Al igual que América Móvil, el negocio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se sustenta en un monopolio. En el caso del Ejército, en el monopolio del Estado en el uso de la fuerza pública.
Si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fuera una empresa constituida, sin duda sería parte del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que reúne a las principales compañías públicas de México.
El presupuesto conjunto del Ejército y de la Guardia Nacional para el 2022 es de 158 mil millones de pesos, una cifra que está en el mismo rango que las utilidades netas que registró el año pasado la empresa de capital privado más importante del país, América Móvil.
no se componen cambiandolos de uniforme:
Se trata de una cifra récord que pone de relieve, no sólo la larga lista de atribuciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha asignado a las Fuerzas Armadas, sino que también resalta el poderoso incentivo económico que tiene el Ejército para que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En juego, están miles de millones de pesos de contratos estatales y participaciones federales.
IMPUNIDAD MILITAR LOS ALIENTA:
The Mexico Violence Resource Project, un proyecto de investigación del Centro México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego, publicó un reporte en el que se argumenta que la reforma a la Guardia Nacional representa la continuación de una política promovida durante la gestión del general Salvador Cienfuegos, que se tradujo en un negocio multimillonario en términos de construcción de bases militares y venta de equipo a los gobiernos estatales.
En el 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzó un proceso de expansión de la Policía Militar, que representa la base de la actual Guardia Nacional. Entre 2012 y 2018, esta entidad pasó de alrededor de 12 mil elementos a 36 mil soldados.
El Ejército reconfiguró las tareas de la Policía Militar: pasaron de ocupar posiciones tradicionales de protección de bases a convertirse en los elementos utilizados por el Ejército en los despliegues operativos acordados con los gobiernos estatales. Estas operaciones venían acompañadas de convenios en los que las administraciones estatales pagaban miles de millones de pesos en servicios de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
The Mexico Violence Resource Project destaca, en específico, el despliegue de policías militares en los años 2016 y 2017 en Sinaloa, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas. Dos de estos operativos tuvieron que haber sido aprobados por oficiales del Ejército que hoy forman parte de la cúpula de la Secretaría de la Defensa Nacional: el propio general Secretario, Luis Cresencio Sandoval, quien fue jefe de la IV Región Militar de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y el actual subsecretario de la Defensa, Agustín Radilla, quien en ese entonces fue el Comandante de la Séptima Zona Militar de Nuevo León.
El reporte elaborado por el Centro México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego concluye que, “en este contexto, tomar control formal de la Guardia Nacional parece ser la continuación natural de un esfuerzo de largo plazo de la Secretaría de la Defensa Nacional para desplazar al poder civil de las operaciones de seguridad”.
En ese sentido, lo que era un negocio del orden de 36 mil elementos tiene el potencial de convertirse en un negocio de 114 mil elementos, que es el número de agentes con los que cuenta la Guardia Nacional. Cabe señalar que el 80 por ciento de estos agentes son militares que fueron transferidos desde el Ejército, incluido el cuerpo completo de la Policía Militar.
Además, la reforma a la Guardia Nacional incluye una modificación a cuatro leyes secundarias que plantea la posibilidad de que este cuerpo policial realice servicios pagados de inteligencia e investigación para entidades privadas: personas físicas y morales o representaciones de gobiernos extranjeros en México. La iniciativa propone la posibilidad de que la Guardia Nacional sea rentada, siempre y cuando se requiera “preservar la seguridad de bienes nacionales o de actividades concesionadas por el Estado”.
Los cambios propuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al esquema jurídico de la Guardia Nacional abren la puerta a la discrecionalidad. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene un largo historial de falta de transparencia y corrupción en el manejo del dinero público. El periódico El País documentó que, entre el 2013 y el 2019, el Ejército realizó pagos por 2,371 millones de pesos a 250 empresas que el SAT posteriormente calificó como compañías “fantasma”.
Esto se suma a la utilización de mecanismos financieros que hacen difícil la rendición de cuentas. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la que se encontró que la Guardia Nacional no utilizó su presupuesto para la compra de equipo, infraestructura o vehículos. Esto se hizo a través de un opaco instrumento denominado Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
El reporte de MCCI refiere que “de los 24,906 millones de pesos adicionales que el presidente López Obrador propone entregarle a la Guardia Nacional en 2022, 21,803 millones de pesos serán destinados al concepto de «Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales»”. Esto representa el 36 por ciento del presupuesto anual de la Guardia Nacional.
La discusión pública que rodea a la reforma a la Guardia Nacional se ha centrado en los efectos políticos y operativos de la militarización de la seguridad pública en México. Sin embargo, poco se ha hablado del negocio subyacente para el Ejército de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso, y que ha sido aprobada, sin cambios , en la Cámara de Diputados.
La reforma a la Guardia Nacional es parte de una política de transferencia de recursos públicos a las Fuerzas Armadas que ya incluye la construcción de dos tramos del Tren Maya, la operación del Aeropuerto Felipe Ángeles, el desarrollo del proyecto comercial del Istmo y la consolidación del control de una región en la que se encuentran el 80 por ciento de las reservas probadas de petróleo del país.
Al igual que América Móvil, el negocio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se sustenta en un monopolio. En el caso del Ejército, en el monopolio del Estado en el uso de la fuerza pública.
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