Un abogado de Texas, conocido como el “DWI Dude”, pagará una condena de más de 15 años en una prisión federal por estafar a varios narcos colombianos a quienes prometía falsas preclusiones de sus casos y hasta reducciones en sus penas.
El abogado James Morris Balagia, en complicidad con la fiscal colombiana Bibiana Correa Perea y Chuck Morgan, investigador privado del estado de Florida, “estafaron a varios clientes durante años, bajo el argumento que podían lograr acuerdos favorables de fiscales y jueces por medio de pagos”, informó el fiscal interino estadounidense Nicholas Ganjei en un comunicado con fecha del 3 de mayo al anunciar la sentencia de 188 meses y la confiscación de bienes valorados en US$1,5 millones.
A cambio de más de US$1 millón en elevados “gastos de representación”, depositados en cuentas bancarias y gruesas sumas de dinero en efectivo, Balagia y su red de cómplices aseguraban a sus clientes —catalogados como un selecto grupo de narcotraficantes colombianos que enfrentan cargos criminales en Texas— que podían sobornar a funcionarios del gobierno estadounidense para lograr una reducción de sus sentencias o el cierre definitivo de los casos.
Los fiscales del Distrito Central de Texas imputaron a Balagia en 2016 y lo detuvieron al año siguiente. Luego de un juicio de dos semanas, en octubre de 2019, un jurado lo declaró culpable de cinco cargos penales, los cuales contemplaban conspiración para lavar dinero y fraude electrónico y para sabotear la Ley Anticapos (Kingpin Act), que niega acceso a narcotraficantes internacionales y sus cómplices al sistema financiero estadounidense.
Sin que sus clientes pudieran enterarse, Balagia nunca tenía contacto con funcionarios del gobierno ni pagaba sobornos, en lugar de eso se llenaba sus bolsillos con el dinero que recibía. “Por fortuna para él, esos narcos optaron por entregarlo a la [Oficina Federal de Investigaciones] en lugar de resolver el problema por otra vía”, comentó el fiscal estadounidense Joe Brown durante la lectura del veredicto de culpabilidad.
Ambos colaboradores de Balagia se declararon culpables y fueron sentenciados en 2018. Correa Perea fue condenada a siete años en una prisión federal, mientras que a Morgan se le dictó una sentencia de seis años.
Análisis de InSight Crime
Abogados a lo largo y ancho de Latinoamérica han desatado controversia en el pasado por representar a algunos de los criminales más famosos de la región, pero el caso de Balagia es único, pues timó a narcotraficantes vendiendo una serie de servicios «legales» que nunca prestó.
La estafa de Balagia no estaba enfocada en unos simples desconocidos del mundo criminal.
Las autoridades colombianas detuvieron inicialmente a Aldemar Villota Segura en agosto de 2013. Hermes Alirio Casanova Ordóñez fue capturado en 2014 y en 2015 las autoridades ecuatorianas detuvieron a Segundo Alberto Villota Segura. En 2014, la Oficina del Departamento del Tesoro estadounidense para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) los designó dentro de la Ley Anticapos por el tráfico de “enormes cantidades de narcóticos para algunas de las organizaciones narcotraficantes más violentas del hemisferio occidental”. Casanova Ordoñez finalmente fue extraditado a Estados Unidos en 2016.(Gráfico cortesía del Departamento del Tesoro estadounidense)
Específicamente, ellos tres trabajaban para una red de narcotraficantes bajo el mando de Fernain Rodríguez Vázquez, señalado de exportar alrededor de 100 toneladas de cocaína al año en alianza con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Los Zetas y el Cartel de Sinaloa en México.
En una entrevista llevada a cabo en diciembre de 2015 en la cárcel La Picota, en Bogotá, capital de Colombia, Balagia y Morgan fueron grabados en una reunión con Segundo Alberto Villota Segura. Le aseguraron al traficante colombiano que “cuatro personas en Washington, DC, habían sido [sobornadas]” con parte de los más de US$900.000 que les había entregado para “efectuar una resolución favorable de su caso», según documentos de la corte.
Balagia declaró a las autoridades federales que él sabía lo que hacía, y afirmó que era “parte de un programa secreto del gobierno de Estados Unidos, que engaña a narcotraficantes colombianos a [Estados Unidos] con una artimaña inteligente, diciéndoles que es posible comprar la indulgencia de la Corte, y que contaba con la colaboración de los fiscales, con el fin de cerrar grandes casos de narcotráfico”, según información de Dallas Morning News.
Sin embargo, los fiscales no quedaron convencidos.
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