En la madrugada del pasado primero de mayo helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y tanques de la Secretaría de la Defensa Nacional vigilaban las regiones jaliscienses de Costa Sur (municipios de Villa Purificación y Autlán), Sierra Madre Occidental (Ayutla) y Sierra de Amula (Tonaya y El Grullo). Información de inteligencia de la Secretaría de Marina sugería que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se refugiaba en esa zona montañosa y de difícil acceso. El despliegue militar para capturarlo formaba parte de una operación coordinada y planeada con anticipación.
En otras ocasiones estrategias similares habían dado resultados. En julio de 2013, por ejemplo, un operativo con apoyo aéreo, desarrollado con base en inteligencia de agencias federales, permitió la captura de Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40), uno de los principales líderes de Los Zetas.
Sin embargo, el operativo del primero de mayo salió mal. Casi a las cuatro de la mañana, sobre la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, uno de los helicópteros se detuvo y varios paracaidistas descendieron a rapel sobre camionetas de escoltas y sicarios (posteriormente se encontrarían en los vehículos uniformes con el logotipo de la “Fuerza Especial del Alto Mando del CJNG”). La respuesta de los criminales fue inmediata: los soldados fueron acribillados. Con disparos desde tierra asesinaron al piloto y, después de cuatro intentos, dos cohetes de 40 mm detonados desde un antiguo lanzador de fabricación soviética derribaron el helicóptero. El Mencho escapó. El inicio de la “Operación Jalisco” había fracasado.
A partir de las nueve de la mañana, como respuesta al intento de captura ocurrido cinco horas atrás, el CJNG coordinó 39 bloqueos en 25 municipios, cuatro autopistas, ocho carreteras, dos caminos y 25 puntos estratégicos del Periférico y vías primarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. También incendió sucursales bancarias y gasolineras, y se registraron incidentes violentos, particularmente bloqueos, en Guanajuato (León y San Francisco), Colima (Tecomán, Cuauhtémoc y Manzanillo) y Michoacán (Vista Hermosa y Tanhuato). Ante estos hechos, la respuesta del gobierno federal fue tardía y limitada. Las acciones del CJNG lograron atemorizar y mostraron un alto poder de fuego. En redes sociales, medios locales y nacionales, y sobre todo en columnas y artículos de opinión de diarios de circulación nacional, había consenso en que el CJNG tenía capacidad armamentística, financiera y de movilización suficientes para enfrentar al Estado mexicano. Desde luego, la preocupación se justifica, pero hay algo de alarmismo en las voces que señalan a la organización de El Menchocomo amenaza colosal (ver mapa 1).
Ciertamente, el CJNG ha sido la organización criminal con mayor crecimiento en los últimos años. De 2012 a 2014 el cártel incrementó su participación en el comercio transnacional de narcóticos, particularmente metanfetaminas y cocaína, vía los puertos de Vallarta y Lázaro Cárdenas. Sin embargo, este fortalecimiento se debió en buena medida a un escenario fortuito: el debilitamiento simultáneo de sus principales rivales —Los Caballeros Templarios y Los Zetas.
Su creciente participación en el negocio del trasiego de droga, así como en el robo de hidrocarburos, permitió al CJNG desarrollar una sólida capacidad financiera y expandir su presencia en territorio nacional. Actualmente tenemos registro de operaciones del CJNG en 13 entidades. No obstante, en varios estados su presencia es limitada y se concentra sólo en algunos municipios. En realidad el CJNG sólo cuenta con una posición hegemónica y una presencia amplia y estable en Jalisco, Colima y Nayarit. Es decir, su presencia territorial es mucho más acotada que la que ocupaban organizaciones criminales como Los Zetas (ver mapa 2).
El CJNG cuenta con recursos considerables y hay indicios de que algunos de sus sicarios tienen entrenamiento en tácticas paramilitares. Sin embargo, no es la primera ni la única organización con este perfil. Otras organizaciones, incluyendo las diferentes facciones del Cártel del Golfo y Zetas que hoy disputan territorios en Tamaulipas han exhibido capacidades similares. Otro aspecto que ha llamado la atención es que el CJNG aparentemente cuenta con un número muy alto de integrantes (por ejemplo, de acuerdo con estimaciones publicadas en distintos medios de comunicación, en los ataques del primero de mayo el CJNG movilizó alrededor de 250 integrantes). Hasta ahora no se ha difundido información de inteligencia que permita corroborar estas estimaciones o conocer con mayor detalle la estructura interna del cártel. Lo que sabemos es que el CJNG agrupa sicarios que antes pertenecieron a otras organizaciones como el Cártel del Milenio, Los Torcidos, Mata-Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Viagra, así como antiguos policías municipales y militares. Sabemos, también, que el CJNG cuenta con una red significativa de “halcones” o informantes.
