Las muertes se acumulan en la periferia de Guadalajara. El sábado hacia las 18.00 horas, un grupo armado acribilló a 11 trabajadores, en su mayoría albañiles, mientras esperaban al pago de su patrón en Tonalá (zona metropolitana de la capital de Jalisco).
Los balazos de alto calibre, pero sobre todo el número de víctimas, alertaron a una entidad que sufre desde hace años el embate sin tregua del crimen organizado. Unas horas antes, dos más habían sido abatidos a balazos en una zona más céntrica. Y esa misma mañana, un hombre colgado con un balazo en el cráneo. La violencia mantiene cercada a esta ciudad y su área conurbada diariamente. El gobernador, Enrique Alfaro, acérrimo opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado este lunes incapaz de hacer frente a esta guerra solo y ha exigido el apoyo urgente de las autoridades federales: “Esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional”.
OTRO QUE TAMBIEN EXIGIA:
Los cuerpos de las víctimas quedaron esparcidos en tres metros de banqueta y la sangre mezclada con la tierra de la calle Rucias Negras. Este ha sido el quinto homicidio múltiple registrado en 2021 en Jalisco. No hay detenidos y no existen vídeos del atentado en las cámaras públicas de seguridad, según reconocieron las autoridades. Un crimen brutal e impune que sacude una vez más a la tercera ciudad más importante del país —junto a la Ciudad de México y Monterrey (en Nuevo León)— sede cultural y económica de México.
No es la primera vez que se usan rifles de asalto y casquillos propios de una guerra para acribillar a personas en la periferia de Guadalajara. En este Estado tiene su sede el cartel de la droga más poderoso del país, según la DEA, el de Jalisco Nueva Generación. Liderado por el nuevo enemigo público de la agencia antidrogas, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Una organización criminal que ha expandido su poder desde 2017 hacia todo el territorio y que mantiene en su propia tierra una guerra con otros más pequeños, pero financiados por los grandes, como el Cartel de Sinaloa. Una guerrilla que mantiene sitiados los barrios pobres de las afueras, con cuerpos torturados, desmembrados y arrojados en las cunetas. También, de vez en cuando, la violencia se cuela en el centro y las imágenes de guerra llegan en mensajes de terror a la clase adinerada de la capital.
Pero la masacre de 11 personas empaña la imagen de una de las capitales culturales y económicas de México. Guadalajara es sede de la feria del libro en español más grande del mundo —la FIL— y durante mucho tiempo se impulsó desde el Gobierno una prometedora campaña para atraer a las empresas de tecnología más relevantes del mundo: el Silicon Valley mexicano, lo llamaban. El gobernador que impulsó este programa, Aristóteles Sandoval (de 2013 a 2018), del PRI, fue asesinado de un balazo en el cráneo en un bar de Puerto Vallarta en diciembre. Ni de este crimen ni de casi ninguno que sucede en Jalisco, hay justicia. Pues solo detuvieron a los encargados del local que borraron las huellas del crimen.
Alfaro celebraba hace unos meses la baja en los delitos de menor impacto en el Estado. Un éxito con poco mérito debido a los cierres y confinamientos provocados por la pandemia. Pero sobre todo, porque de nada servía que se robaran menos coches o celulares, si a la mañana siguiente amanecían 18 bolsas con restos humanos arrojados frente al emblemático estadio de fútbol de las Chivas de Guadalajara. Este lunes, el gobernador ha exigido la ayuda que requiere este tipo de lucha, pues el combate al narcotráfico es un delito federal.
El presidente López Obrador le ha respondido en su conferencia mañanera: “Se va a reforzar la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, de las Fuerzas Armadas en estos Estados. Ya lo instruí, lo ordené desde hace un mes. Se están movilizando a más elementos, ayer volví a plantearlo y hoy en la mañana fue la instrucción”. Las entidades a las que hace referencia el presidente y que lideran las zonas más letales del país estos días son, además de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Todas con presencia del Cartel Jalisco.
La zona metropolitana de Guadalajara ha sido testigo en los últimos meses de escenas más propias de la guerra contra el narcotráfico de lo que sus gobernantes, incluidas las autoridades federales, han estado dispuestos a reconocer. El tiroteo de principios de febrer a las puertas de un restaurante familiar que se saldó con un muerto, un desaparecido y al menos dos heridos, puso de manifiesto que una de las ciudades más importantes del país estaba en manos del crimen organizado. Un poder de facto que puede pasearse con impunidad con rifles de asalto, acribillar a su objetivo a plena luz del día ante cientos de testigos y cámaras de seguridad y que no suceda nada. No hay sospechosos, ni detenidos, ni una hipótesis de qué sucedió esa tarde.
La batalla política por la responsabilidad de las muertes ha sido una constante desde que López Obrador asumió el poder en 2018. Alfaro lidera, junto a otros ocho gobernadores, una alianza opositora al Gobierno federal. Todos de partidos contrarios al presidente, que se han opuesto públicamente a las medidas polémicas de su Gobierno, como las grandes obras de infraestructura de refinerías y el Tren Maya, el recorte presupuestal y, más recientemente, la estrategia para hacer frente a la pandemia y la vacunación. En vísperas de las elecciones legislativas, estatales (solo algunos Estados) y municipales de junio, ningún gobernante quiere asumir uno de los temas pendientes que asola al país: la violencia que se cobra la vida de casi 80 personas al día, según los datos de febrero.
Los 14 cadáveres de este sábado colocaron a este fin de semana como el más violento de este año, con 270 muertes en total. Y uno de los días más letales de su historia. Unas cifras que vuelven a poner sobre el debate público la asignatura pendiente de este y los gobiernos anteriores. Cifras de violencia que superan a las peores épocas de la guerra contra el narcotráfico y que se suman al drama de los desplazamientos y pueblos fantasma y a miles de familias buscando a sus desaparecidos en fosas comunes. Una tragedia que no aparece a menudo en los programas de campaña electoral, impregnados estos días por las ayudas derivadas de la pandemia, y que México soporta cada día sin que un Gobierno haya conseguido ponerle freno.
Fuente.-Diario Español/(imagenes/twitter)
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