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jueves, 1 de agosto de 2019

NUEVO LAREDO,SONOYTA y NOGALES los PUNTOS CRITICOS del CRUCE de ARMAS ILEGALES a MEXICO...200 mil al año, nomas.

Información de instituciones de seguridad del Gobierno Federal revelan tres puntos críticos para el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México; se trata de Sonoyta y Nogales, Sonora; y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De diciembre 2018 a julio 2019, las autoridades han incautado 3 mil 254 armas provenientes del vecino país. Entre las principales rutas de aseguramiento, por número de incidentes, están: Baja California, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.

De acuerdo con los datos oficiales a los que Contralínea tuvo acceso, durante 2017 y 2018 la mayor cantidad de aseguramientos de armas fueron en Sonora, con el 52 por ciento. Los aseguramientos de municiones siguen el mismo patrón, y se ha identificado a la aduana en Sonoyta como la principal vía de acceso ilegal.
Este 2019, las autoridades federales han observado una redistribución de las rutas de armas y municiones hacia las zonas de Nuevo México y Texas, con una reducción marcada en California al cero por ciento.
Fuente.-

CRIMEN ROBA a la FGR "BIENES DECOMISADOS" al CRIMEN en 16 DELEGACIONES del PAIS...machetazo al caballo de espadas.

Jalisco figura entre las 16 delegaciones de la Fiscalía General de la República –antes PGR- que han registrado robos o pérdidas de bienes que le habían sido asegurados a la delincuencia, entre los que figuran vehículos y combustible. 
El crimen en México roba hasta a la institución encargada de investigar y perseguir los delitos federales. La de Jalisco es una de las 16 delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el país que ha sufrido robos o pérdidas de bienes asegurados y decomisados a la delincuencia y que estaban bajo el resguardo de esa autoridad en calidad de activos asegurados.
De acuerdo con registros proporcionados por la FGR, antes Procuraduría General de la República (PGR), en el periodo de 2007 a 2019, a sus delegaciones estatales les robaron 197 automotores que estaban asegurados y que así volvieron a las manos de los criminales
Entre lo hurtado se encuentran 164 autos y camionetas, 30 unidades de carga pesada como tracto-camiones y tráileres, así como tres motocicletas.
Además, la FGR revela en su informe obtenido mediante el recurso de revisión RRA 1727-19 del robo de una avioneta que estaba bajo la vigilancia de sus agentes en el estado de Sonora y fue hurtada el 12 de noviembre de 2012, en el Aeropuerto de Hermosillo.
Jalisco figura con dos robos de bienes asegurados a la criminalidad, en cada uno de estos lo que se sustrajo de las manos de la FGR un vehículo. El primer hurto ocurrió el 10 de octubre de 2014 y el otro el 6 de enero de 2015, ambos en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.
El mayor golpe de este tipo que ha recibido la FGR en lo que respecta al robo de vehículos asegurados sucedió en Durango el 19 de diciembre de 2012, a pocos días de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto. En él fueron sustraídos por la delincuencia 36 vehículos que estaban en custodia.
Tres delegaciones de la FGR que han tenido serios problemas con este tipo de robos de bienes asegurados son la de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
En Guanajuato en el año 2017 le robaron a la FGR cinco vehículos de carga pesada incluyendo un torton y cuatro tractocamiones en tres golpes distintos ocurridos el 8 de diciembre, el 12 de abril y el 26 de agosto.
Mientras que en 2018 le hurtaron ocho unidades en total, considerando tres vehículos ligeros y cinco tractocamiones durante el 2 de mayo, el 6 de diciembre, el 22 de mayo y 2 de noviembre.
En Tamaulipas tan solo en el año 2018 le sustrajeron a la FGR nueve vehículos en tres hechos distintos, ocurridos el 31 de diciembre, el 19 de marzo y el 29 de noviembre.
Ese mismo año, pero en Veracruz, la Fiscalía federal fue despojada de 26 vehículos y tres unidades de carga pesada en al menos 13 atracos diferentes.

