TAMAULIPECO era "JEFE de CUSTODIOS" del ALTIPLANO e "INTIMO del CHAPO"...esta "PROFUGO",lo detuvieron y lo "soltaron".

Juan Carlos Ortiz está acusado de permitir la fuga del capo; desapareció el 10 de septiembre, de acuerdo con reportes obtenidos por La Razón La PGR lo detuvo tras la evasión, pero lo dejó libre por falta de pruebas; reos del penal de El Altiplano denunciaron que era cercano a Guzmán Loera.

El ex director de Seguridad y Custodia de la prisión de Máxima Seguridad de El Altiplano, Juan Carlos Ortiz Calderón, jefe de todos los custodios del penal y acusado de formar parte del grupo que permitió la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, se encuentra prófugo de las autoridades. El hombre desapareció hace casi un mes y la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido localizarlo. De acuerdo con reportes obtenidos por La Razón, sobre Ortiz Calderón existe una orden de aprehensión, la cual fue emitida por un juez federal al mismo tiempo que la de Celina Oseguera, ex coordinadora Nacional de los Centros Federales de Readaptación Social, y la de Valentín Cárdenas Lerma, ex director general del Altiplano. Oseguera y Cárdenas fueron capturados el 18 de septiembre por agentes federales. A la primera la aprehendieron en su casa, donde trató de evitar el arresto al mostrar un amparo, lo cual finalmente no le sirvió. Al segundo lo atraparon en sus oficinas del penal de El Altiplano, en el que se encontraba trabajando, y a donde lo regresaron horas después, pero ahora por la aduana de los presos. Sin embargo, Ortiz Calderón no fue capturado, pues desapareció ocho días antes de que la orden fuera emitida y 17 días después de que capos como Omar Treviño Morales, El Z-42, Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Teodoro García Simental, El Teo, ventilaran sus vínculos con El Chapo. Aunque la dependencia que encabeza Arely Gómez ya lo investigaba, e incluso lo tuvo detenido entre el 12 y el 16 de julio —horas después de la fuga del líder del Cártel de Sinaloa— al final no se realizó ningún seguimiento en su contra, y esto facilitó su posterior escape, que logró tras solicitar una licencia médica. De hecho, la misma PGR no tomó en cuenta el desplegado publicado el 24 de agosto, el cual fue pagado por los capos citados, quienes habitaban en el mismo pasillo de El Chapo, en el cual acusaban a Ortiz Calderón de ser una persona cercana a Guzmán Loera y presionarlos para que no declararan detalles sobre su fuga. “Es importante hacer mención al comandante Juan Carlos Ortiz Calderón, funcionario que ya había sido movido por los fuertes vínculos que tenía con El Chapo, ya que fue la persona que recibió a Joaquín Guzmán, y de nueva cuenta lo asignan como director de Seguridad y Custodia para evitar que declaren en forma libre y espontánea los reos, quienes fueron testigos presenciales de la evasión”, publicaron los reos. Según su ficha laboral en poder de La Razón, el hombre cuenta con estudios en criminología y sistemas computacionales. Tiene 44 años de edad y es originario de Tampico, Tamaulipas. Tras la fuga de El Chapo, Ortiz Calderón escribió la nota informativa DS/1421/2015, en la que explicó su versión de lo que sucedió esa noche: “Aproximadamente a las 21:25 horas, vía radio, el Centro de Control me reporta que por la cámara que vigilan a R-5 no lo veían por la cámara, por lo que de manera inmediata, vía radio, le llamó al comandante Roberto Cruz Bernal, comandante de la Primera Compañía (de los custodios del penal), la cual estaba de guardia ese día, que acudiera súper rápido a verificar eso”. Según detalló, tras saber del túnel y del lugar en el que desembocaba, él se trasladó a la casa en obra negra, donde no observó mayor movimiento: “Aun así, se continuaban con los rondines tanto adentro como afuera de la institución, y se observaba un helicóptero sobrevolar en las cercanías del Cefereso”. Fuente.-

LA "MENTIROSA,PARCIAL y TRAMPOSA "SEIDO" de la PGR (Parte I)...la "manipulación" por delante.

