La Policía Federal (PF) podría irse a un paro en fecha próxima. Al menos una parte de ella. Esto, por supuesto, sería ilegal: los militares y los policías no tienen derecho de huelga. Pero ello no impide que puedan bajar los brazos colectivamente en protesta por sus condiciones de trabajo.
Según mensajes que circulan en redes sociales, un grupo de policías federales estaría planeando irse a un paro el próximo 15 de octubre. La causa es el retraso en el pago de viáticos a elementos de las divisiones de fuerzas federales, seguridad regional, antidrogas, científica, investigación y Gendarmería, desplegados en buena parte del territorio nacional. Dependiendo de las versiones, el rezago sería de tres a cinco meses.
A esto se suma el retraso en el pago de un bono conocido como de operatividad, que no forma parte del paquete formal de prestaciones, pero que resulta un complemento de ingreso que los policías federales perciben como derecho adquirido cuando están desplegados fuera de su ciudad habitual de adscripción.
El movimiento ha generado suficiente ruido para que el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, publicara el siguiente llamado en redes sociales: “Que los buenos policías —que son aplastante mayoría— y sus familias, no se dejen influenciar por gente de nula vocación que piensa que promover culpas al interior de la institución de cuestiones externas a ella, es una buena práctica y ayuda a resolver problemas... He recurrido y sigo acudiendo —junto con nuestra área administrativa— a las instancias que permitan atender el reclamo de compañeros que están desplegados en todo el país”.
No es la primera vez que los viáticos o la operatividad generan descontento en las filas de la PF. Se han registrado protestas por esos pagos (y los rezagos en cubrirlos) desde al menos 2009. En 2010, hubo una insubordinación abierta de policías federales desplegados en Ciudad Juárez. En 2017, se generó una petición para exigir la renuncia del titular de la división de fuerzas federales por el retraso en el pago de las operatividades del año previo.
La PF no es la única corporación que enfrenta conflictos de esa naturaleza. De acuerdo a un reporte de la organización Causa en Común, se han registrado 107 emplazamientos a paros en policías estatales o municipales entre enero de 2017 y septiembre de 2018. En 73 casos, se registró un paro efectivo de labores. Ha habido un paro o emplazamiento a paro en ese periodo en todas las entidades federativas, con la excepción de la Ciudad de México.
Estos problemas se explican en parte por la corrupción: hay muchos casos documentados de mandos que han medrado con el presupuesto de las corporaciones. También por la ineficacia de los procesos administrativos: muchos policías tienen historias de horror sobre las barreras burocráticas que deben saltar para cobrar viáticos, bonos o incluso el salario.
Pero, sin menospreciar esas causas, hay un asunto más de fondo: no invertimos en nuestras policías. Todo el gasto en todas las corporaciones de todos los niveles se ubica en torno a 90 mil millones de pesos (aproximadamente 0.4% del PIB). Eso equivale, grosso modo, a 18 mil pesos en promedio por policía por mes para todo: sueldos, prestaciones, bonos, equipo, formación, instalaciones, etcétera. Así no se puede.
Pero al parecer así va a seguir. En un evento público, realizado esta semana, el futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que no habrá más recursos para el sector en el futuro próximo.
No hay entonces más que una conclusión: seguirán las penurias para los policías. Y con ellas, los paros, la indisciplina y, en algunos casos, la corrupción.
Ahorrar en sus policías es un lujo que el país no se puede dar.
Fuente.-A.Hope(Imagen/web)
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