CASO JALISCO

Es probable que los archivos de la FGR sobre los robos de bienes asegurados en sus delegaciones estatales presenten un subregistro, pues en el caso de Jalisco hay un episodio paradigmático que tuvo amplia cobertura mediática que no se menciona en el informe rendido vía transparencia.
Se trata del robo de seis pipas cometido el 4 de mayo de 2017, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que estaban en manos de la entonces PGR en su delegación Jalisco, luego de haber sido aseguradas por su presunta utilización en la sustracción ilegal de hidrocarburos o huachicoleo.
Del hecho se supo que fue perpetrado por una célula de sujetos armados que ingresó al corralón de nombre “Grúas López”, en el cual la FGR había depositado los vehículos, pero sin las medidas de seguridadsuficientes.
Esta clase de hurtos de bienes asegurados a la delincuencia que están presentando las delegaciones de la FGR se efectúan tanto en Bodegas de Indicios de la dependencia, como en depósitos de autos y corralones donde las unidades, se supone, deben continuar bajo la vigilancia de esa autoridad.

FUGA EXTENSA DE BIENES ASEGURADOS

Los robos y pérdidas de estos activos arrebatados a los delincuentes comunes y a los grupos del crimen organizado también se han presentado sobre cargamentos de droga incautada, hidrocarburos de origen ilícito, equipo táctico como chalecos antibalas, ropa, enseres y aparatos electrodomésticos.
La delegación de Baja California Sur, por ejemplo, reportó que el 29 de abril de 2018 le fueron hurtados 519 mil 764.4 gramos de narcóticos que se encontraban resguardados en su Bodega de Indicios localizada en La Paz, aunque no precisa qué tipos de drogas fueron las sustraídas.
La delegación de Guanajuato, por su parte, reportó un robo masivo de aparatos electrónicos y enseres cometido el 29 de enero de 2015, que incluyó entre una larga lista de bienes hurtados una pantalla plana de 70”, un Play Station, dos Nintendo, tres blu ray, un horno, un comedor con ocho sillas, un refrigerador, dos bases para cama king size con colchón, una cabecera de madera, dos burós, un tocador, un sillón reposet, una cuna, un escritorio, dos bases de madera y colchón king size, una sala, un antecomedor con seis sillas, un brincolín y un juego de jardín.
Las delegaciones de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz han registrado además robos de hidrocarburo de origen ilícito que ya se encontraba en sus manos, y que terminó de vuelta en poder de los grupos delincuenciales.
Destaca el caso de la delegación de San Luis Potosí, la cual informó que el 28 de enero de 2017 le robaron 179 mil 500 litros de diésel que había sido recuperado, los cuales se mantenían “dentro de inmueble de particulares asegurado”.
Mientras que el 1 de febrero de 2014, le robaron a la delegación de Hidalgo 10 mil litros de gasolina Magna de origen ilícito; mientras que en el 2018, los días 14 de agosto, 20 de noviembre y 19 de septiembre, le robaron otros 29 mil 922.9 litros del mismo producto de Pemex.
En Veracruz, en distintos hechos del año 2018, fueron robados al menos 9 mil 222.31 litros de hidrocarburo asegurados por la FGR, considerando únicamente lo que se tiene contabilizado con precisión.
Todos estos registros generados por la Coordinación de Supervisión y Control Regional, de la Subprocuraduría de Control Regional, arrojan 104 casos totales de robos y pérdidas de bienes asegurados en las delegaciones de la FGR en el lapso 2007-2019.
fuente.-

ABRIMOS la de "CHAMPAGNE" ?,el PAIS de la MANO de LOPEZ OBRADOR CRECE a RITMO de 0.01%...gobernar con corazonadas tiene costo.

