Durante los dos primeros años del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo y “corredor inmobiliario” del presidente, casi ha quintuplicado las millonarias sumas que obtuvo anualmente de la administración peñanietista en el Estado de México. Este es el cálculo de un diputado federal, cuyo equipo de investigación ha sido amenazado, asaltado, golpeado y vigilado por desconocidos, mientras que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados les impide acceder a la información sobre la mayor parte de los contratos implicados hasta ahora, que podrían rebasar los 63 mil millones de pesos.
Mexico,D.F 15/Mar/2015 (Proceso)Los contratos millonarios que Juan Armando Hinojosa Cantú recibió de Enrique Peña Nieto durante su paso por la gubernatura del Estado de México se convirtieron en un juego de principiantes ante los alcanzados en los dos primeros años de su amigo en la Presidencia de la República.
Hinojosa Cantú, quien además de proveedor gubernamental ha servido a Peña Nieto de corredor inmobiliario, al igual que a otros miembros del gabinete, obtuvo durante los seis años de administración peñanietista en el Edomex alrededor de 35 mil 668 millones de pesos. Ahora, en sólo dos años, ha alcanzado la estratosférica cifra de 54 mil millones 802 millones de pesos.
Los datos son producto de las búsquedas en Transparencia y las páginas de Compranet del gobierno federal, así como en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, realizadas por el equipo de trabajo de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal del Movimiento de Renovación Nacional.
Cuando Aristegui Noticias reveló la existencia de la Casa Blanca de Sierra Gorda 150, de Angélica Rivera –información que fue publicada por Proceso 1984–, el legislador recabó las firmas de 197 diputados de PAN, PRD, PT, MC y Morena para exigir la creación de una comisión “investigadora” de los contratos suscritos con organismos descentralizados (OD) y empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM), al igual que con el grupo de compañía de Juan Armando Hinojosa Cantú.
La petición, oficialmente, se mandó al limbo jurídico, pero Huerta inició la indagación por su cuenta, y en el camino sus colaboradores fueron asaltados, golpeados y vigilados por desconocidos el 23 de febrero. “Lo curioso es que sólo les robaron los documentos relacionados con este tema”, comenta el diputado a Proceso.
La falta de resolución por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que encabeza el priista Manlio Fabio Beltrones llevó al legislador a solicitar amparo por habérsele negado el derecho de minoría que prevé la Constitución.
La primera semana de febrero, la Jucopo determinó que no se podía investigar a particulares, por lo que dio carpetazo al asunto; el diputado Huerta, acompañado de los legisladores Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, pidieron amparo ante el juez de Distrito en Materia Administrativa el pasado 12 de febrero contra actos de la junta encabezada por Beltrones.
El reclamo es que la Jucopo violó el artículo 93 de la Constitución, el cual establece que “las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados (…) tienen facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.
A su vez, el PAN convirtió el caso en moneda de cambio contra el PRI, ya que, según Manuel Huerta, los panistas apoyarían la solicitud de amparo si no se aprobaba la ley anticorrupción. En un segundo momento, el blanquiazul exigiría sepultar el debate sobre el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador panista por Sonora, Guillermo Padrés Elías.
El debate político por la constitución o no de una comisión sigue su curso, mientras que el legislador, con documentos de por medio, revela que Hinojosa Cantú opera con por lo menos 13 empresas para obtener contratos federales. Los más jugosos se han rubricado con firmas no conocidas, e incluso hay una con la que Hinojosa ya trabajó en el Edomex.
De confirmarse el vínculo de Hinojosa con esta última, la cifra de los convenios establecidos en sólo dos años se elevaría a 63 mil 40 millones de pesos, adelanta Huerta en entrevista.
El emporio
Juan Armando Hinojosa Cantú pasó de Reynosa a Toluca, de vender féretros a construir transvases de agua. En 1982 creó su primer negocio, la ya emblemática Constructora Teya, S.A. de C.V. Su esposa María Teresa García Cabría y su cuñado Miguel Ángel García Cabría, así como Eduardo Regil Frins, lo acompañaron en esa odisea.
En 1988 inauguró otras dos firmas, Señales y Mantenimiento, y Publicidad y Artículos Creativos, las que, en lugar de darle dividendos, le generaron pérdidas, pues en 1996 Banamex lo embargó por 12 millones de pesos sobre Constructora Teya.
