En su controvertido proyecto de Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla a toda la Policía Militar, incluida la Tercera Brigada, con sede en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. Una particularidad de este cuerpo castrense es haber participado en la represión lo mismo de civiles que de movimientos sociales como los del magisterio disidente y los electricistas. Mediante datos obtenidos a partir de solicitudes de información, Proceso documenta el modus operandi de esta siniestra brigada en las últimas dos décadas.
Cada paquete contenía un overol azul, botas y casco. Se encontraban bajo escudos enormes y kendos en una formación impecable, inanimada, que se multiplicaba por cientos en el patio de barracas que ocupan los elementos de la Primera Brigada de Policía Militar (PM). Con dirección a la puerta 8 del Campo Militar Número 1-A, decenas de autobuses de turismo calentaban motores.
Los elementos de la Primera Brigada estaban concentrados desde el 11 de septiembre de 2013, a la espera de una orden que, sin ser explícita, se anticipaba para desplazarse al Zócalo capitalino a desalojar de la Plaza de la Constitución a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los maestros disidentes habían levantado un campamento para protestar contra la Reforma Educativa. Aquel día, Proceso recorrió el Campo Militar para recoger testimonios en los juzgados castrenses.
El 13 de septiembre se dio el ultimátum. El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que los inconformes tendrían hasta el mediodía para retirarse o serían desalojados. El objetivo era sacarlos de ahí para que Enrique Peña Nieto encabezara su primera ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia como presidente de México.
Minutos antes de la hora fijada, dos cohetones anunciaron el repliegue magisterial que se condujo pacífico por la calle de Mesones, llegó al Eje Central y avanzó; parecía que tendrían el camino libre para confinarse en el Monumento a la Revolución. No obstante, por la calle Madero apareció la turba uniformada, lanzando piedras y adoquines. En la esquina de 16 de Septiembre los presuntos federales, con uniformes descuidados y notorio desaliño, detuvieron a la dirigencia magisterial oaxaqueña que desfilaba en la vanguardia y desataron las golpizas por avenida Juárez.
No era la primera vez que la Primera Brigada de PM participaba así –con uniforme de Policía Federal– en un control de multitudes, pues desde 1999 un convenio de colaboración entre las secretarías de Gobernación (Segob) y la de Defensa Nacional (Sedena) dio origen a la Policía Federal Preventiva (hoy PF) y se mantuvo a través del tiempo.
Dicho convenio se renovó año tras año hasta 2009, después de la Segob con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), creada por Vicente Fox, mantenida por Felipe Calderón y, aunque sin rastro documental posterior, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo evidencia de sus actividades en operativos como el del 1 de diciembre de 2012.
La Primera Brigada, pero principalmente la Tercera Brigada, cuya sede está en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, están contempladas, al igual que toda la PM, en el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar la Guardia Nacional. Aunque su participación no es novedad.
Planteada por el nuevo mandatario como eje de su política de seguridad, la Guardia Nacional se haría cargo de los delitos del fuero federal y también del fuero común, con una reforma constitucional de por medio. Pero el plan ya está en marcha, aun sin reforma ni ley, desde el 2 de diciembre, según declaraciones del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval.
Desde 1999, la Sedena, la Segob primero y la SSP después, con intervención y firma de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, suscribieron convenios de colaboración que fueron obtenidos por Proceso a través de solicitudes de información.
Dichas solicitudes a la Sedena (folio 000700131412) y a la SSP (0002200148812) establecen precisamente la comisión de tropas de la PM para la integración de la PF desde hace dos décadas; a través de ésta aquellas participaron en las represiones más sonoras contra movimientos sociales, así como en la “guerra contra el narco” declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, días después de asumir el cargo.
Engaños de guerra
El envío de la PF desde 2008 para hacer frente a la inseguridad devino en quejas de los ciudadanos víctimas de extorsiones, revisiones ilegales y allanamientos sin orden judicial; algunas veces sufrían golpizas, torturas y asesinatos que nunca se investigaron, por lo que las autoridades chihuahuenses promovieron el arribo del Ejército en marzo de 2009.
