Buscando defender al “patrón” Americo Villarreal Anaya,aun gobernador de Morena en Tamaulipas,quien a decir del trascendido ya fue despojado de su visa para cruzar a los EE.UU,medida que fue extensiva a su familia,la Vocería de Seguridad a cargo de Jorge Cuellar,que trabaja su servicio, pero no de la verdad y mucho menos de la transparencia, ya es protagonista desde ayer por una polémica por su manejo comunicacional.
Pues resulta, que quien Inicialmente calificó la versión que circulaba en redes sociales como “información falsa” y pidió a la ciudadanía no difundir rumores, ahora en mensajes posteriores, el tono cambió para señalar que la información “no está confirmada por ninguna autoridad”, omitiendo la calificación categórica de falsedad y el publico, cada vez mas informado,ya se inconformó.
Este viraje discursivo que no es nuevo en este sujeto dedicado en “puerco y alma” a defender la mentira, negar la verdad y matizar los ecos de la violencia, ha generado críticas sobre la credibilidad y transparencia de la voceria, pues la diferencia entre afirmar que algo es “falso” y decir que “no está confirmado” es sustancial: la primera implica certeza y conocimiento de los hechos; la segunda, solo reconoce la ausencia de pruebas oficiales, pero no descarta que la información pueda ser cierta, incluso abona a su certeza en vez de desmentirla.
Principio de ausencia de prueba
La postura de la vocería parece ignorar el principio básico de la lógica y el periodismo: la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Es decir, que no haya confirmación oficial de la revocación de la visa no significa que el hecho no haya ocurrido, solo que no hay evidencia pública o confirmación de una autoridad competente en ese momento.Este matiz es fundamental, sobre todo en temas sensibles como sanciones migratorias, donde Estados Unidos rara vez publica listas o detalles de visas revocadas salvo en casos judiciales de alto perfil,
Conducta dolosa y antecedentes
El comportamiento de la vocería no es un hecho aislado. En otras ocasiones, ante rumores o filtraciones lo mismo sobre hechos de violencia, que rivales politicos ligados la violencia o detenciónes cuestionables, la estrategia ha sido descalificar de inmediato cualquier versión no alineada con la narrativa oficial, para después matizar o rectificar cuando la presión mediática o la falta de pruebas contundentes lo exige.
Este patrón de conducta del ex-docente poco decente, revela una tendencia a priorizar la defensa política sobre la transparencia informativa, lo que puede interpretarse como una conducta dolosa: se busca proteger la imagen del gobernador y del gobierno estatal, aunque para ello se utilicen argumentos contradictorios o se incurra en omisiones relevantes.
El caso de la revocación al que se suma el Gobernador y otras figuras políticas del gobierno, ya incluyeron entre las medidas adoptadas por EE.UU a la reciente de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien despues de serle revocada la visa ,reconoció de manera obligada y públicamente.
Esto ha incrementado la sensibilidad sobre el tema y el escrutinio hacia otros gobernadores de Morena, como Villarreal,alimentado por las investigaciones federales en su contra en Estados Unidos y la inclusión de funcionarios mexicanos en listas negras han sido alimentadas tanto por el vacío informativo como por la falta de respuestas claras de las autoridades estatales y federales.
Recriminación a la vocería
La vocería de Tamaulipas ha sido sorprendida “con los dedos en la puerta” al incurrir en contradicciones discursivas: primero descalifica categóricamente una versión, luego reconoce que simplemente no hay confirmación oficial. Este cambio de postura, lejos de disipar dudas, alimenta la desconfianza pública y la percepción de que la administración estatal prioriza la protección política sobre el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y precisión.
El papel de la vocería debería ser informar el de informar con responsabilidad, reconociendo los límites de su conocimiento y evitando caer en afirmaciones absolutas cuando no existen pruebas contundentes.
El uso doloso de la comunicación oficial, alternando entre negar y matizar según convenga, erosiona la credibilidad institucional y abona al clima de especulación y polarización política ,síntomas de un mal gobierno.
La vocería de Seguridad de Tamaulipas ha incurrido ya demasiadas veces en una conducta dolosa al alternar argumentos según la coyuntura, buscando defender al gobernador Américo Villarreal con afirmaciones categóricas que luego matiza ante la falta de pruebas. Este proceder no solo es éticamente cuestionable, sino que debilita la confianza en las instituciones y la de por si manchada administración estatal.
El principio de la ausencia de pruebas no puede ni debe usarse como escudo para negar hechos de interés público; la transparencia, la consistencia y la honestidad son indispensables para la legitimidad democrática y el ejercicio responsable del poder,no por nada los gobiernos son considerados los mayores fabricantes de mentiras ,los mas peligrosos, por el acceso al dinero y el poder publico.
Quien es el farsante
Jorge Cuéllar Montoya, vocero de Seguridad de Tamaulipas, es escritor y doctor egresado de la Universidad de La Habana,pero con su pluma docta y su verbo pulido en los claustros habaneros, ha incurrido en un ejercicio de prestidigitación retórica, donde la verdad es sacrificada en el altar de la conveniencia política.
Su proclama, lejos de esclarecer, se enreda en un laberinto de falacias y ambigüedades, exhibiendo una proclividad a la posverdad que desdice de su investidura académica y literaria. Así, el vocero se erige no como faro de transparencia, sino como artífice de la mendacidad institucional.
La conducta del vocero de Seguridad de Tamaulipas en este escandalo, se erige como un ejemplo paradigmático de funambulismo discursivo institucional, donde la palabra se retuerce y la narrativa oficial se transmuta según la presión del entorno mediático.
Primero, con una solemnidad digna de oráculo, la vocería proclamó la falsedad absoluta de la versión que circulaba en redes, descalificando de tajo cualquier atisbo de duda y recomendando a la ciudadanía abstenerse de propagar rumores.
Sin embargo, ante la persistencia de la controversia y el escrutinio público, el mensaje fue reformulado: lo que era “información falsa” pasó a ser “no confirmada por ninguna autoridad”, una pirueta semántica que deja en evidencia una estrategia de defensa más reactiva que informativa.
Esta metamorfosis discursiva, lejos de abonar a la transparencia, exhibio una vocación por la opacidad y la manipulación de la percepción pública. El vocero, atrapado entre la espada de la lealtad política y la pared de la verdad factual, opta por el eufemismo y la ambigüedad, incurriendo en una conducta dolosa que busca blindar la imagen del mandatario aun a costa de la credibilidad institucional.
No es la primera vez que la vocería recurre a este tipo de malabares argumentativos: la negación rotunda da paso a la matización, y el desmentido absoluto se diluye en la falta de confirmación oficial, en un vaivén que erosiona la confianza ciudadana y deja a la opinión pública con la sensación de que la verdad es rehén de intereses políticos.
En suma, el vocero se conduce como un prestidigitador de la posverdad, dispuesto a trocar la certeza por la duda y la negación por la ambigüedad, en una coreografía comunicacional que, lejos de disipar las sombras, las multiplica.
Con informacion: @Redes/medios
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