Salvador Cienfuegos, General y Secretario de la Defensa Nacional desayunó y habló con los medios de comunicación, advirtió: “No estamos a gusto con la persecución de delincuentes, no estudió el Ejército para eso, nuestra función es otra, nos están desnaturalizando ya que nuestra tarea es otra, porque no hay quien las pueda hacer, no levanto una sino las dos manos para decir que nos regresen a los cuarteles”.
“Nuestros soldados están pensando si enfrentan a los delincuentes con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos y/o que les sale más barato que se les procese por no desobedecer”.
El Presidente Enrique Peña Nieto responde en forma cantinflesca: “…más allá del contexto o la descontextualización que hubiesen hecho o expresado, coincido plenamente con él” al final de su exposición sin embargo las fuerzas armadas se quedarán en las calles.
Inmediatamente los Senadores de la República se aprestan a “analizar en foros regionales ya” el tema para que en período extraordinario aprueben una Ley de Seguridad Interior, con la eficiencia que los caracteriza la iniciativa de Ley estaría aprobada en la segunda quincena de enero de 2017.
Lo anterior es increíblemente brillante, ni en Noruega, Bélgica u Holanda tendrían tan alta eficacia para trabajar nuestros legisladores y políticos. Pero estamos en México.
Lo que me hace suponer una perfecta sincronía entre Cienfuegos, Peña Nieto y los líderes del Senado para dar un carácter legítimo a la presencia de las fuerzas armadas en las calles, conscientes de la protesta social, la violencia por los grupos criminales, la deficiente actividad de las policías locales y regionales, incluso la Gendarmería; el contubernio de gobiernos municipales y estatales con bandas del crimen, y el último ingrediente -más explosivo que los anteriores- la aparición de ciudadanos que hacen justicia por su propia mano, en camiones de transporte, restaurantes populares, en plazas públicas de localidades alejadas del centro cada día los ciudadanos aplican la ley por su propia mano, hartos de asaltos, secuestros y ausencia de autoridades.
El próximo año 2017 México enfrentará –por las causas que sabemos- situaciones de mayor tensión y violencia, de mayor participación y protesta social, los caminos recorridos desde hace diez años han enseñado una gran lección; el Ejército actúa sin protección legal frente a los organismos ciudadanos y de Derechos Humanos, los daños colaterales son incuantificables y la experiencia inmediata anterior nos dice que la situación se va a poner peor.
Solo para recordar algunas cifras de los últimos 10 años: 52 mil efectivos movilizados, 84 operaciones regionales para disminuir la violencia (¡?); el ejército mata a 8 por cada uno que hiere, 12,400 quejas ante la CNDH, el involucramiento no esclarecido del Ejército en Ayotzinapa y la exoneración que se les dio en el caso de Tlatlaya.
Qué mejor que fortalecer legítimamente un Estado de excepción; frente a un Estado fallido, una presidencia muy débil y un liderazgo político ausente.
Es el riesgo de contar con un Presidente que no puede gobernar con más del 70% de rechazo, la debilidad institucional solo puede venir de quienes detentan el monopolio de la violencia de forma institucional. Lo altamente peligroso es la criminalización de la protesta social que vendrá de la mano de lo anterior.
A una década de fracasos en el tema, hoy se pretende hacer legítimo lo que hoy, en este momento no lo es. Darle la vuelta a la Constitución y gobernar con el Ejército a la población civil.
La más cercana vez que se gobernó con el Ejército fue con Victoriano Huerta, es decir se militarizó la vida ciudadana, el período de Huerta fue del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914, con los resultados que conocemos. Una historia de traiciones que se puede repetir.
Fuente.-Raul Caraveo Toledo
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