Hinojosa también conformó Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, la cual obtuvo pequeños contratos gubernamentales. A pesar de ello, pudo alcanzar un buen nivel de vida: de vivir en un modesto fraccionamiento de Toluca en 1982, para 1991 se convirtió en un morador más del lujoso fraccionamiento Club de Golf San Carlos de Metepec, donde por cierto vivió el hoy titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Con el arribo de Peña Nieto a la gubernatura del Edomex arrancó el ascenso de Hinojosa Cantú, quien se rodeó de personajes clave originarios del estado que manejan sus finanzas y convenios empresariales. Entre ellos destacan Arturo Reyes Gómez, Cohinta Berenice Rodríguez Olivares y los primos Mauricio Margáin González y Ángel Margáin Santos.
Con la ayuda de éstos dos últimos, Hinojosa Cantú consiguió en 2008 que a manos de sus operadores fuera a parar una empresa jalisciense nacida en 1989, Concretos y Obra Civil del Pacífico, que tiene los contratos más jugosos del gobierno federal peñista.
En 2007, con Peña Nieto en el gobierno estatal, recibió la oferta de su vida: construir la carretera Toluca-Naucalpan, obra que aún no concluye debido a problemas jurídicos (Proceso 1913 y 1987). Sin embargo, bastó dicho anuncio para que ese mismo año fuera creada Autovan, S.A. de C.V, que fue convertida en el consorcio formado por Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Publicidad y Artículos, Señales y Mantenimientos e Inmobiliaria de la Fuente de Toluca.
El mismo año Hinojosa incluyó como representante de Teya a Luis Fernando Morales Sánchez Aldana, y lo nombró apoderado del consorcio Autovan junto con uno de sus operadores, Arturo Reyes Gómez.
Mientras Hinojosa sumaba a Morales Sánchez Aldana, operaba con otro de sus hombres, Édgar Joel Tapia Escotto, en busca de que el propio Morales y sus familiares “cedieran” las acciones de su empresa, Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., a Miguel Ángel Margáin Santos y Mauricio Margáin González. Y a partir de 2008 la familia Morales Sánchez Aldana quedó fuera de su empresa, de Teya y de la vida de Hinojosa Cantú, en tanto que la firma se mudó de Ciudad Guzmán, Jalisco, a Toluca, Edomex, según consta en el folio mercantil 49778-17.
Públicamente esta empresa no es conocida como parte del emporio de Hinojosa. Incluso él mismo no figura en ella, pero quienes la integran son parte de los operadores que el tamaulipeco tiene trabajando en sus otros negocios, como Ingeniería Inmobiliaria del Centro, Inmobiliaria Bicentenario, Eolo Plus, Comercializadora Oficina Eolo y Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción, aunque son en total 13 firmas.
Con excepción de Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., Hinojosa Cantú figura en todas las compañías como “administrador único”, y sus principales operadores –Mauricio Margáin González, Cohinta Berenice Rodríguez Olivares, Arturo Reyes Gómez y Fernando González Ortiz– aparecen indistintamente como “apoderados”, “comisarios” o “integrantes de los consejos de vigilancia”.
Derrama quintuplicada
Durante los 12 años del gobierno federal panista, las corporaciones de Hinojosa Cantú –como Eolo, Constructora Teya, Señales y Mantenimientos, así como Publicidad y Artículos Creativos– recibieron contratos por 4 mil 915 millones 210 mil 587 pesos, incluyendo los correspondientes a diversas entidades federativas. Es decir, un promedio de 417 millones por año, según la base de datos de los contratos públicos que se pudieron rastrear a partir de las páginas de Compranet y Transparencia.
Las áreas que contrataron a Hinojosa y su emporio fueron la Comisión Federal de Electricidad, Pemex Exploración y Producción, Caminos y Puentes Federales, la SCT, la Sagarpa, el Servicio Nacional de Sanidad, la Comisión Nacional del Agua, el IMSS, el Instituto Mexicano del Petróleo, y entre las entidades se encuentran San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.
Aparte, las mismas empresas recibieron del gobierno del Estado de México entre 2005 y 2011, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, contratos por 35 mil 668 millones de pesos (Proceso 1985).
Así, mientras en los gobiernos federales panistas Hinojosa obtuvo contratos por cerca de 417 millones de pesos anualmente, durante la administración federal de su amigo Peña Nieto ha conseguido 27 mil millones por año aproximadamente.
