Y es que el pasado jueves, el exmandatario tamaulipeco admitió recibir más de 3.5 millones de dólares en sobornos, dinero que luego utilizó para comprar propiedades en Estados Unidos de manera fraudulenta.
El resultado del caso contra Tomás Yarrington por parte de la justicia estadounidense prende las alarmas alrededor de una camada de políticos mexicanos que consolidaron gran poder en las últimas décadas.
Y TODOS AL HILO:
Entre ellos se encuentran el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, así como el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, ambos implicados en investigaciones de la Fiscalía General de la República.
En 2015, medios nacionales reportaron que la Procuraduría General de la República Medina había iniciado una averiguación previa en contra del entonces gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz y parte de su familia, acusados de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.
Pero Medina De la Cruz no solo está siendo investigado por las autoridades mexicanas. En 2016 trascendió que el FBI en Estados Unidos estaría tras Medina por la presunta creación de 12 empresas fantasmas que habrían servido para triangular operaciones de compra de inmuebles en Estados Unidos.
Posteriormente, en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que denunció al ex mandatario nuevoleonés ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntamente realizar triangulaciones de fondos públicos que ascienden a tres mil 500 millones de pesos. La UIF también presentó una denuncia contra su padre, Rodrigo Medina Ainslie, y contra su hermano Alejandro Medina.
En tanto, el ex mandatario chihuahuense también está rodeado de señalamientos de presunta corrupción.
Duarte espera un proceso de extradición a México en una corte federal de Florida. La fiscalía de Chihuahua lo ha vinculado a un esquema de sobornos conocido como la nómina secreta, en el que se habrían repartido cientos de millones de pesos a figuras de la oposición, aliados políticos, contratistas y dueños de medios en el estado.
El ex gobernador de Chihuahua también enfrenta un proceso federal por lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera conecta a Duarte con una trama que habría desviado recursos públicos a favor de campañas políticas del PRI en el 2016.
Las acusaciones de corrupción en torno a esta camada de gobernadores sugieren que se trata de un fenómeno sistémico. Las investigaciones y cuestionamientos alcanzan incluso a ex gobernadores que siguen operando de manera activa. Éste es el caso de Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, diputado federal por el PRI y uno de los agentes más importantes en términos de movilización de estructuras de tierra del partido. Fuentes cercanas a la campaña de Adrián de la Garza admiten que Moreira es uno de los activos más relevantes para el priismo de Nuevo León en las próximas elecciones federales.
En noviembre de 2020, medios revelaron que varios integrantes de la administración de Rubén Moreira estaba siendo investigados por la FGR, por el mal manejo de recursos federales asignados del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin). Según reportes, la indagatoria la inició la Fiscalía Anticorrupción de la FGR es por gastos ilegales que ascienden a más de 400 millones de pesos.
Los indiciados son el ex secretario estatal de Finanzas de Coahuila, Ismael Eugenio Ramos Flores; Antonio Zerón Puga, director general de esa dependencia; y Nazario Salvador Ia Torre, director de Adquisiciones.
El Dragón: un operador clave
El caso del Departamento de Justicia contra Tomás Yarrington, no podría explicarse sin la participación de Luis Carlos Castillo Cervantes, alias “El Dragón”.
A cambio de enfrentar su proceso en libertad, el empresario tamaulipeco alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses pese a cargar acusaciones de lavar dinero para dos ex mandatarios estatales: Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Según reportó el medio El Cinco, Castillo es señalado de conspirar para lavar el producto de un fraude bancario y estar relacionado con sobornos a funcionarios, así como por la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos.
En enero de 2020, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Texas reveló que por lo menos cuatro gobernadores mexicanos recibieron sobornos de su parte.
El fiscal estadounidense lo vinculó con los ex mandatarios Humberto Moreira y Jorge Torres, de Coahuila; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes.
En tanto, la colaboración del ex gobernador de Coahuila y ex secretario de Agricultura, Enrique Martínez Martínez, sería clave para las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Martínez es referido como el artífice de las reuniones que Luis Carlos Castillo sostenía con gobernadores del PRI en su casa de Mission, Texas.
Sistema en crisis
El resultado del caso Yarrington sucede en el contexto de las acusaciones que enfrenta el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es acusado por la FGR de haber construido una enorme red de complicidades con funcionarios de gobierno y del sector privado, para hacer negocios a costa del erario. Las autoridades de Estados Unidos también iniciaron pesquisas contra el mandatario tamaulipeco.
También sucede a la par del caso contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien se encuentra prófugo de la justicia. Sandoval es acusado de la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR giró órdenes de aprehensión no solo en su contra, sino también de su hija, Lily Alejandra Sandoval López. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha señalado al ex gobernador Nayarita de presunta colusión con el crimen organizado.
En suma, la debacle judicial de Yarrington exhibe algo más trascendente que un caso aislado de corrupción, muestra a la corrupción como un mecanismo rutinario e institucional del sistema político mexicano.
Con información de:Bernhard Buntru/
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