La Procuraduría General de la República mantiene abiertas investigaciones contra actuarios federales de –al menos– 11 estados del país, la última de ellas derivada de una denuncia promovida apenas la semana pasada por anomalías en Veracruz.
NOTA RELACIONADA:
Además de esta entidad, hay expedientes relacionados con irregularidades actuariales en el Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nayarit, donde se ubican más de 30 juzgados con jurisdicción en centros penitenciarios de máxima seguridad. Y en Ciudad de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Oaxaca y Puebla, donde incluso se ha detectado una red de actuarios falsos, quienes operan con cédulas rentadas o facilitadas por funcionarios con nombramiento oficial en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La carpeta recién abierta en la PGR está vinculada con actuarios del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Veracruz, acusados de un centenar de notificaciones falsas, suplantaciones y encubrimientos. Crónica logró entrevistar a Alejandro Frías, uno de los denunciados, quien negó las imputaciones, aunque aseguró: “En este país ningún actuario puede meter las manos al fuego por otro, y menos si no lo conoce”.
La denuncia fue presentada por el juez titular Jorge Arturo Porras, cuyo chofer y esposa (actuaria del Estado de México) fueron involucrados el año pasado en notificaciones ilegales. El CJF no encontró elementos en su contra y, de manera oficial, sólo lo suspendió tres meses sin goce de sueldo por la actuación del chofer; hace 45 días fue reinstalado en su puesto… A raíz de aquel incidente se ha ocupado en documentar arbitrariedades en los procesos sancionatorios del Consejo e ilegalidades en la labor actuarial.
Sobre la intención de alejarlo del Poder Judicial, por parte de consejeros de la judicatura, dice él: “Mi percepción es que se ha tratado de un distractor para disfrazar omisiones y deficiencias en la investigación interna sobre el asesinato del juez Vicente Bermúdez Zacarías (ocurrido en el Edomex, en octubre de 2016)”.
En el expediente entregado a la PGR, al cual Crónica tuvo acceso, se devela: “Es costumbre reiterada de los actuarios judiciales firmar notificaciones que ellos no practican y que ilícitamente delegan en un oficial administrativo”.
“Redunda en la perpetración del delito de falsificación de documento público cometido por servidor público, previsto en la fracción I del artículo 244 del Código Penal Federal, porque los licenciados… firmaron para simular que la notificación proviene de su autoría, lo cual es falso”.
Según el juez, el oficial inmiscuido en la suplantación, le confió su intención de estudiar la carrera de derecho y convertirse en actuario, pues este trabajo “no representa mayores complicaciones y responsabilidades, es muy sencillo, porque él, como oficial, entregaba notificaciones personales, que llenaba y únicamente les daba a los actuarios las constancias, para que ellos las firmaran”.
Con base en diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Penal Federal y Ley General de Responsabilidades Administrativa, se les imputa además ejercicio indebido de la función pública, “pues ejercieron atribuciones que no tenían conferidas, al ordenarle a un oficial que se hiciera pasar por actuario”; encubrimiento, “porque deliberadamente se confabularon para ocultar información al juez (falsificación de documentos), haciéndole creer a éste, a través de engaños y maquinaciones, que se notificaba legalmente”; y obstrucciones en la administración de justicia, al diferir audiencias por el extravío de constancias y afectar la celeridad de las causas penales ante el retraso de notificaciones.
Del asunto se dio vista a la Secretaría de Disciplina del CJF, a cargo del magistrado José Guadalupe Tafoya, “para que en el ámbito de sus atribuciones investigue y, de ser conducente, sancione”…
“Usted tiene facultades para terminar con los nombramientos”, le respondieron al juez, quien hace unos días decretó el cese de los actuarios denunciados. Éstos, decidieron no asistir a la audiencia en la cual se recibirían las pruebas de descargo.
Uno de los implicados es el actuario Alejandro Frías, quien aceptó una charla con este diario. Criticó el acuerdo del Pleno del CJF para adicionar el artículo 51 Bis en materia de actividad administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015, y el cual establece: “En caso de que un trabajador de base adscrito a un órgano jurisdiccional incurra en una causal de cese, el titular podrá removerlo en uso de la facultad que le otorga el artículo 97 constitucional”.
“De ese artículo todo el Sindicato se queja, en su momento se trató de impugnar, pero el Sindicato llegó a un acuerdo con el Consejo y se tomó a la ligera, pero ahora los jueces lo utilizan a su manera”, dijo.
–Se les acusa de falsificar documentos, suplantar notificaciones…
–El juez se basa en una supuesta razón actuarial que después de la notificación se tiene que levantar, y dice que la hacía el oficial, pero no es cierto.
–Se dice que los acusados son primos…
–La relación familiar no tiene nada que ver.
–Otras investigaciones indican que los actuarios se prestan mucho a las dádivas en notificaciones, que permiten hacerlas a terceras personas, ¿son prácticas generalizadas?
–La mayoría de los abogados tienen confianza en el Poder Judicial Federal.
–Se ha conocido que se prestan a que personas extrañas entren a los reclusorios y faciliten la actividad criminal.
–Eso se ha escuchado, pero el Consejo ya debió investigar. En los reclusorios locales son pocas las notificaciones de ese tipo, el problema es mayor en Ceferesos como el Altiplano o La Palma, es lo que se conoce.
–¿Son bien pagados?
–Tenemos jornadas en las que podemos entrar a las 5 de la mañana y salir a las 12, 1 o 3 de la madrugada del otro día, habría que ponderarlo, porque debemos estar 24 horas del día a disposición del juzgado.
–¿Cuánto ganan en promedio?
–Ahí están las estadísticas del Consejo.
–¿De 35 mil a 40 mil pesos mensuales?
–No sé, porque nos hacen descuentos, no sé la cantidad exacta.
–¿Cuáles son las principales carencias en su trabajo?
–Además de las cargas excesivas de trabajo, nos enfrentamos a la violencia de la delincuencia organizada; por los horarios en que salimos, nos volvemos vulnerables.
–¿Metería las manos al fuego por los actuarios federales?
–En este país ningún actuario puede meter las manos al fuego por otro, y menos si no lo conoce. En términos generales, no, porque no conocemos qué prácticas haya en otros lugares…
Fuente.-
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