El diario español El Pais se refirió hoy a la flamante magistrada recién electa de Tamaulipas, Tania Contreras,a quien metio en el mismo saco donde puso los nombres de otros elegidos por el “pueblo” bajo un titular por demas claridoso: “Abogados de narcos, acusados de abuso sexual o trata están a un paso de convertirse en jueces y magistrados en México”.
Que dice de Tania la próxima Presidenta del STJE (…si no ocurre otra cosa)
“Le sigue Tania Contreras, quien ganó un cargo de magistrada local en Tamaulipas y, por ser la más votada, se perfila para presidir el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La tamaulipeca es señalada de ser el enlace entre el Ejecutivo estatal y una red de corrupción, sobornos y tráfico de huachicol en la Agencia aduanera, según el informe de la organización Defensorxs. Contreras ha recibido ya su constancia, lo que pone su caso en manos de los tribunales. “…El Pais.
El articulo de El pais describe la elección judicial reciente en México, es alarmante y preludia una crisis de legitimidad, independencia y eficacia del sistema de justicia.
La polémica por el triunfo de al menos 13 candidatos con antecedentes graves —entre ellos vínculos con el crimen organizado, acusaciones de trafico de huachicol y ligas con Carteles, trata de personas, abuso sexual, acoso, tortura, corrupción y malas prácticas en el servicio público— pone en riesgo la confianza ciudadana y el Estado de derecho.
¿Qué nos dice este desastre en puerta?
1. Riesgo de captura del Poder Judicial por intereses oscuros
La llegada de perfiles cuestionados a puestos clave puede abrir la puerta a la impunidad, la corrupción y el control de la justicia por parte de grupos de poder, tanto del crimen organizado como de actores políticos y religiosos. El caso de Hernán Vega Burgos, acusado de proteger una red de trata, o el de Silvia Delgado, exabogada de El Chapo, ejemplifican cómo la justicia puede ser instrumentalizada o capturada.
2. Debilitamiento de la independencia judicial
Expertos y organizaciones han advertido que la elección popular de jueces, sumada a un proceso de selección deficiente, pone en riesgo la independencia judicial. El sistema de tómbolas y la falta de filtros robustos permitieron que personas sin trayectoria intachable o con antecedentes penales llegaran a las boletas. Esto puede derivar en jueces más preocupados por satisfacer intereses particulares o presiones políticas que por impartir justicia imparcial.
3. Crisis de legitimidad y confianza
La baja participación ciudadana (apenas 13%) es un síntoma claro del descontento y la desconfianza hacia el proceso. Además, la impugnación masiva por parte de organizaciones civiles y excandidatos, que denuncian una “operación de Estado” y la distribución de “acordeones” oficiales, refuerza la percepción de que los resultados fueron manipulados o determinados desde el poder.
4. Riesgo de impunidad y retroceso en derechos humanos
La presencia de jueces electos con antecedentes de abuso, tortura o corrupción puede traducirse en sentencias injustas, impunidad para delitos graves y retroceso en la protección de derechos humanos. El caso de Héctor Ulises Orduña, electo juez de distrito desde la cárcel por abuso sexual de menores, es especialmente preocupante.
5. Falta de idoneidad y profesionalismo
El requisito de promedio mínimo de ocho en licenciatura y nueve en especialidad fue incumplido por cerca de 40 candidatos ganadores. Esto cuestiona el perfil técnico y la idoneidad de quienes asumirán cargos judiciales, lo que puede impactar negativamente la calidad de las resoluciones y aumentar el rezago judicial.
¿Qué preludia esta situación?
- Mayor corrupción e impunidad: Expertos como José Ramón Cossío anticipan que el rezago judicial y la falta de independencia derivarán en más corrupción y posible adopción de métodos alternos de justicia[9].
- Polarización y desconfianza institucional: La polarización política y la percepción de intervención gubernamental en la elección judicial pueden profundizar la desconfianza en las instituciones.
- Riesgo de captura de la justicia: La justicia puede quedar sujeta a intereses políticos, criminales o religiosos, en detrimento de la imparcialidad y el Estado de derecho.