En los últimos días, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha diseminado información encaminada a radicar la culpabilidad principal de la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán en Celina Oseguera, excoordinadora de reclusorios federales, así como también, por la forma como encauzan la investigación, acotar responsabilidades y colusiones en ese máximo nivel de funcionarios, con lo cual la línea de competencias y colusiones en cargos superiores del gobierno federal, no llegue más arriba.

 La información que ha distribuido la SEIDO es parcial y tramposa. Más aún, su manejo es político, no jurídico.

Oseguera ha sido el objetivo principal de la investigación desde el principio, de acuerdo con funcionarios que han seguido el caso desde el principio. En la red de vínculos que elaboró la SEIDO tras la fuga, Oseguera encabezaba el árbol de las presuntas complicidades. Su nombre fue colocado ahí como consecuencia de la imputación de Sigifredo Nájera Talamantes, uno de los matones de Los Zetas que operaban en Nuevo León y Coahuila al que apodaban El Canicón, quien afirmó –según hizo trascender la SEIDO a la prensa-, que visitaba frecuente a El Chapo en su celda.

El Canicón, según las filtraciones, era vecino de Guzmán en el pabellón donde se encontraban, pero la exfuncionaria lo cambió por la rivalidad entre ambos. De acuerdo con funcionarios penales, Guzmán no tenía, por diseño, ningún vecino. Sin embargo, cuando la PGR abrió el penal a la prensa tras la fuga, había un interno en la celda 19, contigua a la 20 de El Chapo, donde estaba Mario Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo. La imputación de El Canicón que manejó la SEIDO en la prensa no iba a aguantar la prueba del juez, a menos que pudieran documentar con los videos y las bitácoras de El Altiplano, que de acuerdo con funcionarios penales, no existen. En todo caso, dijo uno, El Canicón no podía haber visto nada, porque se encontraba interno en la celda 11, casi a la mitad del pasillo, no al final donde estaba El Chapo. Su acusación ya se había descartado cuando el 7 de septiembre murió en su celda; oficialmente, por un paro respiratorio, aunque su familia sostiene que lo envenenaron. Aunque se desechó esa línea en los medios, se dejaron sembradas las semillas para la inculpación de Oseguera.

El siguiente paso en la construcción de culpables únicos se dio a mediados de septiembre, cuando la SEIDO filtró a la prensa que tanto ella como el director del penal –también preso- Valentín Cárdenas Lerma, habían pedido “permisos extraordinarios” para no estar en el penal la noche del 11 de julio, cuando se escapó El Chapo. De acuerdo con la información en los expedientes, Cárdenas Lerma no se encontraba en el penal porque ese fin de semana, como cada 15 días, descansaba. La SEIDO subrayó que tras la fuga tardó una hora en llegar a El Altiplano, sin añadir que vive, precisamente, a una hora de distancia. Esa noche estaba de guardia la directora jurídica, Leonor García, que tuvo que sustituirlo porque quien tenía la responsabilidad esa noche, Librado Carmona, director técnico del penal, pidió un cambio de rol. García está presa mientras que Carmona, que fue detenido en los primeros días para ser interrogado, está en libertad.

Oseguera, de acuerdo con sus declaraciones ministeriales, no se encontraba de “permiso extraordinario”, sino en su descanso natural. Cuando se fugó El Chapo se comunicó con ella su jefe, Juan Ignacio Hernández Mora, a la sazón comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Previsión y Readaptación Social, quien le pidió que se trasladara al penal. Oseguera voló desde Colima, donde pasaba el fin de semana en su casa familiar. A Hernández Mora le había avisado Ramón Pequeño, el director de Inteligencia de la Policía Federal, que tenía bajo su responsabilidad la vigilancia electrónica de los penales. Un grupo encargado de la vigilancia especial sobre El Chapo estaba a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). A García nadie le informó de la fuga, de la que se dio cuenta por que los agentes que lo monitoreaban corrían de un lado para otro dentro de El Altiplano. 

La información diseminada por la SEIDO en los últimos días ha sido parcial y, en algunos casos, proporcionó versiones que fueron descartadas o nunca fueron tomadas en serio para presentárselas al juez. Lo que hizo la PGR –de quien depende la SEIDO-, fue solicitar la orden de aprehensión con contra de Oseguera, Cárdenas Lerma y una decena más de funcionarios, porque “incurrieron en omisiones que favorecieron” a la fuga, que sí es un delito tipificado. Con la documentación que entregó la PGR, el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Víctor Octavio Luna Escobedo, obsequió la orden de aprehensión 10 días.