El cambio fue de uniforme. Cientos de elementos pertenecientes a la Tercera Brigada de PM, quienes se desempeñaban como policías federales, se sumaron al convoy de militares de infantería en un aparatoso desfile de vehículos que atravesó varias entidades para posicionarse en el norte.
El cambio de uniforme fue recogido en testimonios obtenidos por Proceso entre oficiales de la Tercera Brigada que participaron en ese despliegue, como años antes, en 2005, lo habían hecho en el Operativo México Seguro, el más aparatoso y perjudicial enviado durante el gobierno de Vicente Fox a Nuevo Laredo, Tamaulipas, punto de partida para que la violencia se extendiera por todo el noreste.
En marzo de 2010, el Operativo Conjunto Chihuahua daba signos de fracaso. El cambio de uniforme no impactó en las conductas de los militares, que en un año acumularon oficialmente 630 denuncias contra soldados y 348 contra policías federales que, en muchos casos, también eran soldados.
La violencia no cedía en Chihuahua y, para entonces, la Tercera Brigada era objeto de pesquisas judiciales militares: uno de sus principales mandos, el general Joaquín Morales Ojeda, fue preso por corrupción, mientras que a varios jefes operativos destacamentados en Huehuetoca, Estado de México, se les acusó de haber tomado parte en un secuestro y dos homicidios; uno de ellos incluso fue señalado de tener nexos con el cártel de Los Zetas y de venderles una USB con información de operativos y despliegues de los años en que la Tercera Brigada estuvo en Tamaulipas con funciones de Policía Federal.
Dichos casos fueron revelados en la edición 1871 de Proceso y, aunque la mayoría de los oficiales detenidos demostró que todo se obtuvo mediante confesiones arrancadas bajo tortura militar (Recomendación CNDH 041/2011), expedientes como el 482/2010, radicado en el Juzgado IV de Justicia Militar, permiten confirmar las actuaciones de la Tercera Brigada en los operativos de mayor impacto de la PF, inclusive hasta bien entrado 2011.
De policía civil, un fracaso
En 1997, la inseguridad en la Ciudad de México se quiso resolver con el envío de 2 mil 598 soldados de la Tercera Brigada de PM. La medida fue operada por el general Enrique Salgado Cordero, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, quien cosechó el fracaso con indicadores delictivos al alza y con tanta impericia que los PM, metidos de policía de proximidad, en un mes de operaciones ya habían chocado 26 patrullas y atropellado a tres personas, según documentó entonces la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Su primera medida fue parecida a la que se plantea con la Guardia Nacional. Los soldados de la Tercera Brigada asistieron a capacitación en el Campo Militar Número 1-A para contar con formación de policía civil; sustituyeron a los policías preventivos, y fueron militares de carrera quienes asumieron los mandos operativos. A todos se les incrementó el salario.
Duró poco. El general Salgado Cordero debió dejar el cargo en septiembre de 1997, luego de que dos escuadrones policiacos, conocidos como Zorros y Jaguares (implicados también en represiones históricas como la del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 (Proceso 2193), desaparecieran a seis jóvenes en la colonia Buenos Aires. Sus cuerpos fueron localizados, desmembrados, en el Ajusco y en un paraje de Tláhuac.
Para la época fue un escándalo y tuvo que intervenir el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien anunció el 29 de septiembre la destitución del general Salgado Cordero, mientras que la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que admitió el uso desproporcionado de la fuerza en los operativos como el Buenos Aires-Ajusco.
No obstante, dos años después la Tercera Brigada fue requerida para tareas de seguridad pública. En 1999, el gobierno de Zedillo decidió la ya mencionada creación de la PF (Proceso 1500), quedando como comisionado el almirante Wilfrido Robledo.
Bajo su mando, fue esa Tercera Brigada la que, en febrero de 2000, ingresó a Ciudad Universitaria para reventar la huelga universitaria y encarcelar durante meses a casi un millar de estudiantes.
Con disfraz de represor
La noche del 11 de octubre de 2009, el presidente Felipe Calderón decretó la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) y –previsible el conflicto laboral y social que acarrearía la medida en el centro del país, donde esa paraestatal se encargaba del suministro de electricidad– ordenó el despliegue de elementos de la PF en todas las instalaciones de la dependencia.
