Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá este miércoles amparar a Jaime Lemus García, quien fue sentenciado a 10 años de prisión acusado de ser intermediario del general brigadier Juan Manuel Barragán Espinosa con integrantes del cártel de Sinaloa, quienes buscaron sobornar a Guillermo Galván, ex secretario de la Defensa Nacional, y a Marisela Morales, ex procuradora general de la República.
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Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará un proyecto de sentencia a sus homólogos de la Primera Sala, en el cual expone que hay elementos que hacen presumir que en este asunto se violó el debido proceso, motivo por el cual debe revocarse la sentencia.
De aprobarse la propuesta de Pardo, el asunto deberá volver a ser analizado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, que puede abrir la puerta para que Lemus abandone el Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS Guanajuato”, en el que permanece recluido desde hace cuatro años.
En el expediente penal se menciona que uno de los testigos, un Policía Judicial Militar encubierto, denunció que Barragán Espinosa prometió a los miembros del cártel de Sinaloa conseguir una “entrevista” con el general Galván, pero al final Barragán no quiso cumplir su palabra.
Otro declarante, un enviado del cártel de Sinaloa, mencionó que él “traía el mandato” de ofrecer 15 millones de dólares a Morales a cambio de protección, pero esto tampoco se pudo concretar.
Barragán fue sentenciado a 16 años y medio de prisión y al pago de una multa de 19 mil 920 pesos por delitos contra la salud en grado de tentativa y abuso de autoridad, por lo que también fue inhabilitado del servicio público y dado de baja del Ejército.
LOS ALEGATOS
En la demanda de amparo que Lemus presentó ante el Sexto Tribunal Colegiado, el litigante alegó que se vulneraron sus derechos humanos de igualdad y seguridad jurídica y de debido proceso; que las declaraciones de un testigo colaborador no merecían valor probatorio, ya que carecían de confiabilidad y verosimilitud.
Asimismo, reclamó que no se expusieron de forma clara ni precisa las circunstancias espacio-tiempo de la conducta que se le imputó y que fueron ilegales las pruebas que se obtuvieron en la averiguación previa que inició la Procuraduría General de Justicia Militar, porque fueron recabadas por el decimoprimer agente investigador, quien afirmó contar con el grado de Mayor de Justicia Militar, lo que es insuficiente para desempeñar el cargo de Ministerio Público Militar Adscrito.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado declaró infundado los alegatos; por esa razón, Lemus promovió un amparo directo, mismo que llegó a la Corte.
El 11 de enero de 2012, la PGR comenzó la averiguación previa contra Lemus, es decir, minutos después de que el Ministerio Público Federal recibió el desglose de la indagatoria contra el general Manuel Barragán, iniciada en la Procuraduría de Justicia Militar.
Tras recibir el desglose, el Ministerio Público Federal ordenó la localización y presentación del abogado.
EL ANÁLISIS
En el proyecto del ministro Pardo se menciona que dicha determinación, que pudiera haber tenido sustento en lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, se tergiversó, porque al ejecutarse la orden, los policías de investigación indebidamente pusieron a disposición del Ministerio Público Federal al quejoso, en calidad de retenido hasta en tanto se resolviera su situación jurídica.
“En consecuencia, es incorrecta la determinación del Tribunal Colegiado, al estimar que la detención del quejoso no era arbitraria, al tener apoyo en la citada orden de búsqueda localización y presentación, pues del análisis del caso, es inconcuso que fue detenido fuera del marco constitucional y legal aplicable”, indica el proyecto del ministro.
Por tanto, Pardo estima que la Primera Sala debe revocar la sentencia con el fin de que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, emita otra en la que determine que la detención del quejoso fue ilegal, y por tanto, la declare nula, así como ilegales las pruebas que se relacionen de manera inmediata y directa con la misma, para luego resolver lo que en derecho proceda.
Según el expediente del caso, la reunión para acordar cómo sobornar al titular de la Sedena se realizó el 21 de noviembre de 2011, en la oficina del abogado; el 21 de diciembre del mismo año se concertó una cita con un funcionario de la PGR, al que se le entregó una bolsa de marca de diseñador en cuyo interior había 12 mil dólares enviados por parte “del patrón” (Joaquín El Chapo Guzmán).
El enviado del cártel de Sinaloa preguntó al funcionario de la PGR “cuánto costaba el acercamiento” con la titular de la procuraduría, “pues traía el mandato de 15 millones de dólares”, a lo que el funcionario respondió que era muy poco dinero.
EU SOLICITA EXTRADICIÓN DE "EL GÜERO"
Cleofás Alberto Martínez Gutiérrez, El Güero, identificado como el segundo al frente del cártel del Golfo, en Reynosa, Tamaulipas, y quien presuntamente desde la Ciudad de México coordinó un ataque contra las fuerzas federales en marzo pasado, para evitar la detención de su jefe Juan Manuel Loza Salinas, El Comandante Toro, fue notificado que Estados Unidos lo solicitó en extradición.
Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Dirección de Asuntos Internacionales e Interpol, cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición contra El Güero, debido a que una corte estadunidense pretende juzgarlo por delitos contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El mandamiento judicial fue librado por el juez Decimocuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y se ejecutó en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde Martínez permanece recluido.
El 13 de marzo de este año, El Güero fue detenido por elementos de la Policía Federal cuando se encontraba en la Ciudad de México presuntamente cerrando negocios, de fiesta y apostando una buena cantidad de dinero en el Hipódromo de las Américas.
Con información de: Rubén Mosso/México.
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