El juez no supo, probablemente, que le estaban proporcionando información parcial y que de alguna manera los fiscales buscaron manipular su decisión. El juez no estaba para saberlo, pero el alegato central para encarcelar a los exfuncionarios del sistema federal carcelario está sostenido con alfileres y difícilmente se podrá probar durante el juicio, como se verá mañana en este mismo espacio.

Fuente.-

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

"SOSPECHOSA la "LIBERACION de MILITARES" en CASO TLATLAYA",PGR y el EJERCITO en entredicho.

Uno se pregunta si la liberación de cuatro de los siete militares detenidos por el caso Tlatlaya, en el que se presumen ejecuciones sumarias, no es resultado de una acción ex profeso de la PGR para que los soltaran, con el alegato de que no se les respetó el debido proceso. Cuesta trabajo creer que el Ministerio Público no notificó a los soldados involucrados quién los acusaba y los cargos que se les imputaban, luego de lo ocurrido el 30 de julio del 2014 en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En esa fecha murieron 22 presuntos delincuentes, algunos de los cuales ya se habían rendido, según testimonios de mujeres sobrevivientes. Eso es lo que llevó al juez federal Rubén Noguera Gregoire, a dictar la libertad de los cuatro militares. Los otros tres soldados involucrados se quedaron en la cárcel acusados de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar de los hechos.

Las notificaciones a los detenidos son de lo más elemental. Son formalidades. Cualquier estudiante de derecho lo sabe. Está escrito en el artículo 20, apartado B, de la Constitución. Imposible que el Ministerio Público involucrado en un evento de esa magnitud no se supiera el debido proceso.

A partir de allí es válido sospechar del poder que tiene el Ejército y que hay complicidad de la PGR, hasta que no prueben lo contrario.

Los militares impugnaron el auto de formal prisión que les fue dictado en noviembre del 2014 por “ejercicio indebido del servicio público”. Lo hicieron en el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México. Sabían de las irregularidades y las aprovecharon.

¿Se habrán inspirado en el vergonzoso caso de Florence Cassez? ¿A los tres que permanecen encarcelados sí les notificaron los cargos? Son preguntas.

En la CNDH estaban anoche igual de sorprendidos y desconcertados. Quieren analizar con detenimiento el alegato del juez. Hasta hoy harán un pronunciamiento. Por lo menos es lo que dijeron.

No es necesario un sesudo análisis para concluir que tras el polémico fallo del juez y las razones que esgrime se abrirá un debate donde gobierno y Fuerzas Armadas saldrán mal parados.

Fuente.-Excelsior.

Ahora hasta el '"FISCO podría CATEAR DOMICILIOS"...de APROBARSE LEY.

De aprobarse una iniciativa de un Ministro, cuando una autoridad haga una visita a tu domicilio podría sustraer documentos o bienes.

Actualmente, en las visitas fiscales no se puede retirar información del lugar ni mercancías o muestras que ayuden a la investigación de un posible delito.

Sin embargo, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar propone que esas visitas domiciliares se equiparen con los cateos penales, para que las autoridades puedan llevarse la información que quieran y cualquier otro elemento que consideren pertinente para la investigacion.

"Encontramos que no existe restricción constitucional para que, dentro del ejercicio de facultades conferido a la autoridad para poder introducirse legalmente al domicilio del particular, ésta pueda no solo entrar al mismo sino sustraer determinados objetos bajo ciertas reglas", afirma el Ministro.

Su proyecto forma parte de la resolución de un amparo directo en revisión promovido por la empresa Válvulas Worcester de México en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Especialistas aseguran que se trata de un planteamiento que supone un grave riesgo para los derechos de los contribuyentes.

"En caso de aprobarse el proyecto del Ministro Zaldívar, el fisco podría sustraer bienes del contribuyente, tal y como ocurre en un cateo", explicó Luis Eduardo Viesca, experto del Colegio de Fiscalistas y una de las personas que más de cerca ha seguido el caso.

fuente.-

SICARIO EJECUTA a EX-ALCALDE de "VILLAGRAN" en el municipio de HIDALGO...dueño del grupo musical “Privilegio”,

La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que en el municipio de Hidalgo fue privado de la vida el músico Luis Javier Hernández Juárez, quien tenía 46 años de edad y fue presidente municipal de Villagrán, Tamaulipas, en el trienio 2011-2013.

