Dichas instituciones, aseguraron, han buscado disminuir el número de fichas bajo una lógica de boicot, con el fin de minimizar la crisis en la materia que atraviesa el país.
El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) rechazó el informe que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó el pasado 14 de diciembre, en el que se establece que hay 12 mil 377 desaparecidos con denuncia confirmada, cuando en el RNPDNO había 110 mil 964 casos, con corte a agosto.
Además, acusa, el nuevo censo del gobierno divide a las víctimas en clasificaciones que no son contempladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y la del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se trata de los registros mencionados por Alcalde respecto a que en 26 mil 90 casos se carece de datos suficientes para identificarlos y en otros 36 mil 22 no se cuenta con datos para iniciar la búsqueda.
Virginia Garay Cazares, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del SNB, acusó que los activistas están en conflicto todo el tiempo con las fiscalías porque no actualizan el registro y han detectado que tipifican casos de desaparición en delitos como secuestro o trata, con lo que la cifra real de ausentes se reduce.
Tienen toda la información y como dejan que se acumulen (los casos) o no ponen todos los datos, por alguno que les haya faltado de ahí se están agarrando para decir, a modo de salida, que el registro nacional está mal o no existen tantos desaparecidos. Imagínate cuántos desaparecidos nos están quitando en este censo”, dijo en entrevista con Excélsior.
El Consejo explicó que los datos del RNPDNO se agregan mediante claves personalizadas que se asignan a cada institución, “con lo que es posible saber quién subió información incompleta y perfeccionarla, por lo que no se debe trasladar esa responsabilidad a las familias y sociedad en general”.
Garay Cázares, familiar de una víctima de desaparición, acusó que todo el tiempo tienen conflicto con las fiscalías, tanto por sus omisiones como por los intentos de ocultar el problema.
“En Colima ya metí 30 amparos a nombre de las víctimas, 30 amparos directos contra la Fiscalía porque no las atienden. El problema es que ahí y en muchos estados es la tipificación, los están mandando a secuestros y yo personalmente le dije al fiscal: ‘Oiga, por qué no los cambia a desaparecidos’ y me contestó: ‘Pues pidan que nos den ministerios públicos porque no tenemos, no tenemos tanto personal’. Pero no es porque les falte personal, es porque no los quieren meter”, sostuvo.
Ante esto, lamentó, la cifra de desaparecidos no aumenta. “Eso lo están haciendo en muchos estados, te lo mandan a otra tipificación y ya no aparece como desaparecido. En Nayarit tenemos registrados más de mil 800 desaparecidos y ¿qué pasa con todos los demás que sí tienen denuncia? Pues lo mismo: los mandaron a secuestro e incluso a trata de personas y así los están tipificando de otra forma, pero mañosamente para no inflar las cifras de desaparición”, señaló Garay Cázares.
La activista afirmó que es ilógico el nuevo censo porque, por ejemplo, a Nayarit nunca acudieron los encargados de hacer el levantamiento de datos.
¿Dónde censaron? porque soy de Nayarit y a ningún familiar lo censaron aquí. Dejaron una irrisoria cantidad de 12 mil desaparecidos, pero de dónde estamos hablando porque simplemente Ciudad de México tiene más de 12 mil; Guadalajara tiene más de 12 mil; Tamaulipas tiene 14 mil; entonces ¿de qué parte del país están hablando?”, cuestionó.
Calificó de frustrante, dolorosa y ofensiva una reunión reciente que tuvieron con Teresa Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), porque desconoce la ley de desaparición y la de víctimas y sólo les pidió que ya acepten la propuesta del gobierno para completar el reglamento de la CNB porque hay un atraso de cinco años.
Sabemos que son tantos años, pero no vamos a permitir que imponga ella el reglamento que quiere poner porque si no, nuevamente nos van a dar a nosotros un golpe bajo y vamos a quedar fuera de todo”, indicó Garay.
DESMANTELAMIENTO
Juan Martín Pérez García, exconsejero ciudadano del SNB en su primera etapa, acusó que hay un boicot de las fiscalías sobre el RNPDNO, que obedecen a un impulso de la FGR de querer desmantelar la labor hecha por los colectivos.
Empezó a cuestionar que no podía coordinarse con las comisiones de búsqueda porque le quitaban su autonomía. Se demostró que no afectaba en lo absoluto su autonomía e intentó una modificación de la ley que no se logró, pero en los hechos bloqueó toda acción de la Fiscalía en el sistema. Aunque legalmente no logró su objetivo, de facto sí condicionó a todas las fiscalías que, por una lógica perversa, dependen de la fiscalía general para ciertos recursos y programas de colaboración. Ninguna fiscalía se opuso, aunque era ilegal y están boicoteando el sistema”, indicó en entrevista con Excélsior.
Sin embargo, agregó, pese a las trabas las comisiones de búsqueda continuaron trabajando y el resultado es un incremento de personas desaparecidas que no ha parado.
Afirmó que el nuevo censo de desaparecidos es ilegal porque hay protocolos en la materia que establecen la actuación de las autoridades.
Explicó que el SNB es un entramado institucional cuya construcción legal llevó tres años y tiene dos grandes áreas: por un lado, la FGR y las fiscalías estatales, y por otro, la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales. Su ley se publicó en enero de 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero fue en 2019, al inicio del actual, cuando empezó a articularse, con Karla Quintana al frente de la CNB.
Además, debe haber un consejo o algún tipo de participación de los colectivos.
Esto es una parte medular, es la columna vertebral de la ley. Todo cruza por las familias de las víctimas”, señaló el también coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina.
Explicó que para bajar algún registro del RNPDNO hay protocolos específicos, como la prueba de vida, que consiste en presentar a la persona viva ante la autoridad y ante sus familias; de otra manera, la persona sigue desaparecida.
No existe lo que estuvieron manejando, esas categorías no existen. La única posibilidad para personas desaparecidas es: viva o no viva; ahí no hay ausencia voluntaria. Todo registro que esté ahí es porque se presentó un reporte de desaparición y es obligación de las fiscalías localizarla. Si la encuentran muerta, tienen que corroborar que los restos humanos coincidan con el ADN de las familias”, sostuvo el activista.
Insistió en que el nuevo censo no cumple con la ley y trata de desmantelar su institucionalidad.
Es algo que costó mucho tiempo, muchas vidas y mucho dolor porque estamos hablando de personas y cientos de miles de personas desaparecidas”, finalizó.
Fuente.-
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