La voz del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla de economía es calmada. “Vamos muy bien en lo económico”, repite siempre que tiene la oportunidad de abordar el tema. Los datos de crecimiento publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que muestran un crecimiento mínimo del 0,1% del PIB, contrastan con la tranquilidad del presidente mexicano. Su Gobierno rema contracorriente en una escena económica adversa en la que la dirección de sus políticas públicas todavía generan incertidumbre entre varios sectores.
El primer aviso llegó al cierre del primer trimestre del año, cuando el Inegi comprobó que México decreció un 0,2%. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, calificó el desliz como una “cachetadita” para la economía mexicana, algo pasajero que se resolvería a la mitad del año. López Obrador —acostumbrado a los gestos para marcar la diferencia respecto a gobiernos anteriores— apuntó hacia la teoría económica y declaró el “fin del neoliberalismo” en México. El mandatario apostó por polémicas decisiones, como la cancelación del aeropuerto de Ciudad de México, para demostrar que su perspectiva, en efecto, era distinta. Las consecuencias han sido un creciente nivel de incertidumbre que ha paralizado, principalmente, las inversiones privadas.
El equipo económico de López Obrador sufrió un revés este mes cuando Carlos Urzúa dimitió como secretario de Hacienda. El economista cerró la puerta no sin antes advertir de que el presidente estaba tomando “decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. En la nueva jerga presidencial, incluso, el mandatario ha sostenido que frente a las mediciones de los indicadores, él tiene “otros datos”. La renuncia de Urzúa fue amortiguada con la elección de un discípulo del exsecretario como su sucesor: Arturo Herrera. El nuevo secretario se ha dado a la tarea en los últimos días de dar un viraje y, esta vez, mandar señales de certeza en múltiples direcciones.
Apenas 48 horas antes de que el Inegi hiciera público el dato de crecimiento, Herrera se adelantó a presentar un programa para impulsar la economía nacional. El Gobierno mexicano aumentará el gasto en 25.000 millones de dólares en los próximos seis meses para incrementar la inversión pública, adelantar las compras del Gobierno y licitar proyectos de infraestructura que inicialmente se habían pensado para 2020. “Si algo debimos aprender del Gobierno anterior es que aumentar la deuda y el gasto público no nos va a llevar a un mayor crecimiento económico”, señala Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, sobre la nueva estrategia gubernamental.
López Obrador ha prometido un crecimiento sostenido del 4% del PIB durante su Gobierno. Una meta que se prevé complicada cuando el mandatario se ha comprometido a no crear nuevos impuestos, ni a subir las tarifas fiscales ya existentes. Este miércoles el presidente ha rebajado su pronóstico y ha asegurado que México crecerá un 2% al cierre del año. La realidad económica, sin embargo, lo sitúa ante una escena muy distinta: el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PIB mexicano crecerá un 0,9% al cierre del 2019. “Crecer al 4% como está la economía hoy es imposible”, explica Sánchez Tello. “La economía de México tiene una falla estructural que los políticos, de todos los partidos, se han negado a reconocer y es que no tenemos una economía del conocimiento, sino de manufactura y con una muy baja calidad educativa”.
Según los expertos, el objetivo del presidente —todavía muy lejano— carece de sustento cuando su Administración no se ha concentrado en aumentar la inversión pública y privada, así como el gasto del Gobierno, para echar a andar el motor económico de México. El presidente se aferra, por ejemplo, a limitar el uso de los presupuestos argumentando austeridad aún cuando sectores como la sanidad y la ciencia ya se han visto tocados. La Secretaría de Hacienda ha revelado esta semana que en el primer semestre de 2019 el gasto público cayó un 4,5%. López Obrador se ha negado a reconocer la certeza del dato oficial. “Yo tengo otra información, yo tengo información de que está bien el ejercicio del presupuesto”, dijo en su conferencia diaria de este miércoles.
Las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos mexicanos se disiparon tras una tensa negociación. La advertencia no hizo mella en la economía mexicana. Tampoco hay un efecto ante el crecimiento de Estados Unidos — de un 2% del PIB, al segundo trimestre— que impacte en la situación económica de México, algo que había ocurrido, con sus altas y bajas, en los últimos 25 años. “El problema no viene de fuera. México no está creciendo por factores internos y tiene que ver con que el presidente no ha enviado los mensajes claros en el tema económico”, advierte el economista de la Fundación de Estudios Financieros.
fuente.-Diario Español/(imagen/ElNorte.com/

LA INSEGURIDAD 4T "DEVUELVE a las ARMAS" a las AUTODEFENSAS...hay lio en el ejido.

