La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de distrito del Poder Judicial (JUFED) señaló que la solicitud de juicio político contra un juez de Tamaulipas no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno para controlar o acechar al Poder Judicial.
El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, presentó una solicitud de juicio político en contra del juez Crescencio Contreras Martínez, a quien acusa, sin pruebas, de favorecer a grupos criminales que operan en la frontera norte.
De acuerdo con la dependencia, el juez liberó a los presuntos secuestradores de 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas, así como a personas involucradas en el tráfico de fentanilo.
Juzgadores respaldan a juez de Tamaulipas
Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados señaló que la información de Gobierno es inexacta y que el juzgador actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba y apegada a los principios constitucionales, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas.
“Para esta Asociación Nacional la actuación del Juez de Distrito mencionado se realizó apegada a la ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República, como el juzgador lo advirtió de forma precisa y reiterada en la fundamentación de su fallo”.
Y aseguraron: “No se puede pretender ganar en la opinión pública, lo que no se puede demostrar con eficiencia en las fases procesales”.
Asimismo, indicaron que es la Constitución la que otorga al Consejo de la Judicatura Federal la responsabilidad de vigilar y, en su caso, sancionar las actuaciones de las personas juzgadoras federales que no se apeguen al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.
Qué pasó
La JUFED detalló en un comunicado que la causa penal radicada en el órgano jurisdiccional contra una persona derivó de un cateo en el que se hallaron armas de fuego y sustancias ilícitas. Sin embargo, durante la audiencia el juzgador actuó conforme al principio de contradicción y no vinculó al imputado a proceso, considerando que no se cumplían los requisitos establecidos por la ley.
El fiscal federal formuló imputación por los hechos de delitos cometidos en el cateo: delincuencia organizada con propósito de colaborar al fomento de delitos en materia contra la salud, en la modalidad de comercio, en su variante de venta y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Finalmente se dictó un auto de no vinculación a proceso a favor del imputado ya que los argumentos y datos de prueba de la defensa “desvirtuaron los datos de prueba de la FGR”, principalmente el único indicio encontrado en el domicilio cateado, una licencia de conducir, documento que resultó ser apócrifo.
De acuerdo con la JUFED, tampoco se realizaron actos encaminados a acreditar la residencia de la persona; es decir, la Fiscalía no sustentó ni recabó datos de prueba que corroborara su dicho.
“La Fiscalía ni de manera indiciaria acreditó una delincuencia organizada que tuviera ese propósito, el colaborar al fomento de delitos contra la salud; incluso que el investigado perteneciera a un grupo delincuencial; es decir, se alejó de su obligación a investigar cuando los hechos fueron puestos de su conocimiento desde marzo de 2023, sin que hasta la fecha hiciera acto de investigación novedoso al respecto”, detalló la JUFED.
La solicitud del gobierno federal se da en medio de las fuertes críticas que Andrés Manuel López Obrador ha realizado en contra del Poder Judicial.
Este 5 de febrero, el mandatario enviará un paquete de reformas en el que incluye cambios en el Poder Judicial, uno de ellos, según el propio mandatario, es cambiar la manera en que se designa a los ministros, magistrados y jueces.
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