- Desafío para la democracia: La elección popular de jueces, sin filtros sólidos, puede debilitar el equilibrio de poderes y la capacidad del Poder Judicial de actuar como contrapeso.
Tabla comparativa de casos emblemáticos
| Nombre | Cargo electo | Antecedentes/Denuncias | Estatus actual |
|---|---|---|---|
| Hernán Vega Burgos | Magistrado local, Yucatán | Trata de personas, explotación sexual | Constancia pendiente |
| Silvia Delgado | Jueza penal, Chihuahua | Exabogada de El Chapo | Constancia entregada |
| Héctor Ulises Orduña | Juez de distrito, Veracruz | Abuso sexual de menores, pornografía infantil | En prisión, constancia pendiente |
| Jaime Cisneros | Magistrado, Nuevo León | Acoso a estudiantes | Constancia pendiente |
| Irlanda Gabriela Pacheco | Jueza de distrito, CDMX | Fraude procesal, uso de documento falso | Constancia pendiente |
| Alejandra Lozano Maya | Jueza penal local, CDMX | Tortura, abuso sexual, extorsión | Constancia entregada |
| Norma Alicia Sandoval Torres | Jueza penal, Baja California | Fabricación de pruebas | Constancia entregada |
| Tania Contreras | Magistrada, Tamaulipas | Corrupción, sobornos, tráfico de huachicol | Constancia entregada |
Conclusión
El proceso electoral judicial de 2025, lejos de fortalecer la democracia y la justicia, ha expuesto la vulnerabilidad del sistema ante la corrupción, la impunidad y la captura por intereses oscuros. El desastre en puerta preludia una crisis institucional profunda, con consecuencias graves para la confianza ciudadana, la independencia judicial y el Estado de derecho en México.
Como lo dice Elia Castillo en El Pais:
“…Los resultados de la elección judicial en México han provocado polémica por un puñado de ganadores más que cuestionables. Al menos 13 candidatos arrastran antecedentes que pueden hacer tambalear su triunfo. Los aspirantes en cuestión han sido exhibidos por expertos, consejeros electorales y organizaciones sociales como Defensorxs por su relación con líderes del crimen organizado, delitos como robo de combustible, trata, tortura, acoso, feminicidio, violencia sexual y malas prácticas en el servicio público. Los 13 están a un paso de convertirse en jueces y magistrados a nivel federal y local. A los federales, solo les quedan dos filtros: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, el último dique de contención.
Uno de los más controvertidos es Hernán Vega Burgos. Este abogado ha ganado una magistratura local en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y es acusado de proteger una red de trata y explotación sexual en su Estado en su periodo como delegado del Instituto Nacional de Migración, en 2009. Dos mujeres, originarias de Costa Rica, acusaron a Vega Burgos de cobrarles una cuota por prostituirse. La Jornada registró la declaración de una de las presuntas víctimas: “Si nos negábamos, Hernán nos amenazaba con violarnos y deportarnos”. El abogado ha sostenido que fue víctima de la fabricación de un delito por parte de la fiscalía del Estado. Su triunfo aún puede revertirse en el órgano electoral local que no ha entregado las constancias.
Silvia Delgado, exabogada del Joaquín El Chapo Guzmán, ha ganado en la elección local de Chihuahua. La litigante ha recibido este miércoles del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la constancia de mayoría. Esto la pone a un paso de convertirse en jueza en materia penal por el distrito judicial Bravos, que abarca tres municipios de la entidad. El Tribunal Electoral, última instancia en los temas electorales, será quien tenga la última palabra.
Héctor Ulises Orduña ha ganado como juez de distrito en Veracruz desde dentro de las rejas. El candidato lleva casi dos meses en prisión preventiva acusado de abuso sexual de menores y de pornografía infantil. Los hechos datan de 2021. El acusado presuntamente realizó tocamientos indebidos a su sobrina menor de edad. Su estatus es incierto. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, ha dicho que el caso se analiza toda vez que no existe sentencia firme. Aunque ha confirmado que, mientras permanezca en prisión, no podrá recibir la constancia de mayoría.