Los elevados niveles de violencia en México y la falta de una respuesta clara ante esta problemática por parte del Estado ha provocado que se conformen grupos de civiles armados para velar por su seguridad y la de sus comunidades, situación que no es exclusiva de la actual administración, pero que tampoco ha podido resolver.
La desesperación de la ciudadanía ante la inseguridad en el país ya comienza a hacer eco en la 4T. En Michoacán, Puebla y Guerrero, antiguos y nuevos grupos de autodefensas y policías comunitarios han comenzado a resurgir, pues los pobladores acusan que están completamente desprotegidos ante el crimen organizado.
En el estado gobernado por Silvano Aureoles, esta realidad se mostró en todo su esplendor el pasado 15 de julio, cuando el creador de las autodefensas en la entidad, Hipólito Mora, informó al gobierno a través de su cuenta de Facebook que él retomaría las armas para defenderse del crimen organizado ante la falta de respuesta de las autoridades.
“Buenas noches a todos los Mexicanos. Quiero explicarles e informarles que el 24 de febrero de 2013 convoqué a mi pueblo para defendernos del crimen organizado y de gran parte de las autoridades que estaban y siguen estando coludidas con la delincuencia […]
“Yo en la lucha perdí grandes y buenos amigos y también a uno de mis hijos. Esperé cierto tiempo a que el gobierno hiciera su trabajo pero ya vi que no le interesa el bienestar de la sociedad, solo se preocupan por estar en campaña y ocupar un cargo público y engañar a los Mexicanos, por eso he tomado la decisión de proteger mi vida y de quien yo pueda hacerlo y le informo al Gobierno Federal y estatal que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme me va a tener que asesinar porque vivo ni a la cárcel me llevarán ni me desarmarán.
“Cuando el gobierno nos dé la seguridad, porque ese es su trabajo y para eso se les paga, entonces con gusto dejaré las armas. Lo hago porque en el tema de seguridad estamos peor que nunca”, explicó.
Un día antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo en la entidad hablando precisamente sobre el problema de violencia por el que atraviesa, e incluso reconoció que esta situación, “hasta ahora no se ha podido resolver”.
El aviso de Hipólito Mora inmediatamente prendió las alarmas y encontró respuesta por parte del gobernador, Silvano Aureoles, y del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
El perredista en un principio dijo que Hipólito Mora sólo estaba buscando protagonismo, sin embargo, ya en conferencia de prensa, advirtió que no permitirá la presencia de grupos armados al margen de la ley asumiendo tareas que no les corresponden, e indicó que todo civil armado será detenido, ya que sólo las fuerzas de seguridad pueden portar armas
Cinco días después, Ricardo Peralta, día a conocer que el Gobierno federal llegó a un acuerdo con los civiles que permanecían armados en Michoacán, lo que llevó a 25 mil integrantes de las autodefensas a dejar a un lado el armamento a cambio de incorporarlos a un programa de generación de 100 mil empleos.
Sin embargo, en entrevista para Reporte Indigo, Hipólito Mora aseguró que el desarme fue falso y que las negociaciones no tienen ningún aval.
“Yo soy el que creó las autodefensas en Michoacán, nadie más, si alguien dice lo contrario sería una mentira igual que lo que dijeron de que 25 mil personas entregaron las armas. Eso no es cierto porque nunca hubo 25 mil autodefensas, a lo mucho habrían 7 mil; eso que dijo Mireles es falso”.
Por su parte, Silvano Aureoles también desmintió que 25 mil individuos hubieran dejado las armas, además dijo que incluso existen órdenes de aprehensión contra los líderes de estos grupos, y señaló que su gobierno actuará en contra de ellos.
Ante estos pronunciamientos, Hipólito Mora cuestionó qué debe hacer entonces la ciudadanía cuando el gobierno no cumple con sus responsabilidades, y explicó que él lo que menos quiere es andar armado, pero que si es lo que tiene que hacer para defenderse lo hará.
Yo pienso que lo último a lo que debemos recurrir es a las armas, estoy muy consciente, tengo los pies sobre la tierra. Pero si el gobierno no cumple y veo que está en riesgo mi vida y la de las personas cercanas a mí, y que las autoridades están coludidas con el crimen organizado, pues yo me tengo que defender. Yo no voy a hacer caso al gobierno que dice que todo está bien, al rato me matan y no pasa nada
- Hipólito Mora 
Fundador de las autodefensas de Michoacán
“Yo sé a lo que me expongo al haber lanzado ese comunicado; las autoridades lo van a ver como un reto. Me expongo a que en donde me pare me quieran agarrar y desarmar y que me tengan que matar.
“Pero yo soy de palabra y no me rajo de lo que hablo, sostengo lo que dije, al fin el gobierno a cuántos luchadores sociales no ha matado. Que me asesinen a mí, no hay ningún problema. Va a ser un honor que me asesinen defendiendo a mi pueblo”.
Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, asegura que el desarme anunciado por el subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta, es falso

