El intento del Congreso del Estado -de mayoría panista- de blindar a Francisco García de Cabeza de Vaca contra el proceso de desafuero que lleva a cabo la Cámara de Diputados no sólo es improcedente, sino que representa un acto de rebeldía e insubordinación que puede derivar en la desaparición de poderes y otras acciones penales en contra de los diputados locales que participaron en la reforma a la constitución local, así lo consideró el analista político y abogado penalista Gabriel Regino García.
“Si un gobernador le pide al congreso -estatal- que reforme la constitución local para decir: ‘desconocemos a México y al diablo las instituciones’, es improcedente, al someterse al pacto federal tienen que acatarlo, cualquier acción en contra de este último, es una coalición de servidores públicos en contra de lo que dice la ley, es una especie de insubordinación que puede derivar inclusive en la desaparición de poderes porque están atentando contra el pacto federal, queriendo generar una crisis constitucional por defender a una persona que tiene el derecho de defensa en la instancia correspondiente que es el Congreso de la Unión”, reveló el abogado.
Apenas este martes 2 de marzo la 64 Legislatura local aprobó en modo ‘fast track’ nuevas reglas para declarar la procedencia de un desafuero a gobernadores de Tamaulipas, y evitar homologar el procedimiento que el Congreso de la Unión sigue en contra del panista Francisco García Cabeza de Vaca, la reforma pasó con 24 votos de los diputados del PAN, así como los del PRI y MC, mientras que los 10 diputados de Morena rechazaron la iniciativa presentada por el panista Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política.
“Esta decisión apresurada da muestras de una desesperación por buscar proteger a alguien que no sabemos si es responsable o no; es una acción desesperada, absurda, burda que en vez de ayudar pone en evidencia que de algo se quieren defender, encubrir y eludir; el que nada debe, nada teme, esto es una muestra adelantada de culpabilidad, una pésima jugada.
De esta manera la Legislatura estatal se otorgó a sí misma la facultad de rechazar en el pleno, por mayoría absoluta, la homologación de un proceso de desafuero contra diputados locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia e incluso al gobernador de Tamaulipas; sin embargo, Regino García recalcó que dicho panorama es improcedente y de inminentes consecuencias legales para los involucrados.
“Hay consecuencias; si en su labor de legisladores desconocen un orden constitucional federal es una insubordinación o una rebelión que se denomina coalición de servidores públicos e incurren en responsabilidades penales que se les pueden fincar sin ningún problema, eso nos podría llevar a concluir que en efecto el gobernador no está solo, va a estar acompañado de varios diputados en sus procesos penales; se vaticina para la clase política de Tamaulipas, horas muy oscuras”, puntualizó.
Regino García comentó también que cualquier ciudadano u organización puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República y esta última con todas sus competencias puede iniciar la investigación correspondiente en contra de un congreso que “pretenda reventar el orden jurídico federal”.
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