Varios grupos criminales en toda Latinoamérica están ordenando ceses al fuego y ejerciendo control sobre las comunidades locales ante la propagación de los temores por el coronavirus en la región, lo que plantea interrogantes sobre cómo esos grupos usarán la actual crisis para consolidar su poder y legitimidad.
Estas acciones se presentan en medio de diversas respuestas de los gobiernos a la pandemia global del coronavirus, que van desde el aislamiento nacional ordenado por el presidente colombiano Iván Duque hasta la inercia más temeraria de parte del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ha pedido a alcaldes y gobernadores locales que suspendan las medidas preventivas.
En Brasil, los narcotraficantes del Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) en la favela Cidade de Deus, de Río de Janeiro, han pasado de puerta en puerta y usado altoparlantes para imponer toques de queda, amenazando con la violencia a los residentes si salen de sus casas por fuera de las horas permitidas, informó UOL. Otras favelas de la ciudad han recibido órdenes similares de las diferentes facciones criminales y milicias que operan en ellas, las cuales también están distribuyendo jabón y desinfectante —y amenazando a quienes intenten inflar los precios ante el aumento de la demanda— e instando a los residentes a lavarse las manos, además de prohibir el ingreso de turistas.
Entre tanto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia ha ordenado un cese al fuego de un mes, según anunció esa guerrilla el 30 de marzo. Esto ocurre poco después del llamado del exlíder insurgente Francisco Galán en el que pide al ELN “que en un acto de humildad y grandeza declare un cese al fuego indefinido… y liberen al país del miedo a la guerra, al menos por estos tiempos de emergencia”, según recogió El Tiempo.
Además, los combatientes de las disidencias del Frente 29 de la ex-FARC Mafia en el departamento del suroeste de Nariño están amenazando a quienes desobedezcan la cuarentena nacional del Gobierno, según informaciones de medios locales sobre un panfleto que está circulando. Justo al norte en el departamento del Cauca, las disidencias de las FARC también están instalando retenes ilegales, amenazando con violencia y exigiendo a los residentes que acaten las restricciones del gobierno y se queden en sus casas, según informó W Radio.
Al otro lado de la frontera, en la vecina Venezuela, han aparecido videos de los llamados “colectivos”, o grupos armados progobierno, que demandan a los residentes del barrio 23 de Enero, en Caracas, cumplir los protocolos de higiene y la cuarentena social. InSight Crime verificó que los colectivos también están imponiendo toques de queda en el barrio Petare, cerca de Caracas. En otros casos, el régimen de Nicolás Maduro ha llamado a los civiles armados a que impongan las restricciones de la cuarentena junto al ejército y los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), según reportes de medios locales.
Finalmente, se dice que los pandilleros de Barrio 18 en Guatemala han suspendido todas sus demandas extorsivas a los comerciantes locales en medio de la implementación del estado de emergencia por parte del gobierno para tratar de contener la propagación del coronavirus. Carteles como la Unión de Tepito en Ciudad de México, sin embargo, han mantenido sus actividades extorsivas a pesar de la pandemia. En El Salvador, pandilleros de la MS13 y ambas facciones de Barrio 18, Revolucionarios y Sureños, están amenazando a los habitantes con violencia o muerte si desobedecen las órdenes de cuarentena del gobierno.
Análisis de InSight Crime
La creciente amenaza que plantea el coronavirus ha tomado desigualdades sociales o problemas ya existentes y los ha traído a la superficie. Esto se aplica también a los vacíos de presencia estatal y al rol que desempeñan los grupos criminales para llenar ese vacío.
“No es como si hace dos meses los traficantes no fueran la autoridad en las favelas [de Río de Janeiro], lo eran”, comentó el investigador del crimen organizado y profesor de la Universidad de Chicago Benjamin Lessing, en intercambio con InSight Crime.
“Gran parte de la gobernanza criminal se ve como algo normal, por lo que no parecía hacerse notar: en el día a día, la gente en cierta forma podía ignorar el problema”, agregó.
