La baraja del narco es muy sencilla, solo tiene tres cartas:
“Tú no puedes ser candidato aquí, en esta plaza.”
“Tú vas a ser mi candidato en esta plaza.”
“Tú haces lo que yo digo en mi plaza. ¿No aceptas? Va…”
Ese “va” es una sentencia implacable. Inmisericorde. Es, en realidad, un “vas”. Es la orden al sicario. Es la sonrisa torcida del sicario. Es el sicario en camino. Es el sicario levantando, secuestrando, golpeando, torturando un cuerpo. Nada de quemarlo y disolverlo, nada de huesos, cenizas y fosas clandestinas. Nada. La política narca es exhibicionismo. Que todos vean al aspirante, al precandidato, al candidato martirizado, para que quede claro quién manda aquí. Así, en súbito arrebato de cualquier jefe de plaza, de cualquier grupo criminal, en cualquier municipio, en cualquier estado de la República.
Así, impunemente, una y otra vez. Veamos los datos…
En el proceso electoral pasado, que inició en septiembre de 2017 y concluyó el 1 de julio del 2018, 152 políticos y 371 funcionarios fueron asesinados, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política de la empresa de análisis de riesgos Etellekt. Sí, 523 acribillados, entre políticos y funcionarios.
De los 152 políticos que mataron, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, aspirantes de todos los partidos, según Etellekt, pero realidad fueron más los ejecutados: un conteo periodístico, en el que participé como editor, documentó 53 aspirantes ultimados: 28 precandidatos y 25 candidatos.
Fueron 53 votos a balazos del crimen organizado, 53 lugares del país donde decidió violentamente quién no podía gobernar. Así, sin que nadie lo impidiera y sin que nadie lo castigara: cinco ejecuciones al mes, al menos una por semana, en promedio.
Y retomo lo que publiqué en aquel entonces: si el crimen organizado ejecutó a 53 aspirantes, precandidatos y candidatos, ¿a cuántos palomeó? ¿Nada más a 53 que ganaron los comicios, a sus candidatos impuestos, o a muchos más por todo el país que hasta ahora gobiernan y legislan con su venia? ¿Algo que haya investigado alguna autoridad de Enrique Peña Nieto, o de Andrés Manuel López Obrador? No, que yo sepa.
Y este año, ¿cómo vamos en este 2021, en el actual proceso electoral que inició en septiembre pasado? Veamos los datos de la consultora Integralia, que lleva un conteo similar…
-Entre septiembre y febrero hubo 90 incidentes de violencia política contra 108 víctimas. De ese total, 75 fueron asesinatos y el resto provocaron personas heridas.
-De los 75 asesinatos, 11 fueron contra aspirantes a cargos de elección popular, 2 excandidatos, 3 presidentes municipales, 3 expresidentes municipales, 3 líderes partidistas, 2 legisladores locales. Las demás agresiones fueron contra funcionarios municipales (18), funcionarios federales y estatales (7), activistas (6), y otros.
Ahora le pongo aquí la estadística más reciente, que contabiliza los casos ocurridos hasta este jueves pasado por la noche, dato que le solicité a Carlos Rubio, encargado de Análisis de Riesgo Político de Integralia: en este proceso ya van 17 aspirantes a cargos de elección popular asesinados. Siete de Morena, cuatro del PAN, dos del PRI, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PRD, uno de Redes Sociales Progresistas, y uno de Fuerza por México. Cuatro eran mujeres.
A falta de seis días para cerrar marzo, son al menos dos ejecuciones por mes de aspirantes, de precandidatos y candidatos (2.4, en promedio), y apenas están arrancando las campañas.
Son 17 votos a balazos del crimen organizado. ¿Tienen algo qué decir las fiscalías de los estados? ¿Alguna pesquisa? ¿Algún responsable? ¿Algún proceso, algún castigo? ¿La FGR? ¿Tienen algo que hacer las secretarías de Seguridad federal y estatales? ¿Los servicios de inteligencia del Estado? ¿La Secretaría de Gobernación? ¿Alguien?
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