PROTECCIÓN A MEDIAS

Las autodefensas y las policías comunitarias nacieron a raíz de los elevados niveles de inseguridad y de violencia por los que atraviesa México y ante la incapacidad del Estado para atender estos problemas.
Sin embargo, a pesar de que se puede llegar a pensar que estos grupos pudieran ayudar a garantizar la seguridad de sus comunidades o municipios, la realidad es que nunca podrán garantizar el acceso a la justicia.
“Estos grupos armados surgen para tratar de subsanar lo que no hacen las autoridades, pero se pierde de vista que realmente mediante ese modo no se pude llegar a tener acceso a la justicia en términos institucionales”, explica Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano.
Además, la especialista en seguridad dice que existe una línea muy delgada entre que efectivamente cumplan exclusivamente con esa labor de proteger sus comunidades y que puedan comenzar a cometer ilícitos o abusos, muchas veces, incluso contra la misma población a la que aseguran defender.
Lo que está claro es que el hecho de que ciudadanos estén pensando en armarse, sin importar la región en la que se encuentren, es una mala señal de las políticas públicas de seguridad que se han implementado tanto a nivel estatal como federal, pues evidencia que han sido de corte muy general y no están atendiendo las micro realidades.
Por un lado hay grupos que están volviendo a operar, hay otros que han ido surgiendo y me parece que es una señal muy clara de que la seguridad en el país no va bien y que lamentablemente las políticas públicas que se han tratado de implementar no están dando resultados porque no están basadas en la evidencia, en lo que realmente está sucediendo. Para que una política funcione debe poder atender las problemáticas locales
- Doria Vélez 
Directora de Investigación del ONC
En relación al surgimiento de nuevos grupos armados en el país, se ha señalado en medios y a través de redes sociales que en Puebla está operando un grupo de ciudadanos armados denominado Autodefensas de las Juntas Auxiliares de Teziutlán.
En su página de Facebook indican que cuentan con 216 miembros y aseguran estar al servicio del pueblo Teziuteco para combatir la delincuencia.
“Representantes ADJAU ( Autodefensas De la Juntas auxiliares) de Teziutlán estamos al servicio del pueblo Teziuteco para combatir la delincuencia, libre de todo contacto con los gobiernos, por medio de esta página estaremos recibiendo denuncias y evidencia de parte de los ciudadanos, así mismo tenemos ya algunos datos pendientes que iremos publicando, fotos videos y denuncias con respecto a grupos y células que están operando en Teziutlán principalmente que se vinieron a meter a nuestras comunidades y no vamos a permitir esto.
“Gracias al apoyo y discreción de nuestra gente y a la asesoría del señor Raúl Coxca Martínez, líder del sector 4 de las autodefensas de Michoacán, quien nos ha ayudado a organizarnos para lograr esta noble causa, estamos vigilando, estamos armados y organizados, agradecemos al lider del grupo “El jefe” por su labor como nuestro representante. Zapata Vive! La lucha sigue!”, se lee en su página de Facebook.
El hecho de que ciudadanos mexicanos estén pensando en armarse, es una mala señal de las políticas públicas de seguridad que se han implementado
Por su parte, el presidente municipal de Teziutlán, Carlos Peredo, aseguró que es falso que el grupo armado exista.
“Ya se hizo la investigación, esta información es falsa, hay rondines del personal de seguridad pública y se hizo un recorrido extenso en Coyopol y decirles que es completamente falsa. Desde luego de algún personaje político que quiere hacerle daño a nuestro gobierno o a nuestra ciudad”.
Los distintos grupos armados que han surgido al margen de la ley para proteger del crimen organizado sus comunidades, aunque brindan seguridad a la gente, son incapaces de garantizar un acceso a la justicia real para los agraviados