El hecho de que las pandillas en Brasil sean capaces de distribuir antisépticos, difundir información sobre buenas prácticas de higiene e imponer toques de queda y otras restricciones en las comunidades en las que opera da cuenta de mayor sofisticación y lazos estrechos con sus comunidades.
“Un grupo que no tuviera ya un alto control y conexión con la comunidad no tendría la capacidad de imponer ese tipo de normas”, señaló Angélica Durán-Martínez, profesora en la Universidad de Massachusetts, Lowell, quien investiga sobre violencia criminal y gobernanza en Latinoamérica.
Más aún, tanto Lessing como Durán-Martínez afirmaron que los motivos de las pandillas para ejercer este tipo de gobernanza van mucho más allá de afianzar su poder y control en un intento por promover sus operaciones criminales.
“Al tiempo que podría ser una manera de asegurarse de que no haya alteración a largo plazo para sus operaciones, en ciertas formas también hacen esto como una manera de proteger a la comunidad”, explicó Durán-Martínez.
Existen varias razones por las que los grupos criminales deciden gobernar como lo hacen. Basándose en un vasto trabajo en campo en Brasil y Colombia, Lessing señaló que casi siempre hay cierta percepción de que los actores criminales sienten cierta responsabilidad que los lleva a cuidar de sus comunidades cuando el Estado no está cumpliendo efectivamente su función de gobierno.
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“Refleja su interés en conservar el respaldo social”, añade Durán-Martínez. “Estos grupos ven los claros riesgos que la comunidad enfrenta en el terreno, que no tienen acceso a agua potable, jabón o desinfectante, y que el Estado no toma medidas reales para protegerlos, de modo que esa responsabilidad termina recayendo en las manos de quienes detentan el control”.
“Es la misma realidad en la que han vivido estas comunidades por largo tiempo, pero la necesidad de una gobernanza activa ha crecido ahora”, con la amenaza del coronavirus, sigue Lessing. Son las bandas las que tienen la capacidad de organizarse e imponer medidas claves a nivel local, cómo hacer que los residentes se queden en casa o evitar la especulación de precios, opina Lessing.
En el pasado, las FARC desempeñaron roles de gobierno en las zonas bajo su control. Pero tras su desmovilización, las disidencias no han dado muestras de tanta coordinación y sofisticación en ese sentido. Han recurrido a tácticas casi de hostigamiento, como la pintura de grafittis en taxis y camiones para marcar su presencia y manifestar sus demandas, en lugar de desplegar un esfuerzo coordinado más amplio de gobierno.
Las pandillas callejeras de menor tamaño, conocidas como “combos” que operan en los barrios de Medellín, por otro lado, han tenido un rol mucho más de gobierno en Colombia, zanjando disputas en las comunidades, regulando el crimen y extorsionando a los residentes en las zonas que controlan. En Venezuela, los colectivos con frecuencia han actuado más como representantes del Gobierno que las autoridades usan para ejercer control social en las zonas bajo el dominio de los primeros.
Los grupos criminales de toda la región tienen diferentes estructuras, funciones y modelos de negocio, lo que implica que también existen variaciones en la manera como responden y se adaptan a situaciones como la actual crisis sanitaria. Algunos grupos tendrán un mejor desempeño que otros.
Al mismo tiempo, grupos de la sociedad civil en Brasil y Colombia también han estado movilizándose junto a esos actores armados, pidiendo más atención de los gobiernos e incluso liderando sus propias campañas informativas, lo que para Durán-Martínez demuestra la agencia de los civiles frente a dicho control armado.
La gobernanza criminal es compleja, parte de un mosaico más amplio de diferentes piezas de autoridad, lo que no siempre está en antagonismo u oposición con el Estado. En lugar de usurpar el poder estatal, la actual crisis sanitaria refleja un caso en el que los intereses criminales y estatales bien pueden converger.
Pero mientras que los gobiernos se han quedado cortos en la protección de los más vulnerables al coronavirus, las acciones de las pandillas en Brasil reflejan una “decisión consciente de parte de los líderes de esas organizaciones de que deben tomarse medidas radicales”, comenta Lessing.
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