Hace dos semanas, con motivo de su visita a la Gran Bretaña, el presidente Enrique Peña Nieto concedió una entrevista al periódico inglés Financial Times en la que afirmó que en México “hay incredulidad y desconfianza” en lo que se refiere a diversas acciones de gobierno. Días antes, también en ese diario, el secretario de Hacienda,Luis Videgaray, sostuvo lo mismo: dijo que la solución de los problemas de México pasa por el tema de la confianza, más allá de las reformas.
Mexico,D.F 15/Mar/2015 A raíz de las declaraciones del secretario de Hacienda, en este espacio se opinó que es la realidad de todos los días, los hechos, la que construye o destruye, en este caso, la confianza de los gobernados en su gobierno; que es la constancia en los hechos la que produce la certeza, y ésta la confianza o la desconfianza.
Hoy, luego de los hechos ocurridos en Michoacán durante la semana, existe certeza de que en México se requiere violar la ley para presuntamente obtener justicia. En otras palabras: el crimen sí paga. O lo que sería un mal consejo: declárese “luchador social” por cualquier causa y olvídese del cumplimiento de la ley.
La noche del pasado lunes 9 de marzo Hipólito Mora, uno de los fundadores de las llamadas autodefensas en el estado de Michoacán, salió del penal “Mil Cumbres”, luego de que el magistrado de la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia, Víctor Barragán, revocó el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de homicidio calificado, presuntamente cometido el 16 diciembre de 2014 en la comunidad conocida como La Ruana, en Buenavista Tomatlán, en un enfrentamiento en el que fueron asesinadas 11 personas, por lo que fue consignado con otros 26 de sus seguidores. La razón: la legítima defensa, porque no se pudo determinar cuál de los grupos involucrados en la balacera inició el ataque. (Por cierto, nada más por cierto, el 6 de enero de 2015, el entonces comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, hizo declaraciones en el sentido de que en esos hechos quien disparó primero fue Manuel Mora, hijo deHipólito Mora).
La presunta legítima defensa fue la muy conveniente razón para que al día siguiente Luis Antonio Torres González, El Americano o Simón, y nueve miembros de su gavilla fuesen declarados también formalmente libres por los mismos hechos, por el mismo magistrado Víctor Barragán.
En otras palabras, el 16 diciembre hubo un enfrentamiento a balazos en La Ruana, Michoacán, entre dos grupos encabezados, respectivamente, por Mora y Torres, en el que hubo 11 personas muertas, entre ellas Manuel Mora, hijo de Hipólito. Los agresores y agredidos (ahora, según el citado magistrado, todos fueron agredidos y todos se defendieron) son presuntamente miembros de esa entelequia llamada Fuerza Rural, producto gubernamental de las llamadas autodefensas, de las que —sin el menor signo de arrogancia, aunque así lo parezca— aquí se advirtió de sus riesgos y la descomposición social que significan, aunque en aquel momento hubieran sido muy bien recibidas por la corrección política como parte de la organización y la defensa del “pueblo bueno” harto de sus gobiernos.
Bien, hay que insistir: el 16 de diciembre de 2014 en La Ruana, Michoacán, hubo 11 asesinatos y no hay responsables. Los indiciados por esos homicidios, los de un bando y los del otro, actuaron, según el magistrado VíctorBarragán, en legítima defensa y por ello no son responsables de esas muertes. Y no hay apelación alguna. Hay versiones que afirman que legalmente no se puede apelar. ¡Ah caray!: los mataron y ya.
De acuerdo con la legislación mexicana, el homicidio es un delito que se persigue de oficio. Es decir, y el escribidor aclara que no es abogado, el Ministerio Público (que se deposita a nivel federal en el Presidente de la República y en el fuero común en los gobernadores de los estados) como representante de la sociedad está obligado a investigar cualquier asesinato que ocurra en su jurisdicción, haya denuncia o no y, por supuesto, juzgar a los responsables.
La picardía popular ya dictaminó que los 11 muertos en La Ruana se “autosuicidaron” o, en el mejor de los casos, “son daños colaterales”. En los hechos, en la realidad, son 11 asesinatos impunes, hasta ahora y al parecer —usted apueste por esta opción y tendrá muy buena oportunidad de ganar— por siempre.
El escribidor quiere dejar en claro que no tiene ningún elemento jurídico para afirmar que los liberados o cualquier otra persona puedan ser responsables de esos 11 asesinatos. Faltaba más. Esa es la obligación ineludible de las autoridades, que deben rendir cuentas a los ciudadanos.
Por lo pronto, el señor Hipólito Mora, hasta hace una semana todavía preso como presunto responsable de 11 homicidios y quien también en mayo de 2014 fue liberado por el magistrado Plácido Torres Pineda de otros dos cargos de asesinato, será candidato a diputado federal por mayoría y también figura en la lista plurinominal de esa franquicia electoral llamada Movimiento Ciudadano, encabezada por el exgobernador de Veracruz, apoyado por el PRI, Dante Delgado. Poco falta para que otra franquicia electoral postule a igual cargo a su enemigo El Americano, y entonces armen una balacera en la Cámara de Diputados, sin contar tres años de fuero y dietas.
En una democracia, y en búsqueda de la confianza de los ciudadanos, el gobernador Salvador Jara Guerrero, su procurador de Justicia y el Poder Judicial de Michoacán deben más de una explicación pública, transparente. Mientras, los hechos, la realidad, refuerzan la certeza de que no es posible confiar en las autoridades.
Sí, es un tema de confianza. Los hechos conducen a la incredulidad.
Fuente.-Excelsior/Gerardo Galarza
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