Un juez de distrito determinó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR) incumplió con la orden de cateo al edificio del First National Security
Explicó que la medida fue concedida el 6 de octubre a las 17:09 horas con un plazo de ejecución de 72 horas; sin embargo, la autoridad ingresó al edificio de la empresa a la 1:30 de la mañana del 9 de octubre, es decir, ocho horas con 21 minutos después de que expiró.
Asimismo, el juez séptimo de distrito en Quintana Roo, Darío Alejandro Villa, estableció que la orden también se incumplió toda vez que ésta dictaba “catear el inmueble”, mas no “las cajas ahí resguardas”.
Agregó que en la solicitud hecha por Édgar Rivero Díaz, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la vigésimo tercera oficina investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Ciudad de México, nunca se informó que la firma operaba como “una negociación mercantil abierta al público en general, dedicada al arrendamiento de cajas de seguridad”.
El fallo agrega que el juez de distrito que libró la orden de cateo puso restricciones a la Seido al solicitarle en él que “en caso de no encontrar instrumentos de objeto o productos de los delitos ni de los bienes en los que existan huellas o relacionados con los hechos de investigación, el presente acto de investigación no puede ser invocado como fundamento para decretar el aseguramiento de personas, cosas o inmuebles”.
Además, solicitó “que los bienes de propiedad privada no relacionados con dicha indagatoria deben permanecer intactos”.
El juez Villa demandó al agente del MP, Rivero Díaz, en un plazo de tres días hábiles, es decir, a más tardar el próximo lunes, entregar “la autorización judicial para abrir las cajas y remita copias donde se justifique que la investigación está dirigida a cada uno de los propietarios”.
Añade que es “evidente que el juez de control (que giró la orden) no autorizó el aseguramiento y apertura de ninguna caja de seguridad”.
RENTABA ESPACIOS
Alfredo Cuéllar, abogado defensor de First National Security, reconoció que la empresa no está obligada a tener una “autorización especial” ante alguna autoridad federal, en particular con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puesto que únicamente “rentaba espacios” sin conocer lo que en su interior se guardaba.
En entrevista con MILENIO informó que al día de hoy, un mes después de que la Seido incautó el inmueble ubicado en Plaza América de Cancún, no les ha “mostrado una orden ni lo que buscan ahí dentro”.
A principios de octubre, la PGR ejecutó una orden de cateo por una línea de investigación de delitos contra la salud y delincuencia organizada para incautar los bienes económicos de Leticia Rodríguez, Doña Lety, líder de un grupo criminal que azota la zona norte de Cancún.
“La empresa es una sociedad mercantil, como existen muchísimas sociedades en México. Se dedicaba a la renta de cajas, es decir, al arrendamiento de cajas para que la gente pueda guardar lo que considere que es valioso. Esto es un poco de lo que ha hecho la empresa, todos los papeles están en orden, están en el Registro Público, cuenta con todo”, dijo.
—¿Por qué no están regulados ante la CNBV o algún órgano de la Secretaría de Hacienda?
—Desde nuestro punto de vista no existe esa obligación, evidentemente respetando la posibilidad de interpretarse diferente, pero este tipo de actividad no implica una autorización especial, porque hay que interpretar muy bien lo que hacía la empresa: la empresa no puede saber lo que hay dentro de las cajas porque es parte de lo que la empresa oferta, es decir, si supiera lo que hay dentro de las cajas tengo que cumplir otro tipo de reglamentación. Si me entregan 15 pesos para que yo los guarde, ahí conozco el contenido.
“La empresa lo que hace es rentar espacios, un espacio para que guarden lo que ellos consideran que es valioso. Si quieren guardar un oso de peluche, una carta, un reloj, dinero, es una decisión de las personas que arriendan esas cajas”.
El litigante indicó que si la autoridad se hubiera presentado a las oficinas de la firma con una orden de cateo dirigida hacia uno de sus usuarios, le hubieran entregado los bienes, pues tenía un respaldo judicial derivado de una investigación.
“La empresa nunca va a estar en contra de que se aplique la ley, de que se combata a la delincuencia en cualquiera de sus formas, es una obligación del estado, de los ciudadanos coadyuvar en esto que vulnera a la sociedad en su conjunto”, aseguró.
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