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Los mexicanos no deberíamos resignarnos a mirar sin inmutarnos la dejadez de distintas autoridades —penales, administrativas, fiscales, electorales o políticas— frente a las gruesas acusaciones de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, vinculación con la delincuencia, cohecho, tráfico de influencias y el catálogo completo de delitos contenido en el Código Penal que los candidatos se lanzan en cada temporada electoral.
No deberíamos consentir que so pretexto de informar a los ciudadanos y granjearse el voto los políticos protagonicen un auténtico torneo de corrupción, como si se tratara de escoger al más ladrón para hacerlo gobernador, alcalde o legislador, sin que autoridad alguna intervenga para castigar con severidad ejemplar a quienes son exhibidos como corruptos, o de ser el caso sancionar a quienes los calumnian.
En las campañas rumbo a los comicios del 5 de junio hemos presenciando una feria de acusaciones sumamente graves, la cual ha configurado una especie de paraíso de la impunidad y la prevaricación.
Porque ninguna autoridad federal o estatal, de Arely Gómez y Miguel Osorio Chong, pasando por Aristóteles Núñez, Lorenzo Córdova y muchos más, se ha sentido obligada a ejercer sus atribuciones para indagar la veracidad de las denuncias.
Como respuesta a escandalosos señalamientos públicos los imputados se limitan a repetir, a modo de conjuro, “¡guerra sucia!”, con lo cual consiguen paralizar a las autoridades, por si en alguna de éstas pudiera haber latido un leve, imperceptible impulso justiciero.
Por estos días hemos escuchado, con persistencia y profusión de detalles, que Miguel Ángel Yunes Linares ha amasado en la política y el servicio público una fortuna superior a 500 millones de pesos en ranchos, casas, departamentos en el país y el extranjero, terrenos, yates y una larga lista de fabulosas propiedades presumiblemente mal habidas.
No estamos ante acusaciones nuevas, sino de vieja data. A lo largo de su carrera Yunes Linares ha sido señalado como uno de los políticos y funcionarios más corruptos, que ha pasado por delicadas áreas de seguridad pública y se halla ahora en la antesala de una gubernatura debido a la indolencia —¿o complicidad?— de los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.
¿Tienen sustento las denuncias en contra de Yunes Linares? ¿Es víctima de una asquerosa campaña de interesados en manchar su reputación quizá para ocultar sus propias fechorías? Enigma.
En medio de la podredumbre en que real o supuestamente chapalea el candidato del PAN y PRD al gobierno de Veracruz no han dado señales de utilidad alguna la PGR, el SAT, la Secretaría de Gobernación ni otras muchas instancias a las cuales corresponde intervenir en el caso.
Tampoco han dicho ni una sola palabra sobre el talante del abanderado de sus institutos políticos Ricardo Anaya ni Agustín Basave, no por ignorancia de la noción de responsabilidad política ni de las obligaciones estatutarias o legales de los partidos, sino por conveniencia pura y dura, lindante con la complicidad punible, frente a la cual el INE aparece como una costosa entelequia que ni para ornato sirve.
Menudean denuncias de que en Puebla busca llegar al poder Antonio Gali Fayad, a quien sus adversarios señalan -no se sabe si con razón o sin ella porque nuestro estado de derecho es una quimera— de antrero enriquecido hasta la indecencia y vinculado con cárteles de las drogas.
A este aspirante a gobernador se le atribuyen propiedades en Puebla, Miami, Acapulco y la Ciudad de México, jet privado y otros lujos, mientras el acomodaticio Javier Lozano Alarcón le endilga a la priista Blanca Alcalá una larga lista de delitos, a cual más grave. Todo, en medio de un hondo vacío legal y de autoridad.
Por los medios de información nos hemos enterado, por voz de Leticia Herrera Ale, que en 2003, en Durango, el ex priista José Rosas Aispuro traicionó a los suyos y a Carlos Herrera Araluce, y vendió en cinco millones de pesos su respaldo al entonces candidato a gobernador Ismael Hernández Deras. Trasnochada acusación que, sin embargo, pinta la política como actividad propia de filibusteros, y acerca de la cual nada han dicho los partidos ni las autoridades electorales o administrativas.
Y nos hemos enterado asimismo los ciudadanos de que en Oaxaca José Murat Hinojosa, hijo de José Murat Casab, ha heredado no solamente la inconmensurable fortuna material de su padre —depredador de la política y la cosa pública— sino también su capital político.
Además de que, en que en un rapto de sinceridad o estulticia el retoño de Murat declaró ingresos por 12 millones de pesos anuales, en greña, y 8 millones netos, ¡sólo por sueldo! como titular del Infonavit.
En Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido identificado como pieza clave de la delincuencia organizada, un criminal en el sentido más amplio de la expresión, asaltante a mano armada y fichaje en Estados Unidos. Todo lo cual ha pasado de noche para autoridades omisas en corroborar o desmentir tales versiones y castigar a quien corresponda.
NOTA RELACIONADA:
Otro tanto ocurre con candidatos de diverso signo partidista en Sinaloa, Tlaxcala, Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua, Hidalgo y Zacatecas, donde “traidor” es la palabra más suave que se lanzan los candidatos unos a otros.
En los prolegómenos del proceso electoral dirigentes del PRD pidieron a la PGR y Gobernación que expidiesen credenciales de aptitud y honradez a sus candidatos. Aspiraban a que el gobierno hicieran el trabajo que a ellos corresponde en primera instancia: cuidar la honradez y honorabilidad de sus abanderados. Tuvieron razón al batearlos las instancias oficiales.
Otra cosa muy distinta es, en cabio, el alud de denuncias proferidas por candidatos y dirigentes con nombre y apellidos, en contra de políticos también identificados de manera nominal. Frente a esto la autoridad está obligada a actuar, no a sacarle el cuerpo.
De otro modo, los mexicanos tendremos derecho a preguntarnos si con el aval del gobierno federal llegarán al poder en los estados ladrones, asaltantes, lavadores de dinero, miembros de la delincuencia organizada y otros prohombres.
Fuente.-aureramo@cronica.com.mx
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