En un nuevo intento por garantizar la claridad en las operaciones y actividades de las dependencias federales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) exigió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue los contratos celebrados con una empresa que provee el servicio de “monitoreo de información remota”.
El caso fue presentado ante el pleno del Instituto por la comisionada Josefina Román Vergara, quien defendió que este tipo de actividades, cuando son realizadas por una dependencia del Estado, deben estar sustentadas en una orden judicial.
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Lo anterior, debido a que la inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Concretamente, la funcionaria hizo referencia a los contratos DN-10 SAIT-1075/P/2019 y DN-10 SAIT-1038/P/2018 celebrados entre la Sedena y la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V.
En días recientes, la Sedena reconoció abiertamente ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la adquisición de servicios de monitoreo remoto a la proveedora del software Pegasus por casi 140 millones de pesos (en un solo contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019).
La auditoría a la que fue sometida la Sedena reveló que la suma total de dicho contrato fue cubierta en cinco exhibiciones distintas, siento la mayor la correspondiente a la factura 197, con fecha del 1 de julio de 2019, por 49 millones 725.788 pesos.
Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por Animal Político, aunque la corporación militar entregó los comprobantes de pago no adjuntó el contrato por motivos de “seguridad nacional”.
Ante una solicitud previa de transparencia, la Sedena respondió que no había localizado “expresión documental” para cumplir con su obligación de publicar la información alusiva a los procesos de adjudicación directa y licitación.
Al realizar un análisis de la situación, Román Vergara detalló que “si bien la Sedena hizo una búsqueda en el Estado Mayor, la Oficialía Mayor, así como en las Direcciones Generales de Transmisiones, de Administración, lo cierto es que no consultó a la Oficina del Secretario General, unidad administrativa responsable de autorizar los convenios y contratos celebrados por la Secretaría”.
La importancia de que se hagan públicas las operaciones entre la dependencia y la empresa recae en que, además de transparentar el ejercicio de recursos públicos, “quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, determinó la comisionada.
Considerando lo anterior, el Pleno del Inai rechazó la respuesta de la Sedena y ordenó que hiciera una nueva búsqueda de información “en todas sus unidades administrativas competentes”.
La adquisición de este tipo de servicios por parte de las Fuerzas Armadas ha sido motivo de preocupación para organizaciones e instancias como Artículo 19, quien ha acusado en diversas investigaciones al Ejército de haber incurrido en posibles actos de espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Celebramos la decisión del INAI e insistimos en la urgencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional haga pública toda la información relacionada con estas contrataciones”, manifestó el organismo a través de un comunicado, en el que también se exigió que “terminen los intentos de tergiversación y encubrimiento sobre la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas”.
Hasta el momento en que se publicó esta nota, en los canales oficiales de comunicación de la Sedena no se ha emitido ningún pronunciamiento alusivo a la nueva determinación y exigencia del Inai.
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