A la vez, se han difundido supuestas declaraciones de funcionarios de la DEA que señalan que el CJNG es el “más rico del mundo”. Tal afirmación proviene de un reportaje publicado por Proceso que cita fuentes anónimas. La única referencia de autoridades estadunidenses sobre las capacidades económicas del CJNG o Los Cuinis (sus socios directamente involucrados en el negocio del trasiego de drogas) fue emitida por John E. Smith, un funcionario del Departamento del Tesoro, quien se limitó a declarar que son “una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México”.
Lo más preocupante no son los recursos económicos o el número de sicarios que trabajan para el CJNG, sino su aparente infiltración en instituciones de los tres órdenes de gobierno. En el marco de los resultados de evaluaciones de control de confianza —realizados en la segunda mitad de 2014 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)— se registraron probables vínculos criminales en cuatro municipios de Jalisco. Ante ello, en diciembre de 2014 el Ejecutivo estatal decretó la disolución de las policías municipales de Casimiro Castillo y Cocula. También hay reportes que sugieren que el CJNG realiza pagos que oscilan entre los cinco y 25 mil pesos para cada uno de los elementos de policía, según su rango, a cambio de protección para sicarios y líderes, así como información sobre las operaciones de la Fuerza Única Regional y Fuerza Única Metropolitana (las corporaciones policiales del gobierno estatal), la Gendarmería y la Policía Federal. El Poder Judicial no ha escapado a la influencia del CJNG. Si bien es cierto que algunas liberaciones de integrantes del CJNG —sobre todo la de Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de El Mencho— pudieron deberse a una deficiente integración de averiguaciones en el ministerio público, también hay indicios de soborno y colusión de jueces.
Desde que Felipe Calderón inició su estrategia de confrontación contra los principales cárteles en diciembre de 2006, hasta abril de 2015 se registraron en Jalisco cuatro mil 300 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Si se compara esta cifra con la de las demás entidades del país tenemos que Jalisco es la séptima con el mayor registro de ejecuciones, superada por Chihuahua (17 mil 19), Sinaloa (nueve mil 229), Guerrero (ocho mil 575), Nuevo León (cuatro mil 551) y Michoacán (cuatro mil 337). A pesar de que la violencia ha sido persistente en Jalisco durante los últimos años, su intensidad ha sido variable, no sólo en términos de frecuencia de incidentes, sino también en lo que se refiere a su ubicación.
Se pueden identificar cuatro fases en la evolución de la violencia del crimen organizado en Jalisco. Entre 2007 y 2009 se registró una expansión moderada de la violencia y ésta se dispersó hacia el interior del estado; de 2010 a 2011 se observó un crecimiento acelerado de la violencia, que llegó a niveles inéditos; de 2012 y 2013 la violencia se estabilizó; y finalmente inició una fase de descenso a partir de 2014. Con ligeras variaciones, tanto los registros de ejecuciones como los de homicidios dolosos —recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— dan cuenta de este comportamiento (ver gráfica 1).
Aunque no llegó a ser prioridad del gobierno federal porque su atención se concentraba en zonas con crisis más apremiantes como Baja California, Chihuahua y Michoacán, los niveles de violencia registrados en Jalisco hacia mediados de 2009 generaron una reacción. La respuesta gubernamental consistió en arrestar a dos líderes del Cártel del Milenio —Óscar El Lobo Nava Valencia en octubre de 2009 y de su hermano Juan Carlos El Tigre en mayo de 2010— y en abatir a Ignacio Nacho Coronel —principal operador del Cártel de Sinaloa en Jalisco y aliado de los Nava Valencia—. El descabezamiento de las organizaciones propició una disputa entre las facciones por el control del narcotráfico en la entidad. Los contendientes fueron dos de los brazos armados que anteriormente operaban bajo las órdenes de los Valencia y Nacho Coronel: por un lado, La Resistencia comandada por Ramiro El Molca Pozos, y por el otro el CJNG, liderado por Nemesio El Mencho Oseguera.
La disputa entre La Resistencia y el CJNG generó niveles de violencia inéditos en Jalisco: de 261 ejecuciones registradas en 2009, la cifra ascendió a 593 en 2010 y a 864 en 2011. Se multiplicaron también los ataques del crimen organizado contra autoridades de todos los niveles de gobierno, los hallazgos de fosas clandestinas, cuerpos desmembrados y mantas con mensajes dirigidos a criminales y funcionarios (ver gráfica 2).