El hecho se registró a las 23:00 horas del domingo 4 de octubre del presente año en el ejido San Francisco, perteneciente al municipio de Hidalgo, donde Hernández Juárez amenizaba con su grupo el aniversario de la referida comunidad.

Las investigaciones realizadas hasta el momento establecen que un sujeto se le acercó a Hernández Juárez y le disparó en tres ocasiones con una pistola automática calibre 45, dándose a la fuga inmediatamente.

La Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones para dar con el o los responsables de este hecho de violencia que enluta al municipio de Villagrán.

fuente.-(Milenio)

.....era propietario del "GRUPO MUSICAL PRIVILEGIO".

En menos de una semana, vuelven asesinar a otro músico, cerca de Linares, en terrenos de Tamaulipas, dentro de un  baile popular.

 La persona asesinada es Luis Javier Hernández Juárez, de 47 años de edad, vivía en el municipio de Villagrán,  mejor conocido como “Javi”. Dueño del grupo musical “Privilegio”, música norteña y grupera, su plaza era   la región Citrícola de Nuevo León. Y el área de Cd. Victoria.

 Hernández Juárez, fue alcalde de su pueblo, Villagrán, en el pasado trienio  2011-  2013. Persona muy apreciada en el municipio,  sencillo y muy servicial.

 La policía se ha negado a profundizar en la información, solo se ha limitado a confirmar la muerte, con arma corta, y por lo menos a reserva de autopsia le observaron cuatro impactos de bala.

 El evento se registró  en el ejido San Francisco, mejor conocido como “San Pancho”, ubicado a un costado de la carretera Nacional, en el tramo de Linares  a Cd. Victoria, dentro del municipio de Hidalgo, a una media hora de Linares.

 Se logró recabar por personas allegadas a agentes federales que llegaron al lugar, que existen dos versiones, una que el evento fue dentro del baile, y la otra que el asesinato fue cerca de las dos y media horas de este lunes cuando estaban recogiendo los instrumentos.

 La versión oficial, luego de recabar con testigos, “Javi”, revisaba el sonido, porque aparte de ser el dueño del grupo musical, era el responsable del cerebro de los aparatos y  regulaba el sonido.

 Hernández Juárez, estaba en la tarima, donde tocaban, moviendo algunos cable y bocinas, cuando de la parte de atrás, entre la oscuridad, le hablaron, bajando, como que la persona, la conocía, y minutos después se escucharon detonaciones de arma de fuego, asegurando algunas personnas alcanzaron a ver los destellos de las balas.

 Varias personas, entre ellos integrantes del grupo corrieron en su búsqueda y encontraron a Javi, en el suelo boca abajo y sin signos de vida, sobre la persona o personas que intervinieron, no vieron a nadie, presumen que se perdió entre el monte y quizá un auto lo esperaba cerca de la carretera.

 Familiares, así como los integrantes del grupo, fueron interrogados por la policía, pero aseguran que él, no les comentaba de algún problema o amenaza.

fuente.-

"UBICACION DESCONOCIDA",la de mas de 200 "SOLDADOS LEVANTADOS" por el "NARCO"...el otro costo de la "guerra" y TAMAULIPAS se"distingue".

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene 157 soldados desaparecidos.

Desde la administración anterior cuando las tropas salieron de sus cuarteles para combatir a la delincuencia organizada han sido víctimas de criminales que muchas veces atacan por sorpresa o les tienden emboscadas.

La mayoría de los “levantados” son elementos de tropa, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional a 24 HORAS a través de la solicitud de información 0000700119015.

Entre el 6 de septiembre de 2007 y el 17 de junio de 2015 el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana acumularon 250 uniformados reportados como desaparecidos.

De ellos, 57 fueron privados de su libertad y posteriormente encontrados con vida, sin embargo, 36 que también habían sido “levantados” fueron localizados muertos y del resto, 157, no se conoce su paradero, señala el documento de la Sedena.

