El combate a la corrupción ha sido una de las principales banderas del gobierno actual, sin embargo, sus resultados siguen siendo pocos. En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, estableció un récord (de los últimos 16 años) con 161 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
Sin embargo, de las 161 denuncias que presentó la UIF en 2019 ante la FGR, sólo 51 (32%) se integraron en carpetas de investigación y en ninguna hubo personas vinculadas a proceso, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia por Cuestione.
La UIF es la instancia encargada de presentar ante la Fiscalía las denuncias por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Antes de presentar estos reportes, recaba datos de sistemas bancarios sobre movimientos sospechosos.
Mucho ruido y pocas nueces
El problema es que una vez que la denuncia de la UIF llega a la FGR, no se sabe qué pasa con la investigación. “Tal parece que la Fiscalía discrecionalmente decide en qué casos sí abre una carpeta (de investigación) y en cuáles no. (El resultado) es que, ya sea por falta de voluntad o capacidad, no hay evidencias contundentes de casos que se estén llevando a judicializar”, dice Estefanía Medina, abogada penalista de la organización Tojil Estrategia contra la Impunidad, en entrevista con Cuestione.
Esto “genera que esas investigaciones están dormidas y no se ataque a las organizaciones que se dedican al lavado de dinero y, por lo tanto, siguen alimentando los delitos que dependen de ellas, como el secuestro, la trata de personas, robo de combustible y corrupción”, explica Medina.
El lavado de dinero constituye por sí mismo un delito, tipificado en artículo 400 Bis del Código Penal Federal (y se castiga con cinco y hasta 15 años de cárcel). Es un mecanismo con el cual los criminales “blanquean” las ganancias que obtienen de otros delitos. Sin él, los narcotraficantes, tratantes, huachicoleros u otros no podrían utilizar libremente el dinero que obtienen.
La promesa de la lucha antilavado de dinero de AMLO
La UIF es una institución clave en la lucha anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según él mismo dijo durante la presentación del primer informe de acciones de la Unidad, en diciembre pasado: “El objetivo principal del gobierno es acabar con la corrupción… Una de las formas más eficaces del combate a la corrupción es seguirle la pista al dinero… Es importante darle seguimiento al manejo del dinero cuando hay sospecha de enriquecimiento ilícito”, dijo el presidente durante el primer informe de acciones de la UIF en diciembre de 2019.
Las denuncias que presenta la unidad, encabezada por Nieto, apenas son el primer eslabón de una gran cadena de factores que permiten que la corrupción se investigue y se castigue, según expertos y expertas consultadas por Cuestione.
Las deficiencias en las investigaciones por lavado de dinero por parte del gobierno mexicano vienen desde administraciones pasadas, como indica el último informe (2018) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental en la que participa nuestro país, el cual señala que rara vez se realizan investigaciones financieras y el lavado de dinero casi no es perseguido penalmente como un delito por sí mismo, sino en conjunto con otros crímenes.
Por eso es que “la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja”, señala el informe.
El revés para la UIF: los amparos
El 2019 no sólo fue el año en que más denuncias presentó la UIF, también logró establecer una cifra récord -en sus 16 años de creación- al congelar 4,349 millones de pesos, además de 50.3 millones de dólares en cuentas bancarias.
Sin embargo, a pesar de que la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 115, da poder a la UIF para congelar el acceso a estas cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que era inconstitucional en 2017, pues solo tienen la facultad de hacerlo a través de órdenes judiciales.
Con eso “se perdió el miedo a la autoridad”, pues cualquier persona o empresa a la que se le bloquee el acceso a sus cuentas puede ampararse, dice Salvador Mejía, abogado penalista y experto en lavado de dinero.
La sociedad queda a la espera de que se haga realidad la promesa de erradicar la corrupción, sin embargo, mientras que todas las instituciones gubernamentales no se coordinen para lograrlo, lograr este objetivo aún se ve lejos.
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