El subprocurador de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, afirmó, en particular, que si Duarte hubiera enfrentado un juicio, hoy probablemente estaría de vacaciones en Miami por el criterio de la SCJN que califica como prueba ilícita la información bancaria obtenida sin orden judicial.
"Nos han hecho valer ese criterio retroactivamente, diciendo 'como no lo citaste a través de juez de control, prueba ilícita'. Maravilloso. A mí me parece que eso es generar impunidad, eso es impunidad", dijo en rueda de prensa.
"¿Qué pasa si nos vamos a juicio oral y en la audiencia intermedia nos dicen prueba ilícita? ¿Saben qué? Ahorita Duarte estaría en Veracruz vacacionando o en Cancún o en Miami".
Muñoz se quejó de que, en su momento, la PGR trató de que el juez federal Gerardo Moreno García autorizara la obtención de la información bancaria de Duarte y que el juzgador respondiera que aún no era el momento procesal adecuado para requerirla.
La Procuraduría ya contaba con esta información y la había obtenido legalmente con base en las normas vigentes, sin embargo, trataba de evitar poner en riesgo el caso contra el ex Gobernador porque en noviembre del año pasado la Corte había emitido el criterio de invalidar este tipo de información sin el control judicial.
De acuerdo con el subprocurador, la aplicación de esta tesis aislada del máximo tribunal ha ocasionado que la PGR detenga la consignación de al menos 20 averiguaciones previas relacionadas con los presuntos desvíos en la Administración de Duarte.
"Nuestro sistema de justicia penal cuida mucho a los delincuentes, perdón, la presunción de inocencia", dijo.
"Eso es lo que todos querían, un sistema de justicia penal garantista, (pero) nuestro Poder Judicial lo ha llevado a un hipergarantismo".
Admiten indagatoria mal integrada
Muñoz reconoció que la investigación original contra Javier Duarte por lavado y asociación estuvo tan mal integrada que, incluso, considera sorpresivo que se girara la orden de aprehensión.
Precisó que esta indagatoria fue integrada por la anterior gestión de la PGR encabezada por Arely Gómez, ya que cuando él fue nombrado en el cargo tenía un mes de que se había ordenado la captura del veracruzano.
"Cuando nosotros llegamos, esta Administración con el doctor Raúl Cervantes nos encontramos con una carpeta de investigación mal integrada y lo digo así, mal integrada, en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita", indicó.
"Y cuando digo mal integrada, incluso a mí me sorprendió que haya librado las órdenes de aprehensión, pero la perfeccionamos".
De acuerdo con subprocurador, el caso originalmente consignado comprendía casi 500 millones de pesos lavados en parcelas en Campeche y, al final, el dinero lavado fue decomisado tanto en inversiones inmobiliarias como en cuentas bancarias, lo cual ascendió a mil 376 millones 83 mil 206 pesos.
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