En los primeros 30 meses, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando las Fuerzas Armadas salieron a las calles, desaparecieron 48 elementos castrenses de los cuales dos fueron localizados con vida y del resto no se sabe nada.

En el mismo periodo, pero en la administración de Enrique Peña Nieto, desaparecieron 31 uniformados, dos fueron localizados vivos y dos muertos. Es decir, hubo una disminución de 35% de soldados desaparecidos.

Por rango, los elementos de tropa (soldados) son los que representan la mayor cantidad de elementos “levantados”.

En la lista de desaparecidos y que causaron baja hay 55 soldados, 43 cabos, 20 Sargento Segundo, 17 Tenientes, 15 Rural, 3 Capitán Primero, 2 Sargento Primero y 2 Subteniente, indica la Defensa.

Por entidad, Tamaulipas ha sido el estado de mayor peligro para los elementos del Ejército donde desaparecieron 48 elementos, seguido de Michoacán con 42, Nuevo León y Veracruz con 27, Guerrero 21, Coahuila 18, Durango y Chihuahua 14 y Jalisco 11.

En estas entidades los elementos castrenses han combatido a organizaciones delincuenciales como Los Zetas, El Cártel del Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, El Cártel del Pacífico, Los Hermanos Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación.

Por entidad, donde han localizado a más soldados desaparecidos muertos es Tamaulipas con 6, Guerrero 5 y Chihuahua y Jalisco con 4.

En cambio, donde han hallado a más desaparecidos con vida son Michoacán 24, Veracruz y Guerrero 7 y Tamaulipas 6.

En Zacatecas y el Estado de México desaparecieron 4, en San Luis Potosí y Sonora 3, Tlaxcala, Sinaloa, Morelos y Querétaro 2 e Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Colima y Oaxaca 1.

36 elementos de los reportados han sido encontrados sin vida

57 militares lograron regresar con sus familias.

fuente.-

ETIENNE: "ASI QUIERE GOBERNAR a TAMAULIPAS" en 2016...DORMIDO.

El Alcalde de Ciudad Victoria, Alejandro Etienne Llano, fue captado durmiendo mientras asistía a un evento público del Congreso de Tamaulipas, a donde acudieron cientos de invitados.

Cd.Victoria,05/Oct/2015 La imagen que circula en redes sociales fue tomada el pasado jueves cuando Etienne estuvo en el evento del inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la LXII Legislatura local.

En la gráfica que circula por internet se observa al Edil de la capital de Tamaulipas, uno de los aspirantes a la Gubernatura por el PRI el próximo año, durmiendo en el asiento que le asignaron en el recinto.

A ese evento acudió el Gobernador Egidio Torre Cantú, Alcaldes tamaulipecos, empresarios, Secretarios del Gabinete estatal, mandos militares y sociedad civil.

Fuente.-

También:"CASO TLATLAYA" se "CAE a PEDAZOS",dice ABOGADO de MILITARES,"TODOS SALDRAN LIBRES"

El abogado Juan Velázquez aclaró que los cuatro militares fueron liberados en el fuero civil pero continúan en una prisión militar, donde siguen un proceso por otros delitos castrenses pero que sí les permiten llevar el proceso en libertad. De los tres que continúan presos dijo que las pruebas fueron fabricadas por lo que podrían salir libres.

El abogado Juan Velázquez, que ha asesorado al equipo que representa a los siete militares detenidos por su presunta participación en la ejecución de ocho de las 22 personas en una bodega de Tlatlaya, asegura que las pruebas fueron fabricadas por supuestos defensores de derechos humanos.

Por tal motivo, dijo el abogado, están por salir cuatro de los siete militares y los otros tres podrían correr la misma suerte en corto tiempo.  

El miércoles pasado, un Tribunal Unitario de Circuito ordenó la liberación de cuatro de los siete militares procesados por su presunta participación en ocho de las 22 personas asesinadas en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. 

A este respecto, el abogado Juan Velázquez explicó que "originalmente la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a ocho militares por el caso Tlatlaya. Cuatro veces, el juez al que se le consignó el asunto, negó las órdenes de aprehensión que la procuraduría solicitaba. A final de cuentas, la PGR insistió, instigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una quinta ocasión libró orden de aprehensión contra ocho militares."

