El plazo de cinco años durante el cual el Gobierno federal podrá disponer del Ejército para que coadyuve en las labores de seguridad pública está corriendo, por lo tanto, si se pretende cumplir el acuerdo presidencial publicado en el DOF, se debe fortalecer y capacitar a las policías cuanto antes y generar un plan de desmilitarización.
Olvidada quedó la promesa de regresar al “Ejército a los cuarteles”.
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo presidencial por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, quedó de manifiesto que la estrategia para combatir la violencia y criminalidad en el país el resto del sexenio, seguirá dependiendo de la capacidad de las instituciones militares mexicanas.
“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última.
“Así será durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el DOF”, señala el primer artículo del documento.
La participación del Ejército junto a la Guardia Nacional debe presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria como lo marca la Constitución
Sin embargo, para Carlos Matienzo, analista de seguridad, el acuerdo que se dio a conocer el día de ayer y revivió el debate de la militarización en el país, tiene poco impacto en términos reales porque difícilmente afectará en la práctica lo que viene sucediendo desde hace por lo menos dos sexenios.
“Me parece una mera formalidad, no entiendo por qué salió hoy y no antes, es muy difícil analizar a este gobierno porque es muy inconsistente.
“Creo que el acuerdo lo hicieron conforme a lo que ya sabíamos, a lo que estableció el Congreso de la Unión en marzo del año pasado. Más bien creo que viene a regular lo que ya se estaba haciendo. Pero no encuentro elementos que lleven a que se modifique la actuación del Ejército.
“Mientras no venga un anuncio de cambio de estrategia o en los hechos veamos una modificación, sobre todo en lo táctico y operativo, me parece que el decreto no va a impactar”.
Por su parte, Francisco Rivas, Director general del Observatorio Nacional Ciudadano, considera que el documento dado a conocer el día de ayer, ayuda a definir lo que a cada quien le corresponderá en materia de seguridad los próximos cinco años.
“El acuerdo tiene que ver con clarificar qué le toca a quién en cada momento. Es evidente que en este momento la Guardia Nacional no puede cumplir con su finalidad y mucha gente podrá decir que es un fracaso o no sirve, pero la verdad es que no está lista y eso lleva tiempo”.
PREPARAR EL CAMINO PARA RETIRAR AL EJÉRCITO
El plazo límite para usar al Ejército en tareas de seguridad pública concluirá el 27 de marzo de 2024, un periodo muy breve para poder realizar una tarea que lleva pendiente más de doce años: profesionalizar a las policías de los tres niveles de gobierno.
“Con este acuerdo la mayor limitación que le ponen al Ejército es que en cinco años se deben de ir. Algo que no se debe tomar a la ligera. Más que abrirse la puerta para su uso, se las empieza (Gobierno federal) a cerrar poniéndose un límite de tiempo.
Las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, tiempo en el que se formará y capacitará a la Guardia Nacional para que pueda cumplir su cometido
“Sacar al Ejército de las calles es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Se tiene que tener un orden, un plan: en qué territorios se va a comenzar a retirar al Ejército, qué fuerzas van a sustituir a las que se van. No veo cómo se va a lograr eso en cinco años.
Lo que deberíamos de esperar es que este acuerdo venga acompañado de un plan de desmilitarización del país y eso no existe. Sacar al Ejército de las calles es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Se tiene que tener un orden, un plan: en qué territorios se va a comenzar a retirar al Ejército, qué fuerzas van a sustituir a las que se van
El también maestro en seguridad por la Universidad de Columbia, agrega que otro factor por el cual no considera que el acuerdo tenga serias repercusiones en el actuar de las Fuerzas Armadas se debe a que el fuero militar se ha acotado mucho desde el sexenio pasado.
REPETIR LOS ERRORES
Martha Tagle, diputada integrante de la Comisión de Gobernación y Población, considera que el acuerdo presidencial lo que hace es finalmente quitarle el disfraz que le han puesto al Ejército para realizar tareas de seguridad pública.
“Hoy en día tenemos a personas del Ejército disfrazados con su brazalete que dice Guardia Nacional para poder hacer sus tareas, la única diferencia es que ahora formalmente ya serán la Sedena y Semar operando sin máscaras, como se hizo en el pasado”.
En este sentido, Francisco Rivas, destaca que los argumentos que hoy está usando el Gobierno federal para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, son los mismos que ocupó Felipe Calderón para desplegar al Ejército.
“Es irónico que después de toda la crítica que la actual administración ha hecho en contra de la estrategia de seguridad implementada por el ex presidente Felipe Calderón, hoy se repita.
“Calderón también dijo que se usaría al Ejército en lo que formaba a la hoy extinta Policía Federal, cosa que nunca sucedió, ahora, el presidente López dice lo mismo; argumento con el que tendrá al Ejército ocupado en materia de seguridad pública el resto del sexenio”.
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ORGANIZACIONES ALZAN LA VOZ POR EL EJÉRCITO EN LAS CALLES
El colectivo #SeguridadSinGuerra, el cual intenta frenar la militarización del país, no tardó en dar a conocer su inconformidad ante el acuerdo publicado en el DOF el día de ayer.
El documento publicado en el DOF es omiso en la obligación de regular, pues no hay una supervisión externa a lo que los militares y marinos hagan al realizar detenciones o revisiones de aduanas, puertos o transporte público
La organización asegura que el documento presidencial simula la regulación de las tareas en seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta 2024, no establece el carácter extraordinario precisando el ámbito temporal y geográfico de su despliegue, no incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas y tampoco subordina a las Fuerzas Armadas al poder civil como lo exige la Constitución.
“El acuerdo faculta a las fuerzas armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen; hacer labores de seguridad pública en la fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas”, acusaron a través de un comunicado.
Además, asevera que esta acción acordada desde marzo del año pasado, normaliza la práctica establecida desde el Gobierno de Felipe Calderón: la militarización de la seguridad pública sin control alguno y fuera del mandato constitucional y es contrario a lo mandado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó sin equívocos la subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada permanente a autoridades civiles.
Aunado a todo esto, el colectivo destaca que no se incluyó información que permita entender en qué estado se encuentra el desarrollo de la Guardia Nacional.
“Nuevamente se pone de manifiesto que la seguridad pública en México está militarizada. Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas continúan realizando tareas de Seguridad Pública y se les ha sumado la detención de migrantes.
“Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles”.
El colectivo #SeguridadSinGuerra asegura que el acuerdo presidencial normaliza la militarización de la seguridad pública en el territorio mexicano sin control alguno, fuera del mandato constitucional y de lo que establece la SCJN
RECHAZO BLANQUIAZUL
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) también se unió a la inconformidad que gran parte de la oposición demostró al conocer el acuerdo presidencial con el que se permite a las Fuerzas Armadas coadyuvar en labores de seguridad pública.
A través de su cuenta de Twitter, aseguraron que analizarán la constitucionalidad del decreto.
“La seguridad de las familias es la prioridad elemental del Estado, con base a la ley y al federalismo.
“Analizaremos la constitucionalidad del decreto publicado hoy con respecto a las Fuerzas Armadas.
“Seguridad sí, con respeto a los estados, municipios y a la Constitución”, publicó la asociación.
fuente.-
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