Los datos oficiales de incidencia delictiva dan cuenta de que en los primeros cuatro meses del año hubo un aumento en la tasa de víctimas de homicidio doloso y feminicidio de 5.71%; del secuestro de 24.30%; de la extorsión de 36.41%; de la trata de 19.61% comparados con el mismo periodo del año pasado.
De igual manera, los casos de robo con violencia crecieron 4.10%; de robo a negocio 10.46%; de robo a transeúnte 15.26%; de violación 20.80% y de narcomenudeo 13.09%.
El homicidio culposo permaneció sin variación con un aumento no significativo del 0.12%; el robo de vehículo disminuyó 8.69% y el robo a casa habitación, 2. 29%.
A unos días de que la información oficial del mes de mayo se haga pública, eventos condenables de homicidios y secuestros, nos han recordado lo cerca que estamos del delito, lo vulnerables que somos como sociedad y lo débil e ineficaz que es la respuesta del Estado ante los eventos violentos.
Los hechos ocurridos en los últimos días exhiben la importancia de definir políticas criminales basadas en evidencia, reacción y prevención sustentada en inteligencia. Los hechos de esta semana pudieron ser prevenidos, resueltos gracias a una adecuada reacción, o por lo menos pudieron darnos la certeza de que habrá sanciones, acceso a la justicia y ajustes institucionales para que en un futuro no vuelvan a ocurrir.
Sin embargo, es muy probable que los terribles eventos de esta semana queden impunes, que se revictimice a quienes ya deben enfrentar las consecuencias de los delitos sufridos, que las instituciones sigan exactamente igual y que los delincuentes tomen la falta de sanciones como incentivo para continuar cometiendo delitos.
Es fundamental cuestionarnos si con los insumos que contamos se puede construir esa política criminal que tanto necesitamos, y eventualmente presionar por desarrollar procesos e indicadores que permitan la cristalización de esa política efectiva de combate a los delitos.
¿Qué se necesitaría? Primero definir un objetivo claro, concreto, realista que se sustente en datos y no en opiniones. De ahí, un sistema de indicadores que permitan medir desempeño y resultados, que permitan ajustar el tiro de manera puntual si no hay evidencia de avances, sin necesidad de derrumbar todo el plan.
Si bien, esto lo sabe cualquier autoridad, varios son los elementos que inhiben la construcción de una política criminal:
1. Carecemos de los elementos para diagnosticar las necesidades y, por ende, proponer soluciones efectivas y trazar una ruta crítica.
2. Las políticas de seguridad están sujetas a los intereses políticos, por lo que se priorizarán objetivos particulares por encima de las necesidades del Estado. Esto incluye tiempos de consolidación de políticas públicas; definición y continuidad de recursos económicos destinados a las políticas; seriedad en el combate a la corrupción.
3. La ausencia de un servicio profesional de carrera construido sobre la base de méritos inhibe la consolidación de planes transexenales.
4. Existe un divorcio entre autoridades encargadas de prevenir, reaccionar, perseguir, administrar justicia y reinsertar en la sociedad, por lo que la coordinación se materializa sólo en el papel. Esto puede deberse a errores en la selección de los titulares de las instituciones o de las áreas de una institución, como a la ausencia de confianza entre los actores involucrados en la seguridad.
5. No contamos con una masa crítica que exija rendición de cuentas de la política de seguridad, por lo que, para los tomadores de decisión, existen pocos incentivos para invertir su capital político en cristalizar políticas de largo respiro.
Ante ello, es deseable que los primeros esfuerzos de una autoridad estén dirigidos a fortalecer los insumos que permiten un diagnóstico y que deben dar cuenta de la incidencia delictiva, de los procesos institucionales, de los recursos empleados y de la ruta presupuestal.
México es probablemente el país que produce más información en materia de seguridad, desde el número de delitos investigados cada mes, hasta victimización, pasando por mediciones de sistema judicial, estado de fuerza policial y personas privadas de la libertad. No obstante, son muchos los retos en términos de calidad de dicha información; esto explica en parte por qué los diagnósticos son erróneos y por qué resulta imposible definir una política criminal para el país.
Si analizamos los datos de incidencia delictiva, entendidos como el indicador más explotado para hablar de política criminal, podemos observar que a lo largo de los últimos 10 años han habido importantes esfuerzos por hacerlos más completos y eficaces, por conocer con más detalle qué sucede en nuestro país acerca de los delitos. Esto incluyó que se ampliara el número de delitos que se publican; se desagregase información sobre víctimas y medios de comisión; se intentase capacitar, homologar procesos y subsanar asimetrías de las procuradurías y fiscalías del país; que se colaborase con la sociedad civil para supervisar y mejorar las capacidades locales.
Pese a muchas mejoras, estamos lejos de afirmar que se cumplió con el interés de generar un insumo suficientemente sólido, y que los datos de incidencia delictiva son una fotografía exacta de lo que sucede. Todavía hoy, en las agencias del Ministerio Público del país se disuade la denuncia y se revictimiza a quien denuncia; aún se clasifican mal los delitos, se dejan de investigar los casos y se esconden las estadísticas delictivas; aún subsisten asimetrías entre autoridades por lo que, en algunos estados, los datos significan algunas cosas, y en otros, otras. Por ello, se debe partir del principio de que, sin un indicador delictivo suficientemente potente, cualquier política criminal estará destinada al fracaso.
Los datos sobre incidencia delictiva son un insumo clave para prevenir delitos, para armar una reacción eficiente y eficaz ante los hechos delictivos, para definir los recursos que necesitamos para procurar y administrar justicia, así como establecer programas que permitan reinsertar en la sociedad a quien cometió un delito. Sin ellos, seguiremos diagnosticando mal las necesidades del país, seguiremos atendiendo mal los retos, las oleadas de violencia continuarán y, también, muchas personas seguirán perdiendo la vida.
Si no se define con claridad un rumbo en las políticas de seguridad y justicia estamos condenados a seguir padeciendo la violencia, ya que este sexenio rebasará al pasado en cuanto a la ocurrencia de delitos y a la pérdida de vidas.
Los datos importan y debemos trabajar para que estos sean el insumo que permita desarrollar las estrategias de solución de los retos de seguridad y justicia que vive el país.
Fuente.-Francisco Rivas
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
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