Los uniformados fueron detenidos por la autoridad militar y "los puso a disposición del juez federal, del fuero civil y a uno de ellos, el juez lo puso en libertad, no obstante la orden de aprehensión porque había sido herido y se había quedado afuera de la bodega."

Entrevistado en el noticiero de Joaquín López Dóriga, el abogado prosiguió narrando que los siete que continuaron presos apelaron la formal prisión ante un Tribunal Unitario de Circuito, el cual "el miércoles revocó la formal prisión y le ordenó a un juez de primera instancia federal que resolviera la situación en el término constitucional de 72 horas", que se cumplieron el viernes pasado. 

De tal manera, el viernes pasado el juez federal determinó la libertad de cuatro de los siete militares "porque no encontró una sola prueba de su responsabilidad penal en esa supuesta ejecución." Con lo cual los uniformados quedaron libres "en el fuero civil, no obstante siguen enjuiciados en el fuero militar por delitos militares, pero que permiten libertad bajo caución."

Ante tales determinaciones, Juan Velázquez sentenció: "En el fuero civil ya están en libertad y en el fuero militar, en un ratito lo estarán. Están detenidos todavía en la cárcel militar…".

Aclaró que sólo quedan tres militares vinculados a la ejecución "para que ahora sí se les enjuicie y se les dicte una sentencia ya sea absolutoria o condenantoria."

El abogado se cuestionó "qué clase de acusación será que un juez, un magistrado, y ahora un juez federal, ni siquiera encontraron pruebas para enjuiciar a cuatro de los siete militares. Y las pruebas para enjuiciar a los tres restantes, estoy absolutamente cierto en que acabarán en nada, porque todas las pruebas de cargo son absolutamente contradictorias."

Citó que las declaraciones son los dichos "de tres mujeres que no sólo se han contradicho entre ellas, sino ellas mismas a su vez" y que fueron "fabricadas" por "gente que está atrás de estas mujeres que alentó un reportaje, una entrevista, tres meses después de sucedidos los hechos y que tienen el propósito (…) de incriminar a la mala a estos soldados."

Expuso que las personas que "fabricaron" las pruebas pertenecen a organizaciones no gubernamentales, "a dizque defensores de las víctimas pero que más que hacerlo, persiguen a los soldados porque ahora ese es el deporte de moda y muy popular. Acusar a los soldados de todo lo que sucede en el país."

Sobre su participación en la defensa de los militares, aclaró que Juan Velázquez que ha asesorado "y por ese motivo conozco bien el caso."

Ante todo lo anterior expuso: "Esta historia de que los militares entraron a la bodega a ejecutar a los civiles es una verdadera mentira que se está comenzando a caer a pedazos."

Referente a los 22 sujetos asesinados en la bodega de Tlatlaya, el abogado expuso que todos resultaron positivos al consumo de alcohol y drogas, que pertenecían a bandas de extorsionadores y secuestradores "eso por ningún motivo habría justificado una ejecución."

Fuente.-

EL "FRANCOTIRADOR de TLATELOLCO"...el "Jefe Miitar" que "murió solo,loco,abandonado" y SIN CASTIGO LEGAL.

Hizo su carrera en el Estado Mayor Presidencial (EMP) del que llegó a ser jefe en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), un cargo que le dieron como premio al silencio que guardó sobre lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. 

• Carlos Humberto Bermúdez Dávila, el oficial que iba al mando de los militares que comenzaron los disparos desde los edificios que rodean la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y que desató la masacre que marcó la vida contemporánea del país, murió “solo y abandonado” en los primeros días de agosto pasado. 

Imagen.-El Obituario

Su papel como jefe de los francotiradores, y uno de los que disparó contra la muchedumbre aquella tarde, quedó revelado por el jefe de inteligencia militar del EMP que lo sustituyó Días después de 1 de diciembre de 1970, cuando el entonces mayor de infantería Jorge Carrillo Oléa había sido nombrado por Luis Echeverría jefe de inteligencia del Estado Mayor Presidencial (EMP), su antecesor en el cargo lo encaró en el primer encuentro que tuvieron.

―A usted me lo voy a traer al pedo—le dijo el teniente coronel Carlos Enrique Bermúdez Dávila, quien durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz había sido jefe de la sección segunda, y uno los oficiales más cercanos al titular del EMP, el general Luis Gutiérrez Oropeza.

