Con toda probabilidad, la Ley de Seguridad Interior será aprobada mañana. Con toda probabilidad, será promulgada antes de Navidad. Esa es una mala noticia, pero no puede ser el final del proceso. Hay aún muchos pleitos que dar.
Vendrán varios retos judiciales a la ley. Vendrán controversias constitucionales y vendrán amparos. Algunos se perderán, otros se ganarán. Al final del día, esta norma podría morir en los tribunales.
Pero ese final y ese día podrían tardar en llegar. En lo que llega, hay que llevar la discusión al ámbito político. Y allí se imponen dos tareas.
En primer lugar, hay que relanzar la discusión sobre la reforma policial. Escribí sobre eso el viernes pasado y no quiero sonar reiterativo, salvo para decir lo siguiente: la tarea más urgente y la que nos puede sacar más rápidamente de este brete es reiniciar la construcción de la Policía Federal (PF) y duplicar su tamaño.
Segundo, si las Fuerzas Armadas no van a regresar a los cuarteles en el futuro previsible, es indispensable encontrar fórmulas para fortalecer el control civil sobre el aparato militar.
En los años cuarenta del siglo XX, cuando los generales le trasladaron el poder a los civiles, se labró un arreglo implícito: los militares decidieron no involucrarse en política y, a cambio de ello, los civiles se alejaron de los asuntos castrenses.
Ese pacto no escrito le sirvió muy bien al país durante varias décadas. No está de más recordar que no ha habido en México un cambio violento de gobierno desde 1920. No ha habido una rebelión militar desde 1938. No ha habido un uniformado en la Presidencia desde 1946. En América Latina, no son triviales esos datos.
Pero ese arreglo tenía una premisa implícita: el mandato de las Fuerzas Armadas tenía que ser limitado. Y eso, para bien o para mal, se acabó hace (al menos) una década. Hoy, los militares se involucran en varios temas que rebasan su área natural de competencia, desde la seguridad pública hasta la protección civil, pasando por la asistencia social.
En consecuencia, la línea entre lo civil y lo militar es mucho más tenue de lo que era. Ejemplo: esta misma semana, los más altos mandos del Ejército y de la Marina se pronunciaron sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de amnistiar a delincuentes. Las apreciaciones del general Cienfuegos y el almirante Soberón pueden ser correctas, pero no pueden alegar que no son declaraciones políticas.
En consecuencia, se ha vuelto indispensable revisar el viejo arreglo. Eso implica varias cosas. Por ejemplo:
1. Acabar con el anacronismo de tener dos secretarías militares y fusionarlas en una sola secretaría de defensa.
2. Crear un estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas
3. Nombrar a un civil como secretario de defensa
Esto puede sonar revolucionario, pero no lo es. En América Latina, sólo hay dos países que nunca han tenido un civil a la cabeza de su ministerio de defensa: México y Guatemala. Somos la gran anomalía en la región.
También somos anómalos en otro sentido: gastamos muy poco en nuestras Fuerzas Armadas, mucho menos como proporción del PIB que casi cualquier otro país latinoamericano.
Entonces, tenemos allí los términos potenciales de un nuevo arreglo: más presupuesto a cambio de más control civil.
¿Puede suceder mañana? Tal vez no. Tal vez se requiera una transición donde gradualmente crezca el presupuesto de defensa y se incorporen los civiles a los asuntos militares. Tal vez el primer secretario civil tendría que ser un militar en retiro.
Pero un hecho es claro: el viejo arreglo ya no funciona bien. Ya no le sirve ni a civiles ni a militares. Y toda esta discusión sobre la ley de seguridad interior lo acabó de demostrar.
Fuente.-alejandrohope@outlook.com
@ahope71 (Imagen/Internet)
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