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Justo cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto acelera la extradición de Joaquín Guzmán Loera —que podría ocurrir este mes— una bomba amenaza con complicar ese proceso, tanto a las autoridades mexicanas como a las de Estados Unidos.
Las declaraciones de la hija mayor del Chapo Guzmán, Rosa Icela Guzmán Ortíz, al diario inglés The Guardian, en las que acusa la existencia de “un pacto con el gobierno”, según el cual el capo entregó dinero a campañas políticas para no ser molestado, además de “un acuerdo” para su fuga del penal del Altiplano, remiten obligadamente a dos preguntas que el gobierno de Peña no ha podido o no ha querido responder: ¿Quién pactó con El Chapo?, y ¿quién lo ayudó a escapar?
Porque la hija del narcotraficante habla de “cheques entregados (por su padre) a la campaña de un político” y amaga con hacer públicos esos documentos, lo que exhibiría la inacción del gobierno de Peña Nieto contra la red de complicidad política que protegió al Chapo; pero, al mismo tiempo, la joven empresaria radicada en Estados Unidos, donde fue entrevistada, revela que durante los 6 meses que estuvo prófugo, después de fugarse del penal de máxima seguridad, Joaquín Guzmán habría entrado a territorio estadunidense, al menos en dos ocasiones durante 2015, y hasta se dio el lujo de comprar una propiedad en California cuando se suponía que era “el delincuente más buscado por la DEA”.
“Mi papá depositó el dinero en una cuenta de un banco a través de un abogado y, un tiempo después, vino a ver la casa (en California), su casa. Vino dos veces (en 2015)”, dice segura Rosa Isela Guzmán, en una afirmación que cuestiona y pone en entredicho todo el discurso de la DEA y de todas las agencias de seguridad e inteligencia del gobierno de Estados Unidos, que decían “buscar en todo el mundo al Chapo” y que ahora presiona porque México lo envíe extraditado, cuando entró en dos ocasiones a su territorio, según el dicho de su hija, y hasta compró una propiedad sin que nadie en la administración Obama se enterara.
Así de graves y fuertes son las afirmaciones de la hija mayor de Joaquín Guzmán Loera; tanto, que golpean a los gobiernos de los dos lados de la frontera. En México porque la administración Peña Nieto tendría que explicar por qué en todo este tiempo no ha podido o no ha querido documentar y actuar contra los políticos con los que El Chapo tenía pactos y a los que financiaba a cambio de protección, además del “acuerdo” que le permitió fugarse de un penal de máxima seguridad sin que nadie se enterara. Y en Estados Unidos porque las exigencias con las que Washington y sus agencias de seguridad han presionado y cuestionado a México por la cabeza de este tipo de narcotraficantes —siempre con un aire de superioridad “moral”— quedarían burdamente exhibidas si es verdad que Guzmán Loera se burló de todos los sistemas de inteligencia y seguridad del país más poderoso del mundo y entraba y salía a placer del territorio estadounidense. ¿De qué lado de la frontera responderán primero a los dichos de la hija del Chapo que desnudan y exhiben incapacidad o corrupción en los dos gobiernos? ¿Quién va a tirar la primera piedra?
Fuente.-Salvador Garcia Soto/
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