dándose un círculo vicioso donde la denuncia es cada vez menos frecuente por miedo o escepticismo ante la justicia.
Alcances simbólicos y reales
- Simbólico: El mensaje trasciende el caso particular e ilustra un México donde la amenaza de “desaparición” se convierte en herramienta de poder e intimidación, instalando el miedo como método de control social.
- Real: La viralización del caso obligó a las autoridades a reaccionar con rapidez, despidiendo a la funcionaria y anunciando investigaciones. Sin embargo, la reacción evidencia que el sistema reacciona sólo ante la presión pública y mediática, dejando al descubierto la fragilidad de los controles internos y la falta de protocolos preventivos.
Conclusión
El hecho de que un funcionario, aunque sea “en broma”, cuantifique y banalice la desaparición de una persona en un contexto con más de 130,000 desaparecidos, muestra hasta qué punto la indiferencia, el miedo y la impunidad se han incrustado en el tejido institucional mexicano. El reto sigue siendo transformar estas conductas con educación, sanción ejemplar y un combate efectivo a la impunidad, devolviendo la dignidad y la seguridad a la ciudadanía.
Con informacion: RNPDNLO/ELUNIVERSAL
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