Bermúdez creía que aun podría conservar injerencia sobre ésta área, estaba acostumbrado al poder sin límites que había acumulado en el gobierno que terminaba. Carrillo Oléa recuerda que se plantó y con aplomo le respondió que él tenía sus propios deberes, el único superior al que respondería sería al nuevo jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Jesús Castañeda Gutiérrez.

El teniente coronel Bermúdez era una figura de las más cercanas a Gutiérrez Oropeza, quien como jefe del Estado Mayor Presidencial quedó marcado por ser quien desplegó 10 oficiales armados bajo su mando en algunos departamentos en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. A todos ellos les dio órdenes de disparar contra la multitud y al ejército la tarde del 2 de octubre de 1968. Su legado en el EMP más allá de los hilos maquiavélicos que tejió junto con el secretario de Gobernación Luis Echeverría, era un equipo de militares de una hechura particular: autoritarios, arbitrarios y corruptos,Bermúdez Dávila era un ejemplo.

Echeverría lo nombró jefe de ayudantes, un área que a partir de diciembre de 1970 dependería de la sección segunda al mando de Carrillo Oléa. No se acostumbró a la pérdida de influencia y se confrontó con el general Castañeda Gutiérrez. Por orden presidencial en febrero de 1974 fue removido. El episodio quedó resumido en su expediente como “agregado al Estado Mayor Presidencial con licencia especial para prestar sus servicios en el PRI”.

Nacido en 1932 en San Luis Potosí, Carlos Humberto Bermúdez Dávila ingresó en 1950 al Colegio Militar donde se graduó tres años después como oficial de artillería. Desde 1955 al inicio de su carrera comenzó su labor como oficial del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Pasó unos años como estudiante en la Escuela Superior de Guerra y después en la planta del Estado Mayor de la Defensa, que fueron como una pausa, regresó a Guardias Presidenciales al comenzar la década de los años 60.

Estuvo comisionado al primer batallón de artillería del Guardias Presidenciales hasta diciembre de 1964, cuando Luis Gutiérrez Oropeza, nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial por el Díaz Ordaz, lo designó jefe de la sección segunda, dedicada a labores de “inteligencia”.

“En la Sección Segunda, además del envilecimiento se actuaba con pasmosa impericia y siempre con el ánimo de “saberlo todo”, dados los afanes inquisitorios y represivos del jefe, el general Luis Gutiérrez Oropeza, y de su superior directo, el presidente Díaz Ordaz. Así el producto de esas “labores de inteligencia” no era más que un burdo espionaje y vil chismorreo”, decía Carrillo Oléa.

El año de 1966 fue clave en la carrera militar de Bermúdez Dávila. En su expediente se lee que entre octubre y noviembre, hizo una gira de “orientación por diversas instalaciones de inteligencia del ejército de los Estados Unidos”. De esas visitas tiempo después vendría el primer grupo de “instructores” norteamericanos, quienes prepararon a militares del Estado Mayor Presidencial en tácticas de sabotaje, explosivos y labores de francotirador.

Era una de las acciones ordenadas por Gutiérrez Oropeza, con autorización de Díaz Ordaz, de las que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, aseguró no estar enterado. Lo hizo tiempo después, cuando subordinados suyos le informaron que en el campo de tiro del EMP había un grupo de estadounidenses entrenando oficiales con explosivos.

El rol del jefe de inteligencia del Estado Mayor Presidencial iría más lejos, Carrillo Oléa su sucesor, lo anotó de esta manera.

“El asunto más sobresaliente del cúmulo de papeles desorganizados y sin control que recibí era el referido a la actuación de los elementos del Estado Mayor Presidencial el 2 de octubre de 1968. Sobre lo ocurrido había tarjetas informativas, relaciones de personal, planos y otros documentos correspondientes a la plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, frente a la importancia del suceso y ante el hecho de que por voluntad del presidente había estado presente el EMP, resultaba incongruente que ahí no se encontrara nada relevante que hubiera permitido reconstruir consideraciones, proyectos, decisiones y acciones. Si se recuerda, miembros del Estado Mayor Presidencial, como lo confesó Gutiérrez Oropeza en sus memorias, formaron parte del grupo que disparó contra los estudiantes desde un edificio denominado Molino del Rey (mismo nombre con el que de forma arbitraria se conoce en Los Pinos al sitio donde se aloja una parte del EMP)”.