A la lista se suma Jaime Cisneros. El candidato ganó el cargo de magistrado de circuito en Nuevo León, aunque sobre él pesan acusaciones de acoso a estudiantes mientras fungía como docente en la universidad del Estado. Este y dos casos más han sido exhibidos por la consejera Carla Humphrey, quien propuso no entregarle la constancia de mayoría, aunque su propuesta fue desechada por mayoría de votos. Sergio Díaz, candidato a magistrado a la Sala Regional Monterrey; así como Genaro Antonio Valerio, aspirante a magistrado en materia Civil en Sonora, son los otros casos denunciados por la consejera. El primero es acusado de ser deudor alimentario y el segundo cuenta con diversas denuncias por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder. Los tres triunfos aún pueden ser suspendidos por el INE.
Entre los nombres más mediáticos están los de integrantes de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín, ha sido condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Son Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo Nicolás Menchaca, defensor legal del líder espiritual de la secta y actual dirigente de la congregación. Eluzai Rafael Aguilar, abogada e hija de Samuel Rafael Quintana, ministro de culto de la misma iglesia. La tríada se cierra con Salma Jaanai Martínez Macías, quien ha ganado la elección a jueza penal federal por Coahuila, aupada por integrantes de la agrupación religiosa. Los casos aún están en manos del INE.
Irlanda Gabriela Pacheco Torres se alista a asumir el cargo de jueza de distrito en materia penal por la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México. Aunque, al momento de su registro como candidata, estaba sujeta a una suspensión de seis meses. La aspirante a juzgadora fue acusada de fraude procesal y uso de documento falso, según reportaron medios locales. Además, hasta hace un par de meses, la penalista, se desempeñaba, presuntamente, como abogada de Luis Erick Barajas García, alias El Trompas, presunto integrante de la Unión Tepito, detenido en julio de año pasado. El triunfo de la penalista está en proceso de ser certificado. El INE resolverá en los próximos días la validez de 464 magistraturas y 386 juzgados.
Otro caso es Alejandra Lozano Maya. Acusada de tortura, abuso sexual y extorsión, ha ganado los comicios para ser jueza penal local por Ciudad de México. Fue agente de la Fiscalía del Estado de México durante dos décadas, y en dos ocasiones fue denunciada por haber cometido detenciones arbitrarias y tortura, lo que le valió la apertura de dos carpetas de investigación, de acuerdo con una investigación de Animal Político. Lozano ha recibido su constancia y un posible revés está en la cancha de los tribunales.
Norma Alicia Sandoval Torres ha sido la más votada para jueza en materia penal de Baja California. Sandoval fue cesada como ministerio público en 2017 por supuestamente fabricar pruebas en contra de cuatro personas detenidas por narcotráfico.
Le sigue Tania Contreras, quien ganó un cargo de magistrada local en Tamaulipas y, por ser la más votada, se perfila para presidir el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La tamaulipeca es señalada de ser el enlace entre el Ejecutivo estatal y una red de corrupción, sobornos y tráfico de huachicol en la Agencia aduanera, según el informe de la organización Defensorxs. Contreras ha recibido ya su constancia, lo que pone su caso en manos de los tribunales.
Al puñado de candidatos de dudosa procedencia se han añadido otra tanda de candidatos que incumplen el requisito de promedio mínimo de ocho en licenciatura y de nueve en la especialidad. Cerca de una cuarentena de aspirantes que han logrado ganar sin acreditar la exigencia mínima de calificación escolar, según los consejeros electorales. Esto ha puesto contra las cuerdas nuevamente al INE, que se ha tomado unos días para revisar que los virtuales jueces y magistrados de circuito cumplan con el perfil de idoneidad y elegibilidad antes de calificar la elección y de entregar las constancias de mayoría. Esto abre una ventana para que se frustre la llegada de perfiles cuestionables al Poder Judicial.
Con informacion: ELIA CASTILLO/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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