El notario Fernando García Sais,hablo de la mas reciente reforma del Congreso del Estado de Sinaloa por reforzar la seguridad vial al tipificar como delito el uso, fabricación y comercialización de ponchallantas y aunque lo califico de loable, porque el es muy mesurado, pero debemos reconocer que de loable no tiene nada,es otra farsa mas con que autoridades y gobierno enfrentan un problema que no es de leyes, sino de hacer valer las leyes, es la incapacidad de detenerlos.
“Para ellos 3 o 10 años de prisión pueden ser un costo asumible, sobre todo si los beneficios de escapar son tan altos. Sin atacar las redes criminales de manera integral, la ley se queda corta”….Notario
De esta forma, para que esta reforma sea realmente efectiva, García Sais propone medidas complementarias como la inversión en tecnología de vigilancia, vehículos adaptados y capacitación especializada para enfrentar estas tácticas.
Un fracaso mas
Las autoridades no pueden seguir creyendo que el problema de la inseguridad en México se resuelve con más leyes o penas más severas.
Las penas por sí solas no conducen a nadie a la cárcel. La efectividad de una ley depende de factores mucho más complejos que la simple severidad de la sanción. En el caso de los ponchallantas, la baja probabilidad de ser identificado y capturado, especialmente en eventos de alta velocidad o en contextos de crimen organizado, hace que los delincuentes sigan teniendo incentivos para cometer estos actos.
Se hacen tarugos solos
Argumento: La tipificación específica del delito de arrojar ponchallantas es innecesaria, pues la Ley contra la Delincuencia Organizada ya contempla sanciones mucho más severas si la autoridad puede probar la pertenencia a una organización criminal,lo que otra vez nos lleva a su declarada incapacidad enmascarada en esta ley.
Bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los perpetradores que operan en grupo para obstaculizar vías de comunicación, facilitar secuestros, robos o enfrentamientos con autoridades, ya pueden ser investigados y sancionados con penas que llegan hasta los 40 años de prisión, siempre y cuando la autoridad sea capaz de probar su pertenencia a una organización criminal y su participación en la comisión de delitos graves.
El problema no es la falta de leyes, sino la capacidad de investigación y persecución penal.
Si los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público lograran acreditar la existencia de una organización criminal y la participación de los implicados en la colocación de ponchallantas, estos ya estarían expuestos a penas mucho más altas y a sanciones adicionales como el decomiso de bienes y la suspensión de derechos civiles.
La creación de un tipo penal específico para ponchallantas resulta redundante y simbólica. Lo que realmente se requiere es fortalecer la capacidad de investigación y persecución penal, para que las leyes existentes —como la de delincuencia organizada— puedan aplicarse con eficacia y certeza.
En resumen:
No basta con endurecer las penas o crear nuevas figuras delictivas de las que ya esta llenos los códigos penales,lo que realmente importa es que las autoridades sean capaces de investigar, perseguir y castigar a quienes infringen la ley, un apartado en que cotidianamente demuestran son bastante inutiles,tan solo basta ver el nivel de impunidad de 100% cuando el crimen mata policias.
Las reformas legislativas solo quedan como gestos simbólicos, sin impacto real en la seguridad pública, dicho en otras palabras:
Las leyes no sirven de nada si no hay autoridad capaz de hacerlas cumplir. No se trata de castigar más, sino de castigar bien y con certeza.
No necesitamos más leyes, necesitamos que se apliquen las que ya existen.
Con informacion: NOROESTE/
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