La efectividad de la Procuraduría
General de la República al investigar a militares es casi nula.
En un informe liberado hoy, la
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en
inglés) señala que entre 2012 y 2016, la PGR inició 505 investigaciones contra
soldados por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra civiles.
En tanto, en el mismo periodo,
WOLA sólo pudo identificar 16 sentencias condenatorias para esos mismos casos
en el sistema de justicia civil.
"Quiere decir que en cuatro
años, la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones y que aún
queda mucho por hacer para que las víctimas puedan ejercer sus derechos a la
verdad y justicia", plantea el documento.
Titulado "Justicia Olvidada.
La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en
México", el informe critica las discrepancias en cuanto a las cifras
oficiales.
Mientras que la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) reportó que envió mil 835 casos a la PGR por no tener
competencia para investigarlos, la Procuraduría sólo tiene registro de 84.
"Por su parte, el PJF (Poder
Judicial de la Federación) afirma que entre 2012 y 2016 recibió de la Sedena
829 casos en que las autoridades militares se declararon incompetentes, pero
los jueces civiles sólo aceptaron 314 de esos casos", abunda WOLA.
Pese a ello, la organización
estadounidense estableció que 505 investigaciones civiles contra militares, la
gran mayoría, 268, fueron por tortura; 121 por abuso de autoridad; 37 por
desaparición forzada; 31 por violencia sexual, y 17 por homicidio, mientras que
el resto abarca extorsión, privación ilegal de la libertad, robo y allanamiento
de morada.
En tanto, de las sentencias
condenatorias que WOLA encontró, 7 fueron por encubrimiento de violaciones a
derechos humanos y destrucción de cadáver; 3 por desaparición forzada, 3 por
homicidio, 2 por lesiones y allanamiento, y una por violación.
El informe identifica al menos
tres acciones militares que impiden las indagatorias civiles: el inicio de
investigaciones militares paralelas, la dificultad para que los soldados
declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil, y que éstos
alteran escenas del crimen o declaran falsamente.
Como ejemplo, la organización
menciona tres investigaciones en el fuero civil que enfrentan obstáculos: la
desaparición de siete jornaleros en Calera, Zacatecas; la ejecución de un
huachicolero que ya estaba sometido en Palmarito, Puebla, y el caso Tlatlaya.
En este último, por ejemplo,
además de que los soldados alteraron la escena de los hechos, una víctima tuvo
que interponer un amparo para conocer el expediente que se tenía en el fuero
militar, el cual contenía información que no había sido compartida.
La Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos critica también que las investigaciones civiles no
profundicen en la cadena de mando para investigar a superiores jerárquicos.
Al respecto, sólo encontró un
caso en que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por desaparición
forzada y otro en que se condenó a un subteniente de infantería por el mismo
delito pero en Nuevo León.
fuente.-
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