TRABAJO CONJUNTO, AUTORIDADES Y AUTODEFENSAS

En Guerrero, uno de los estados del país más afectados por la violencia y la inseguridad, se encuentra activo uno de los grupos de policías comunitarios más grandes del país conocido como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
La UPOEG, por sus siglas, nació en el 2011 promoviendo una visión de desarrollo integral regional, e incluyó como parte de su programa de acción el tema de seguridad y justicia, en un momento en el grupos de la delincuencia organizada comenzaban a operar de manera más recurrente en distintos municipios de la región.
Grupos de policías comunitarios como la UPOEG han dicho que su intención no es enfrentarse al Estado, sino coadyuvar con éste para acabar con los problemas en materia de seguridad que ha sido incapaz de resolver
Actualmente, estos policías comunitarios, encabezados por Bruno Plácido Valerio, se han visto envueltos en mucha polémica, pues incluso se les ha acusado de estar coludidos con algunas organizaciones delincuenciales y de retar a las autoridades estatales de seguridad, pues cuentan con la fuerza y las armas para hacerlo.
Hasta el 2017, la UPOEG tenía más de cinco mil 500 policías ciudadanos armados distribuidos en 17 municipios del estado de Guerrero.
Sin embargo, su líder, en entrevista para Reporte Indigo, aseguró que su única intención es fortalecer a las comunidades, y que mientras eso no se haga, ellos no dejarán las armas, pues se encuentran “arrodillados ante la delincuencia organizada”.
“El proyecto de las policías comunitarias no es otra cosa que el de fortalecer la comunidad, no es un concepto de policía. Es un concepto de fortalecimiento comunitario. Y mientras no se resuelva de forma integral la problemática, no se pueden deponer las armas”.
Plácido Valerio asegura que lo que ellos realmente buscan es ayudar a resolver una situación que ninguno de los tres niveles de gobierno ha logrado.
“El Estado piensan que nuestro movimiento va contra el régimen del gobierno, pero nosotros no buscamos estar confrontados con el Estado. Este proyecto como tal busca coadyuvar y facilitar en las tareas con las que el gobierno no ha podido solo”.
Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, dice que el considerar que estos grupos coadyuven con las labores del Estado sería aceptar la existencia de estos cuerpos armados que son ilegales y que no pueden con las responsabilidades que les corresponden
“Si el gobierno aceptara la ayuda de estos grupos estaría mandando un mensaje al resto de la sociedad de que ciertas infracciones a la ley o ciertas conductas que están fuera del Estado de Derecho están permitidas. Lo cual es sumamente nocivo si precisamente los que estás intentando hacer es desincentivar conductas delictivas o cualquier tipo de ejercicio de violencia”.
Sin embargo, la especialista en seguridad también explica que no es que esté mal que ciudadanía y gobierno trabajen juntos para resolver un problema como el de la inseguridad y la violencia, pero se tiene que pensar en otra estrategia.
“Los grupos de seguridad de ciertas comunidades podrían coadyuvar con las autoridades, pero ahí más bien sería necesario pensar en otro tipo de mecanismo que le diera valor a la participación ciudadana y que estuviera alejado de tomar las armas para tratar ellos mismos de ejercer justicia por sus propias manos”.

