El asesinato de Luis Donaldo Colosio es uno de esos grandes crímenes que crean su propio mito, capas y capas de sentido (y sinsentido) que envuelven el corazón de la historia, que lo trastocan y lo pervierten. El de Colosio es el caso Kennedy mexicano. Por el crimen hubo un detenido, sobre cuyos hombros se recargó toda la responsabilidad: Mario Aburto.
A casi tres décadas del magnicidio, hay suficientes fisuras en la investigación de la Fiscalía que demuestran que Aburto fue torturado para que se inculpase y declarase que actuó en solitario. Las inconsistencias del expediente han dado cabida a preguntas tan persistentes ahora como antes: ¿quién y por qué mató a Colosio, el carismático candidato presidencial del PRI? ¿Sus promesas de reformar el sistema político mexicano hicieron temblar al régimen priista? ¿Tuvo algo que ver el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, considerado por muchos el enemigo público número uno de México?
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso en una dirección que desmonta la teoría de que Aburto fue un asesino solitario.
La fiscalía especial para el caso Colosio ha retomado una línea de investigación que conduce a un complot y a un segundo tirador en el asesinato del político del PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, durante un mitin político.
Colosio caminaba entre la multitud cuando recibió dos disparos: uno en la cabeza y otro en el abdomen. El equipo de seguridad del priista capturó a Aburto, un joven de 23 años, trabajador de una maquiladora, que estaba cerca del sitio —como otras decenas de personas—. Aburto declaró en una primera ocasión que él había hecho los dos disparos, pero después, en una nueva declaración, dijo que fue presionado y torturado para que se inculpase y falseara información (por ejemplo, que le había pagado un partido). La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó en 2021 que se reabriese la investigación por las torturas a Aburto.
La FGR creó en 2022 una fiscalía especial, a cargo del fiscal Abel Galván Gallardo, para reabrir la investigación del caso, subsanar las inconsistencias y llegar a la verdad del crimen. La fiscalía del caso Colosio ha identificado con plenitud a un segundo tirador que presuntamente participó en el magnicidio junto a Aburto, y ha pedido al juez una orden para su captura. El acusado es Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exintegrante del Cisen, el órgano de inteligencia del Gobierno, que estaba asignado al equipo de seguridad del candidato presidencial del PRI. La Fiscalía también ha implicado en el caso a Genaro García Luna, que entonces era subdirector Operativo en el Cisen, y a la postre se convertiría en el secretario de Seguridad Pública y en el zar de la estrategia contra los cárteles de la droga (hoy está acusado de narcotráfico en Estados Unidos).
El juez Alberto Chávez Hernández rechazó sin embargo los nuevos alegatos de la Fiscalía y no vinculó a proceso a los acusados. La FGR, que ha anunciado que apelará el fallo, sostiene que Sánchez Ortega estaba en el lugar del homicidio, “en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos”. Según los investigadores, hay “un gran número” de testigos que afirman que el exagente del Cisen huyó del sitio. La Fiscalía también ha presentado un análisis de sangre que muestra que en su ropa tenía la sangre de Colosio, y una prueba de rodizonato que señala que Sánchez Ortega disparó un arma.
Que el exagente estaba en la mira de la Fiscalía fue dado a conocer en 2019 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La FGR ya había hallado las inconsistencias en la versión del nuevo sospechoso. Una: que estaba manchado de sangre sin haber participado en el traslado de Colosio tras el atentado. Otra: que se le halló pólvora en las manos aun cuando Sánchez Ortega había declarado que, como parte de su trabajo de inteligencia, no tenía permitido portar armas.
Lo más novedoso en la nueva investigación de la Fiscalía es la inesperada presencia de García Luna en la teoría del homicidio. De acuerdo con la FGR, García Luna, que entonces tenía 27 años, encubrió al atacante y luego maniobró para “rescatarlo”, “de manera urgente y subrepticia”, tras su detención en Tijuana. Según el currículum de García Luna, que está a la espera en EE UU de la sentencia por cargos de narcotráfico, su trabajo en el Cisen, entre 1990 y 1999, fue el primero en su carrera como servidor público.
Reforma ha publicado que la Fiscalía también investiga a Jorge Tello Peón, que era director del Cisen e hizo gestiones ante el delegado de la FGR en Baja California para tramitar la liberación de Sánchez Ortega. Para ello, según el diario, Tello envió a una delegación de agentes, con García Luna al frente.
La teoría de la conspiración y del segundo tirador ya había estado entre las manos de la Fiscalía, aunque con otro sospechoso. En una primera ocasión, los investigadores apuntaron a Othón Cortés Vázquez, que fungía de chofer y fue capturado un año después del asesinato, acusado de haber hecho el disparo en el abdomen. “La hipótesis del homicida solitario es insostenible”, había dicho el entonces Fiscal General, Antonio Lozano Gracia. Hubo otros detenidos, miembros del equipo de seguridad de Colosio, que luego fueron puestos en libertad por los jueces, lo mismo que Cortés Vázquez, al considerar que las pruebas aportadas por la FGR eran endebles.
Una versión pública de la carpeta de investigación del caso Colosio está disponible en internet. La Fiscalía interrogó a varios políticos de peso, empezando por Salinas de Gortari, que era el presidente saliente y en torno a quien corría la versión de que había estado involucrado en el crimen. “Las filtraciones y acusaciones que se han hecho circular en mi contra son absolutamente falsas e irresponsables”, declaró el político priista. Otra pieza clave en las indagatorias de la Fiscalía es Manlio Fabio Beltrones, que era gobernador de Sonora y un miembro importante de la cúpula del partido. Los investigadores preguntaron a Beltrones sobre la relación entre Salinas y Colosio, con qué frecuencia se reunían o si habían sufrido una ruptura política en su relación, lo que demuestra que para la Fiscalía tuvieron valor las versiones sobre el expresidente.
El hijo de Colosio, llamado también Luis Donaldo, alcalde de Monterrey, de 38 años, ha pedido cerrar el capítulo del asesinato de su padre con un indulto a Aburto, que está a poco de dejar la prisión, este mismo año, gracias a un fallo de un tribunal que ha anulado la pena de 45 años que se le había impuesto.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido a Aburto protección y garantías si decide declarar la verdad. Las nuevas pesquisas de la Fiscalía iban en el sentido de aportar una versión de la historia más creíble, o, si cabe, más verdadera. Los esfuerzos se han estancado, de momento.
fuente.-Zedrik Raziel/Diario Español/
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