La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la muerte de un comandante ministerial de Guerrero derivado de una confusión con soldados.
En la recomendación 25/2019, enviada también a la Fiscalía General de la República (FGR) por no haber investigado los hechos, la CNDH establece que soldados emplearon uso excesivo de la fuerza en los hechos que ocurrieron el 4 de noviembre de 2014.
En esa ocasión, 14 soldados a bordo de dos vehículos esperaban a que otro de sus compañeros terminara de hacer sus necesidades fisiológicas a la orilla de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
En eso, tres policías ministeriales de Guerrero que habían atendido a una ciudadana en el poblado de Pénjamo, en el Municipio de Coyuca de Benítez, se encontraron al militar a la orilla del camino.
"(Los soldados que esperaban) inmediatamente descendieron del vehículo 1 con sus armas, por lo que (el militar que hacía sus necesidades fisiológicas) corrió hacia donde se encontraban sus compañeros, iniciándose un intercambio de disparos que derivó en la pérdida de la vida de (un comandante ministerial)", narra la recomendación de la CNDH.
El organismo autónomo determinó que el comandante ministerial murió por el uso excesivo de la fuerza que llevaron a cabo los elementos de la Sedena, quienes con los principios de legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad.
"Además, no efectuaron acciones de disuasión o persuasión previas antes de accionar sus armas de fuego, como lo era identificarse por medio de los vehículos que tripulaban, haciendo uso de torretas o mediante el empleo de altavoces, incluso comenzar a circular con los vehículos a fin de ser plenamente identificados", indica la CNDH.
Según el organismo, al no haber realizado esas acciones, los militares incumplieron con lo establecido en el Manual del uso de la fuerza que regula su actuación.
La CNDH también advirtió que la Fiscalía General de Guerrero no recolectó todos los indicios al inspeccionar el lugar de los hechos.
"Por otro lado, la entonces Procuraduría General de la República omitió ordenar la realización de diversas periciales, entre ellas el estudio comparativo entre el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima y la totalidad de las armas aseguradas", señaló la CNDH.
En la recomendación 25/2019, enviada también a la Fiscalía General de la República (FGR) por no haber investigado los hechos, la CNDH establece que soldados emplearon uso excesivo de la fuerza en los hechos que ocurrieron el 4 de noviembre de 2014.
En esa ocasión, 14 soldados a bordo de dos vehículos esperaban a que otro de sus compañeros terminara de hacer sus necesidades fisiológicas a la orilla de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
En eso, tres policías ministeriales de Guerrero que habían atendido a una ciudadana en el poblado de Pénjamo, en el Municipio de Coyuca de Benítez, se encontraron al militar a la orilla del camino.
"(Los soldados que esperaban) inmediatamente descendieron del vehículo 1 con sus armas, por lo que (el militar que hacía sus necesidades fisiológicas) corrió hacia donde se encontraban sus compañeros, iniciándose un intercambio de disparos que derivó en la pérdida de la vida de (un comandante ministerial)", narra la recomendación de la CNDH.
El organismo autónomo determinó que el comandante ministerial murió por el uso excesivo de la fuerza que llevaron a cabo los elementos de la Sedena, quienes con los principios de legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad.
"Además, no efectuaron acciones de disuasión o persuasión previas antes de accionar sus armas de fuego, como lo era identificarse por medio de los vehículos que tripulaban, haciendo uso de torretas o mediante el empleo de altavoces, incluso comenzar a circular con los vehículos a fin de ser plenamente identificados", indica la CNDH.
Según el organismo, al no haber realizado esas acciones, los militares incumplieron con lo establecido en el Manual del uso de la fuerza que regula su actuación.
La CNDH también advirtió que la Fiscalía General de Guerrero no recolectó todos los indicios al inspeccionar el lugar de los hechos.
"Por otro lado, la entonces Procuraduría General de la República omitió ordenar la realización de diversas periciales, entre ellas el estudio comparativo entre el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima y la totalidad de las armas aseguradas", señaló la CNDH.
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