MONEDA DE CAMBIO

La actual administración ha utilizado la falta de empleos y de oportunidades en el país para negociar.
En el caso de las autodefensas de Michoacán, el subsecretario de gobernación prometió incluir a las personas pertenecientes a estos grupos a dejar las armas a cambio de incluirlos en un programa de 100 mil empleos, sin embargo, aún no se ha hecho público ele plan de cómo pretenden cumplir con dicha promesa.
Algo similar sucedió con las comunidades indígenas de Texcoco, quienes ante la promesa de la generación de empleos para sus comunidades, accedieron a entregar sus tierras para que se pueda edificar el hoy detenido aeropuerto de Santa Lucía.
En Tabasco, para lograr la aprobación de la construcción de la refinería de Dos Bocas, las autoridades hicieron una vez más el mismo compromiso: dotar de empleo a las personas que habitan la región.
Doria Vélez considera esto una situación sumamente delicada.
“Es una situación muy delicada, ya que si los ofrecimientos no están basados en un diagnóstico específico que te garantice que se puede dar esa cantidad de empleos y, además mantenerlos, pues es algo que terminará cayendo por su propio peso.
“En la construcción e implementación de políticas públicas de cualquier tipo no se puede desestimar la técnica, la evidencia y se tiene que ver como un asunto que va más allá de la narrativa y de lo que la población quiere escuchar”.

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PURGA en la SEIDO DEJA FUERA MAS de 30 BANDIDOS que INVESTIGABAN BANDIDOS en el PAIS...y hasta les catean el domicilio.

En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) está en marcha una “operación limpieza” sigilosa, que ha dejado hasta el momento el cese de al menos 30 servidores, entre agentes del Ministerio Público y fiscales, como el extitular de la Unidad Antisecuestros Gualberto Ramírez Gutiérrez.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron a EL UNIVERSAL que la Visitaduría General, a cargo de Adriana López Campos, indaga con lupa al personal de las unidades especializadas en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS); en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (Ueita), y en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) por presuntos actos de corrupción y uso indebido del servicio público.
“Hay una operación limpieza muy callada y sigilosa en la SEIDO. Visitaduría General cae a diestra y siniestra [a la corporación]; están investigando a muchos funcionarios”, dijeron las fuentes consultadas.
La situación ha avanzado de tal manera que “a los [agentes de los] ministerios públicos los han hecho renunciar y les han sacado sus cosas como si estuvieran desalojando a los paracaidistas de algún predio”, destacaron.
Catean casa de exfuncionario. De acuerdo con las fuentes, se han presentado situaciones de “violencia cuando sacan de las instalaciones de la SEIDO a los [agentes de los] ministerios públicos que hacen renunciar”.
En el caso particular del extitular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO Gualberto Ramírez Gutiérrez, las fuentes ministeriales detallaron que integrantes de la Policía Federal Ministerial catearon la casa del exfuncionario hace unos días por una averiguación que se sigue en su contra por presunta corrupción durante su administración.
La visitaduría está diario en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la cual también tiene en la mira las gestiones de los extitulares Alonso Israel Lira Salas y Felipe Muñoz Vázquez. “Está delicado el asunto”, añadieron las fuentes.
El 9 de julio pasado, el exfiscal Gualberto Ramírez Gutiérrez fue cesado de la Unidad Antisecuestros y apenas la semana pasada fue nombrado en su lugar Guillermo Terán Pulido, quien ocupó diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.
Dos días después, el 12 de julio pasado, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró a Alfredo Higuera Bernal, exjefe de la Oficina Especial para el caso Ayotzinapa, como nuevo titular de la SEIDO, acorde con los cambios en esta subprocuraduría encargada de combatir el crimen organizado.
La titularidad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada había estado pendiente desde el 14 de diciembre del año pasado, luego de que renunció a su cargo Israel Lira Salas, y únicamente había un encargado del despacho.
Higuera Bernal sustituyó a Alonso Israel Lira Salas, quien busca la protección de la justicia a través de un amparo para evitar ser detenido.
Al frente de la SEIDO, Lira Sales llevó los casos de los exgobernadores de Veracruz Javier Duarte de Ochoa; de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, y el asunto de las cajas de seguridad aseguradas a usuarios de la empresa First National Security, como parte de una investigación en 2017 contra el grupo criminal que encabezó en Cancún, Quintana Roo, Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety.
El informe de Gertz Manero. Al presentar su informe sobre el estado en el que recibió a la entonces PGR, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó que heredó una institución en “anarquía administrativa”, con despilfarro en gastos, rezago injustificado de más de 300 mil investigaciones y un descontrol en el uso y estado de la flota aérea y terrestre.
Aseguró que había un desorden en las denuncias o querellas que se presentaban, porque cada unidad recibía los casos que quería o le convenía, sin orden ni verificación.
Incluso, reveló que encontró “asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos ministerios públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación”.
Según Gertz Manero, las sentencias definitivas obtenidas por el Ministerio Público Federal (MP) no alcanzan más de 5% del volumen total de los asuntos tramitados, lo que evidencia la poca efectividad del MP de la Federación.
fuente.-