La SSP, cuyo titular era Genaro García Luna, filtró imágenes de aquel operativo, donde se observaba a soldados de infantería y vehículos militares. El video, publicado por El Universal, así como el trabajo de los fotorreporteros de Reforma, provocaron preocupación en la Sedena, de acuerdo con las comunicaciones de las que obtuvo copia Proceso.
El 12 de octubre de 2009, el general de brigada Juan Manuel Castillo Segura, Diplomado de Estado Mayor (DEM), envió el mensaje número 33063 con carácter de “extraurgente” al comandante de la 22 Zona Militar para instruirlo sobre la “restricción de movimientos”:
“Hago de su conocimiento que en los periódicos El Universal y Reforma, se publicó la nota periodística ‘Fuerzas federales custodian termoeléctrica en Edomex’ y ‘Vigilan PF y Ejército subestaciones’, en la cual se aprecia una fotografía de un vehículo militar 6.5 toneladas, con las siglas 0825277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca), no obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje F.C.A. No. 41726 del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos y con personal uniformado que permita su identificación como militares, debiendo realizarlas con uniforme azul o civil, y en vehículos que no contengan características militares.”
Las notas periodísticas mencionadas por el general Castillo Segura motivaron un “correctivo disciplinario” al comandante del 25 Batallón de Infantería. El oficio hacía extensiva la orden a las unidades de la Zona Militar 37-C, es decir, la de San Miguel de los Jagüeyes, sede de la Tercera Brigada de PM.
El caso fue documentado por este semanario en diferentes ediciones de 2011, a partir del encarcelamiento del teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez, quien fue acusado de abandono del servicio días después de inconformarse por la comisión “en disfraz” de PF.
Otro caso es el de la participación de la Tercera Brigada en el operativo de desalojo a los mineros huelguistas de la siderúrgica “Las Truchas” (Sicartsa), en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006.
En su Recomendación 037/2006, la CNDH determinó que la comandancia de la Tercera Brigada participó en la planeación, coordinación y ejecución del operativo –en el que perdieron la vida dos trabajadores–, así como de iniciar los procedimientos que pudieran derivar en responsabilidad penal de los soldados, o bien, de los elementos orgánicos de la PF.
Operativos militares históricos
Además de obtener las copias de los convenios entre la Sedena, la Segob y la SSP, Proceso realizó otras solicitudes pidiendo información sobre su participación en operativos considerados hoy históricos y que, pese a la violación de derechos humanos, se mantienen en la impunidad.
Una de las solicitudes (Folio 04131 0086012), dirigida a la PF, consistió en indagar la participación de la Tercera Brigada o algún otro cuerpo castrense en el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Para ello se solicitó copia de documentos que establecieran órdenes, divisiones que participaron, motivación y sustento constitucional, periodo de estancia, cantidad de elementos e, inclusive, viáticos. La respuesta fue que la información era inexistente.
Sin embargo, ese fue otro escándalo que implicó a personal de la Tercera Brigada, pues la CNDH documentó que ese cuerpo militar participó en la represión de San Salvador Atenco, como quedó asentado en la recomendación 38/2006.
Dicha recomendación alude al convenio de colaboración entre la Sedena y la SSP; acredita la participación de la PM en el operativo, e inclusive, la hospitalización de 17 elementos heridos, todos policías militares.
Respecto a lo ocurrido en San Salvador Atenco con la probada participación de militares bajo órdenes de la PF, la CNDH le recomendó el establecimiento de “ejes y acciones para la adecuada prevención del trato cruel y/o degradante, así como de tortura, a través de la capacitación de los elementos de la PF, extendiendo dicha capacitación a los elementos que en vía de apoyo o colaboración sean comisionados a esa secretaría”.
En otra solicitud de información (folio 0413100085912) dirigida a la SSP, Proceso obtuvo una versión pública del despliegue operativo realizado en Oaxaca, durante octubre y noviembre de 2006, cuando el gobierno federal intervino en el conflicto social protagonizado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).
Esa respuesta permite observar las órdenes otorgadas, pero una vez más el intento de ocultar hasta el grado de quienes giraban las órdenes se estableció en la respuesta de la institución, que reservó por 12 años la información.
fuente.-
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