Si los militares fueran el inicio de la solución como argumentan los promotores de la Ley de Seguridad Interior, hace rato que la delincuencia organizada ya habría sido contenida.
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Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló en 1996 su participación en labores de seguridad pública, soldados y marinos se han convertido en parte del problema.Tras esa obsequiosa resolución de la Corte, el gobierno de Ernesto Zedillo empezó a usar al Ejército para operaciones específicas de captura de jefes del narcotráfico, bajo el supuesto de que eran más confiables y eficaces que los policías.
Los usó también para tomar oficinas y ministeriales y empezaron a convertirse cada vez más en jefes de seguridad pública municipal y estatal. Desde entonces, no hay estado del país ni municipio importante en el que la seguridad pública no haya estado en manos de militares. Hoy por hoy, más de la mitad del país está en sus manos, a pesar de los conocidos casos de corrupción.
Zedillo, también, creó la Policía Federal Preventiva, que no era otra cosa que militares uniformados de policías civiles. Tan lo eran que hasta desconocieron al primer comisionado de ese cuerpo, el ahora gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. No pasaron tres meses antes de que fuera reemplazado por un marino, el almirante Wilfrido Robledo.
La Marina pasó a tener el control de ese cuerpo policial. Al igual que el Ejército, la Armada firmó convenios con el gobierno federal para prestar miles de sus hombres a esa “policía civil”, antecedente de la actual Policía Federal.
Pero la delincuencia siguió creciendo y una década después, en 2005, Vicente Fox lanzó un operativo militar en Tamaulipas ante el desbordamiento del cártel del Golfo y de los Zetas, el cartel fundado por militares de élite, en el gobierno de Zedillo.
El de Fox fue mero espectáculo porque el estado siguió y sigue en manos de la delincuencia. Peor aún, en ese sexenio, el Ejército perdió a 100 mil hombres que desertaron después de haber sido capacitados por el Estado.
Felipe Calderón de plano los sacó de los cuarteles e incorporó a la Marina a la respuesta represiva, que de inmediato se tradujo en un incremento de violaciones a los derechos humanos. El Estado se puso de tú a tú con los criminales, en una impronta del carácter del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Ese presidente Intentó protegerlos con una ley a modo, pero no pudo. Como continuador de esas medidas, Enrique Peña ahora ha puesto en ridículo internacional al Congreso al promover una Ley de Seguridad Interior que es tan violatoria de la Constitución que hasta la comunidad internacional ha advertido del abuso que se pretende.
Aun así, un grupo de gobernadores tuvo el cinismo de ir el lunes al Congreso a respaldar esa ley. Claro, eso es más fácil y cómodo que formar verdaderas corporaciones policiales, a pesar de los millones de pesos que han dispuesto para ello.
En el debate de la tan divisiva como innecesaria ley, los altos mandos del Ejército y la Marina, exigentes de tal ordenamiento, han arrastrado a esos cuerpos y a sus hombres a un costoso desgaste; salvo que la ley sea una coartada para controlar espacios reservados a los civiles. Por lo pronto, el Congreso y los gobernantes ya abdicaron.
Fuente.-@jorgecarrascoa
Allow the US military on your sovereign soil. Things would be way better for the common folk.
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