LA "MATAZON CONTINUA y la ESTRATEGIA FEDERAL FRACASA" en GUANAJUATO...resulto timo el operativo "golpe de timon".

La estrategia para contener la violencia ha fracasado en Guanajuato, entidad con el mayor número de ejecuciones en lo que va del año.

A pesar del operativo "Golpe de Timón", lanzado en marzo para combatir a las organizaciones criminales, el estado del Bajío concentra mil 472 ejecuciones, un promedio de siete por día.

Le siguen Chihuahua, con 760; Jalisco, con 678; Michoacán, con 633, y Veracruz, con 563, de acuerdo con el Ejecutómetro de Grupo REFORMA.

De enero a julio, en Guanajuato fueron asesinados mil 297 hombres, 122 mujeres y 53 no especificados.

En enero hubo 186 víctimas; en febrero, 231; en marzo, 235; en abril y mayo, 215; en junio, 204, y en julio, 186.

Los municipios con el mayor número de ejecuciones son Salamanca, Irapuato, León, Silao y Celaya.

Además, en lo que va del año han sido asesinados 24 policías en la entidad.

El caso más reciente es el de dos policías municipales de San Miguel de Allende, que murieron en un enfrentamiento el 23 de julio. Unos días antes, un policía de Acámbaro fue asesinado a balazos junto a su hija.

A principios de marzo, el Gobierno de Guanajuato lanzó -en conjunto con fuerzas federales- el operativo "Golpe de Timón", para intervenir en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Municipio de Villagrán, identificado como sede del cártel del mismo nombre, el cual es encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".

Desde entonces, las autoridades han realizado una serie de acciones en contra de esta organización criminal, pero las ejecuciones no han bajado.

Una de las primeras fue la detención de Angélica "N", cuñada de Yépez y considerada operadora financiera del Cártel Santa Rosa de Lima, junto con su esposo Javier "N", policía federal en activo, pero ambos quedaron en libertad unos días después.

El 9 de marzo fue cateada una vivienda de la suegra de Yépez, en el Fraccionamiento Álamo Country Club, en Celaya, donde fueron encontrados sobres de nómina con sellos del Cártel, drogas y fotografías del líder huachicolero.

Unos días después fueron vinculados a proceso cuatro integrantes del grupo delictivo, y posteriormente fue aprehendido Agustín Medina Soto, "El Agus", presunto operador del Cártel.

En abril, otro presunto líder, identificado como Eliseo N.,"El Titi", fue detenido junto con dos cómplices.

En este mismo mes, la agrupación dejó en Celaya una manta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que advierte que continuará la violencia en Guanajuato si no retira a marinos y militares que mantienen vigente el operativo "Golpe de Timón".

En mayo, más de un centenar de habitantes de Santa Rosa, presuntamente movilizados por "El Marro", protestaron en el evento de colocación de la primera de piedra del Instituto de Formación de Seguridad Pública en esta localidad. 

En junio, un presunto líder del Cártel, identificado como Giovani N., "El Gio", murió en un enfrentamiento con agentes ministeriales en Celaya.

Apenas el pasado 11 de julio un grupo de personas bloqueó durante varias horas la Autopista Salamanca-Celaya, a la altura de Santa Rosa de Lima, luego de que autoridades abatieron a un civil armado y detuvieron a otro.

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REVIVEN ESCANDALO al "PRIMER DECENTE" del PAIS RODEADO de "HAMPONES" HACIENDO DINERO...si la honestidad se pudiera salpicar como la lana.

Fuente.-