Si se compara lo que Hinojosa Cantú recibió anualmente en promedio durante el mandato de Peña Nieto en el Estado de México (unos 6 mil millones de pesos por año) con el hecho de que a nivel federal ha conseguido en la actual administración un promedio de 27 mil millones de pesos anuales, entonces el negocio del tamaulipeco ha crecido 450%.
De acuerdo con la información del equipo de trabajo del diputado Manuel Huerta y sustentada toda con contratos, Hinojosa ha entablado convenios con Nafin, Conagua, Puebla, SCT, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la SCT, la Secretaría de Economía, el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la Sociedad Hipotecaria Federal, Banobras y Pemex Exploración y Producción.
Tan sólo de Conagua, Puebla, Nafin, SCT y el Hangar Presidencial, las sociedades empresariales de Hinojosa se llevarán 54 mil 800 millones de pesos, en números cerrados, de acuerdo con los contratos firmados hasta ahora.
De todo ese dinero, solamente los contratos que suman mil 102 millones de pesos fueron expedidos por Organismos Descentralizados (OD) y por empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM), de manera que si procediera la creación de la comisión investigadora demandada por el diputado Manuel Huerta y que cuenta con el apoyo de 197 firmas –suficientes según la Constitución–, los legisladores únicamente podrían indagar en estos contratos.
La razón es que el artículo 33 de la Constitución nada más permite que a petición de una cuarta parte del pleno de la Cámara de Diputados puedan integrarse comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
Al resto de los contratos, donde están los 53 mil millones de pesos restantes, los diputados federales no podrían asomarse.
Un dato relevante es que las grandes obras por esos 53 mil millones de pesos no están siendo realizadas por las corporaciones más conocidas de Hinojosa Cantú, sino por Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V.
Es la firma donde el mismo Hinojosa Cantú no figura pero sí está integrada por sus operadores, como Mauricio Margáin González y Miguel Ángel Margáin Santos, según consta en actas de asamblea. Inclusive el contrato por casi mil millones de pesos para rehabilitar el Hangar Presidencial, en donde figura esta empresa, se halla firmado por Cohinta Berenice Rodríguez Olivares.
Extraña coincidencia
En 2009, Enrique Peña Nieto entregó al consorcio conformado por Teya-IGSA la construcción del hospital de Zumpango, que tuvo un costo de 7 mil 38 millones de pesos.
El equipo de trabajo del diputado Manuel Huerta encontró en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 31 de diciembre de 2014 el anuncio de la demolición y construcción del hospital Tlatelolco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la Ciudad de México, con un costo de 8 mil 689 millones de pesos, en cifras cerradas. El mismo instituto publicó el 5 de septiembre de 2014 el fallo de la licitación a favor de IGSA y Tradeco.
Conforme al DOF, el 2 de octubre de 2014 fue integrado el consorcio Preiton, compuesto por Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. y Grupo Industrial IGSA, y el contrato por los más de 8 mil millones de pesos fue firmado un día después, el 3 de octubre.
Cuando se dio a conocer la construcción del hospital de Zumpango por Teya-IGSA, los diarios nacionales publicaron que se trataba de un negocio de Juan Armando Hinojosa Cantú. Sin embargo, Maquinaria IGSA fue creada en 1979 por Santiago Paredes Tirado. A partir de 2004 la empresa creó una serie de filiales, luego las desapareció o fusionó.
Por ejemplo, en ese año crea IGSA Solutions, luego las fusiona y abre IGSA, teniendo como socio a Grupo Industrial IGSA, según las diversas actas obtenidas en el Registro Público de la Propiedad.
En el historial notarial de IGSA aparece en algún momento como uno de sus representantes legales Carlos Godoy Novoa, quien es hermano de Adolfo Godoy Novoa, representante de Inmobiliaria del Fuerte de Toluca, que a su vez forma parte del consorcio Autovan, constituido en 2007 y cuyo único administrador es Hinojosa Cantú.
Tanto para el diputado federal como para sus asistentes, abogados y especialistas en detectar actos de corrupción, es probable que IGSA sí esté relacionada con Hinojosa, lo cual, de ser cierto, elevaría a 63 mil millones de pesos los contratos entregados al amigo del presidente Peña Nieto, ya que además del hospital del ISSSTE existen varias obras más en curso dentro de la administración federal.
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