El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica,manchado por indagatorias federales por la acusación de montajes cuando fungía en la PGR,auncio ayer martes la detención de 12 policías estatales de su Grupo de Operaciones Especiales "GOPES" que ya estaban "retenidos" en las instalaciones del complejo de Seguridad en la capital de Tamaulipas,por participar en la masacre de 19 personas, la mayoría migrantes, la semana pasada en el municipio fronterizo de Camargo,lo que no dijo el fiscal,es que los policias estatales habrían actuado confabulados con el Capo Cesar Morfin Morfin alias "Primito" del Cartel del Golfo quien pagaba mensualmente entre muchos otros,a Mayra Elizabeth la única mujer detenida y que fungía como coordinadora en Ciudad Mier.
El viernes 22, las autoridades informaron del hallazgo de los cadáveres en una brecha en la parte rural de la localidad, cerca del límite entre Tamaulipas y Nuevo León. Los cuerpos estaban calcinados en una camioneta pick up y presentaban heridas de bala. Otra camioneta, una Toyota Sequoia, apareció igualmente quemada. Los agentes, según ha explicado el fiscal, están acusados de “homicidio, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad”,pero el Fiscal no ha dado más detalles sobre su participación generando mas dudas que certezas, si son los asesinos materiales o si solo colaboraron con el "Primito" en la manipulación de la escena criminal para desaparecer cuerpos y todo tipo de evidencias usando sus conocimientos,experiencia e impunidad de la que gozan pues es un grupo de policias que actúan como "brazo armado y desalmado" al servicio no de Tamauliaps,sino de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,gobernador de la entidad indagado por multiples delitos federales, entre ellos, un presunto soborno por 50 millones de dólares.
Desde el principio, las "cosas no cuadraban",la camioneta donde encontraron los cuerpos presentaba 113 disparos de bala y sin embargo apenas habían encontrado casquillos en el lugar, pero ayer martes, el Fiscal Barrios especialista en "proteger institucionalmente" al llamado "brazo armado" del gobernador,ha dicho que “cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen, debido a la ausencia de casquillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la pick up y a la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos que tuvieron conocimiento de los mismos”.
El titular de la agencia investigadora ha oficializado un rumor que corría entre México y Guatemala hacía días, la posibilidad de que el convoy de migrantes el día del ataque fuera mayor. “El día de los hechos participaron más vehículos en los que presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar a EE UU, tanto de Guatemala como de El Salvador”, ha dicho el fiscal. Barrios no ha dicho cuántos más, ni cuántas personas podrían haber viajado en total. Tampoco ha dicho si llegaron a cruzar o no el río Bravo. Versiones de la travesía ventiladas estos días en la prensa señalan que un grupo evitó el ataque y logró pasar a Estados Unidos.
El fiscal ha dicho igualmente que “en alguno de los vehículos iban sujetos armados que daban protección a mencionado grupo”. Barrios no ha explicado si la presencia de estos sujetos tuvieron que ver en el ataque o no. En todo caso, cualquier explicación resulta precipitada de momento, a la vista de la complejidad de las dinámicas criminales en este tramo de frontera y la protección a las Policias Estatales convertidas en criminales por acción y omisión.
Desde hace más de una década, redes criminales de Tamaulipas y Nuevo León, apoyadas, instigadas o dirigidas por autoridades de diferentes niveles han sembrado el terror en la zona, apuntando particularmente a los grupos de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a la frontera. Masacres como la de San Fernando en 2010 y 2011, o Cadereyta en 2012 recuerdan que la misma composición de los grupos de asesinos resulta harto complicada. Más aún sus motivaciones, cruzadas con sus intereses en el narcotráfico o la extracción y el transporte de hidrocarburos, muy importante en la zona.
El grado de descomposición de los cadáveres por el fuego ha dificultado su identificación. Hasta este martes, las autoridades han logrado identificar a cuatro de las 19. Barrios ha dicho que dos de los cuatro eran mexicanos. “Jesús Ene, mexicano, fue quien el 9 de diciembre reclamó la Toyota Sequoia, que estaba en el sitio donde se rescataron a 66 extranjeros en Escobedo, Nuevo León. El segundo es Daniel Pe, de San Luis Potosí, quien se dedicaba al tráfico de migrantes. El tercero, Elfego R N, es migrante guatemalteco y el cuarto es Marvin A T, también guatemalteco”, ha explicado el fiscal.
El fin de semana, la fiscalía estatal informó de que uno de los dos vehículos hallados junto a los cuerpos el viernes en Camargo era esa Toyota Sequoia. Resultaba extraño. ¿Qué hacía una camioneta ubicada por el Instituto Nacional de Migración, INM, en diciembre, en Nuevo León, en la escena de una masacre en Tamaulipas en enero? Las críticas al INM y a las autoridades en general arreciaron. La ubicuidad de la camioneta ilustra, como poco, su negligencia. Igual que la policía estatal, la secretaría de Gobernación, abrigo del INM, deberá explicar por qué el carro salió de su control y llegó a la escena de la última matanza que ha registrado México.
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