La violencia del crimen organizado que apareció en Jalisco a partir de 2010 adquirió nuevas formas, cada vez más visibles y amenazantes. La noche del 15 de enero de 2011 un grupo de sicarios arrojó una granada al domicilio del director de Seguridad Pública de Chapala. Para evadir el operativo de las fuerzas estatales para detenerlos, los agresores incendiaron un camión y dos vehículos sobre la carretera Guadalajara-Chapala y detonaron dos granadas más —una en las instalaciones de la policía de Guadalajara y otra en un Ministerio Público de la misma ciudad—. En total fueron cinco ataques que se prolongaron hasta la madrugada del día siguiente. A los 10 criminales que finalmente fueron detenidos se les decomisaron 16 armas de alto poder, entre las que se encontraba un lanzacohetes y dos lanzagranadas; todos confesaron operar para La Resistencia. Se trató del primer “narcobloqueo” en la historia de Jalisco.
Aunque el saldo del incidente consistió únicamente en daños materiales, para muchos jaliscienses lo ocurrido el 15 de enero afectó la forma en la que percibían la amenaza del crimen organizado. No sólo porque había sucedido en Guadalajara, donde supuestamente los narcos operaban con mayor discreción, sino porque los agresores habían desafiado abiertamente a la autoridad y demostraron que eran capaces de repeler eficazmente un operativo en su contra.
El conflicto entre el CJNG y La Resistencia llegó a un punto crítico a finales de 2011. En noviembre, a pocas calles del recinto en el que se celebraba la Feria Internacional del Libro, fueron encontrados 26 cadáveres en tres camionetas. Los cuerpos estaban marcados en el tórax con la leyenda “Milenio Zetas”, lo cual indicaba que el incidente era una represalia a un hecho similar que el CJNG había realizado meses antes en Boca del Río, Veracruz. Además, advertía que un nuevo grupo criminal, formado por antiguos sicarios del Cártel del Milenio y de Los Zetas, entraba a la disputa por Jalisco. Para ese momento Guadalajara, junto con Ciudad Juárez, La Laguna, Monterrey y Tijuana, se había convertido ya en uno de los principales escenarios de violencia en el país (ver gráfica 3).
La combinación de varios sucesos propició que la violencia se estabilizara a partir de 2012, y que posteriormente disminuyera. Gracias al arresto de Ramiro El Molca Pozos en septiembre de 2012, se eliminó a La Resistencia, de modo que se extinguió uno de los bandos en conflicto. Por otra parte, el Cártel de Sinaloa rompió definitivamente con el CJNG, con lo cual este último perdió temporalmente su fuente principal de financiamiento, lo que redujo considerablemente su capacidad para sostener un conflicto de alta intensidad. En 2014 disminuyó significativamente la violencia, pero también ese año el CJNG logró su consolidación. En los primeros meses del año el Cártel de Sinaloa sufrió severos golpes por la detención de Joaquín El Chapo Guzmán y otros operadores importantes, lo cual le abrió al CJNG vías para establecerse como la principal organización criminal en Jalisco, Colima y el sur de Nayarit. Al mismo tiempo, en Michoacán Los Caballeros Templarios enfrentaban la ofensiva del gobierno federal y las autodefensas, lo que le dio al CJNG la oportunidad de expandirse hacia el sur. En este contexto fue que el CJNG, una organización que surgió como brazo armado y que no figuraba como un actor preponderante en el negocio del tráfico transnacional de drogas, ocupó velozmente los espacios abandonados por sus adversarios, y se convirtió en menos de un año en el principal productor y exportador de metanfetaminas en el país.
Los hechos del pasado primero de mayo han generado confusión en la opinión pública. La percepción generalizada es que el objetivo del operativo era la captura de Nemesio Oseguera. Sin embargo, ante el escape de El Mencho, las autoridades han optado por ser elusivas sobre la racionalidad de la operación. De acuerdo con un boletín de prensa publicado por SEDENA, la Operación Jalisco consiste en el despliegue de Bases de Operaciones Mixtas, Puestos de Seguridad Mixtos, Bases de Operaciones de Erradicación y Puestos de Vigilancia. Todo esto con la cooperación y coordinación del personal de SEDENA, SEMAR, PGR, PF y CISEN.
Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval expresó el primero de mayo en redes sociales que no se le había informado sobre los detalles de la logística ni sobre los alcances del operativo que se estaba implementando en el estado. Tres días después, Segob señaló como objetivos la captura de los integrantes de los grupos delictivos de la entidad, la desarticulación de sus redes y limitar sus fuentes de ingreso. Finalmente, el comisionado nacional de Seguridad y el comisionado de la Policía Federal señalaron como objetivo la desarticulación del CJNG por medio de su debilitamiento operativo, logístico y financiero, además de neutralizar a blancos prioritarios de ese grupo, en especial a su líder. Es probable que, ante los resultados insatisfactorios del intento de captura de El Mencho aquella madrugada, surgieran tensiones entre las distintas agencias del gobierno federal que participaron en el operativo. Estas tensiones explicarían la falta de coordinación que se ha observado en la difusión de los objetivos del operativo.
La exhibición del CJNG al repeler el operativo del primero de mayo y derribar un helicóptero del Ejército, y el alto número de bloqueos registrados ese mismo día, han generado la sospecha de que los criminales conocían los detalles del operativo. Al respecto, el gobernador Aristóteles Sandoval descartó que la filtración pudiera haberse originado en elementos estatales.
A los tres días del inicio del operativo el gobierno federal nombró como coordinador al general Miguel Gustavo González Cruz. Designar a una cara visible para coordinar el despliegue del gobierno federal en una entidad no es un paso irrelevante. Es una decisión que puede generar tensiones entre agencias y con autoridades estatales y locales. Como fuera el caso de Alfredo Castillo en Michoacán (un caso más extremo, donde incluso se decretó la creación una Comisión para la Seguridad), es probable que con el nombramiento del general González Cruz el gobierno federal busque evitar que las responsabilidades se diluyan entre varios mandos. Este nombramiento parece confirmar que, efectivamente, existen sospechas de que el CJNG tuvo de antemano información sobre el intento de captura del primero de mayo.
Después de los espectaculares ataques de las últimas semanas el Estado mexicano no tiene más alternativa que enfocar todos sus recursos disponibles en capturar a El Mencho, y en desarticular las principales redes operativas del CJNG. Es necesario mandar el mensaje de que los ataques de alto perfil, el uso de lanzacohetes, los bloqueos y los incendios provocados (en fin, todas aquellas acciones para generar miedo en la población) no serán tolerados. Sin embargo, es necesario tomar en consideración que el CJNG dispone de un número importante de sicarios. Si el gobierno tiene éxito en las operaciones de neutralización de capos, y el flujo de efectivo hacia el CJNG derivado de la exportación de drogas disminuye, es previsible que las células de sicarios busquen aprovechar sus capacidades (y la complicidad con elementos policiales, principalmente del ámbito municipal) para convertirse en mafias dedicadas a la extorsión de productores agropecuarios, empresarios ganaderos y mineros.
Por lo tanto, es fundamental que, de forma simultánea a los golpes a la cúpula del CJNG, se avance en la depuración de corporaciones policiales municipales y en la profesionalización de la policía estatal. En el corto plazo la acción más urgente en este sentido es avanzar en la intervención de los municipios en los que ya se identificó que se brinda protección institucional a los criminales (así como profundizar y extender la investigación a un mayor número de municipios y corporaciones). Posteriormente, será necesario plantear un nuevo esquema policial, probablemente el establecimiento efectivo de una policía única (que no sólo complemente, sino que reemplace a las fuerzas municipales), al menos en las regiones en las que el CJNG goza de mayor capacidad de operación.
Los recientes hechos de violencia en Jalisco implicarán un desafío para la realización de las elecciones del próximo 7 de junio. A diferencia de otras entidades, particularmente Guerrero, en las que el Instituto Nacional Electoral había contemplado desde meses atrás la posibilidad de hechos violentos, en Jalisco se contará apenas con algunas semanas para planear la respuesta ante una ofensiva criminal. En este caso el desafío trasciende la jornada electoral. El CJNG se ha caracterizado, en los últimos años, por su determinación para intimidar autoridades. Se tienen contabilizadas docenas de ataques en contra de ellas. Sólo en los primeros cuatro meses de 2015 fueron asesinados en distintos ataques 21 funcionarios públicos. Considerando este rasgo, y la capacidad financiera que se le atribuye, es difícil pensar que el CJNG no haya dedicado esfuerzos para asegurar la colaboración de funcionarios clave, y que esté buscando impulsar (siguiendo el ejemplo de sus antiguos rivales, Los Caballeros Templarios) las candidaturas de personajes vinculados a sus intereses. Evitar que candidatos cercanos al CJNG lleguen a ocupar sus puestos de elección popular —particularmente alcaldías en los municipios más conflictivos al sur y al poniente del estado— podría marcar una importante diferencia en el panorama de seguridad de Jalisco en los próximos años.
fuente.-Eduardo Guerrero Gutiérrez
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