“En la Sección seguían trabajando dos personas que habían participado personalmente en los hechos de Tlatelolco: un capitán de la Armada, César Carreón Bourgard y un teniente, Cipriano Alatorre Osuna. El marino pronto se dio cuenta de que ahí no habría futuro para él y solicitó su reincorporación a la Armada. A Alatorre, joven de 21 años, lo incorporé a mi personal de confianza y muy pronto me comunicó los pormenores de lo que había hecho el EMP aquella tarde, en una operación ordenada por Gutiérrez Oropeza y comandada por Bermúdez desde el edificio mencionado. No solo hicieron uso de las armas sino que proveyeron de armas y municiones a grupos paramilitares que estaban esparcidos entre los muchos empleados del entonces DDF”.

“Con verdadera repugnancia informé de todo ello al general Castañeda. Me embargaba una doble sensación, con un componente de carácter ético y otro muy fuerte de descalificación profesional. El general Castañeda y yo veníamos de ejercer una larga y sólida docencia precisamente en esa materia: el Estado Mayor, la misma institución militar que ahora veíamos degradada. No pesaba menos el orgullo de ser oficiales de esa especialidad, con un bien ganado y auténtico prestigio. Mostrando incredulidad, desaprobación y un notable enojo, el jefe del Estado Mayor me ordenó: “Destruya usted todo eso, Jorge, y empiece a trabajar profesionalmente”.

Carrillo decía que aun sin esa orden para deshacerse de aquella documentación, lo que ahí había no alcanzaba para aclarar lo que en realidad ocurrió el 2 de octubre. “No había nada de valor con contenido político, ni siquiera algo relacionado con planes organizativos de los cuales pudieran derivarse responsabilidades”.

Toda la información relevante había sido oral, aunque provenían de testigos irreprochables que habían sido actores presenciales. “Fueron copartícipes de los acontecimientos y se referían a ellos con todo detalle. En cada uno de los pasos que dieron no había nada significativo: para ellos fue como si en aquella tarde una secuencia natural de hechos los hubiera conducido a disparar del edificio Molino del Rey. La ausencia de huellas que habíamos constatado, podría entenderse como una operación limpieza”, pero no, era simple primitivismo y ausencia total de profesionalismo”.

Cipriano Alatorre Osuna, uno de los oficiales del Estado Mayor Presidencial que disparó contra los estudiantes en la plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, murió acribillado a tiros junto a uno de sus escoltas en julio de 1987 en Guadalajara, Jalisco. En 1984 había sido nombrado por el entonces gobernador Enrique Álvarez del Castillo, director de la policía intermunicipal de la capital tapatía. Las versiones tras su muerte decían que se trató de una vendetta del capo Ernesto Fonseca Carrillo “don Neto”. Uno de los hijos del jefe del cartel de Guadalajara, era perseguido por el jefe policiaco cuando se estrelló a bordo de auto donde viajaba acompañado por su esposa. Fue su sentencia de muerte.

Al término del gobierno de Luis Echeverría, Bermúdez Dávila regresó al EMP como subjefe, uno de sus mejores amigos del grupo formado por Gutiérrez Oropeza había sido nombrado titular del organismo. Miguel Ángel Godínez Bravo lo puso como su brazo derecho durante el gobierno de José López Portillo. Fue el sexenio en el cual a donde viajaba el presidente, Bermúdez era condecorado. Medallas en Alemania Federal, Bulgaría, Hungría, Japón, Brasil, Francia.

Fue el preámbulo que sirvió como argumento para que Godínez en 1982 lo recomendara con el candidato del PRI, Miguel de la Madrid, para hacerse cargo de la logística de la campaña y su seguridad.

Bermúdez fue el prototipo de jefe del Estado Mayor Presidencial que hizo su carrera y recibió ascensos como “abre-puertas y carga portafolios” de políticos, según sus contemporáneos. También fue el hombre que sabía cómo estuvo la trama oculta de la matanza del 2 de octubre.

En el año 2008, cuando se cumplieron 40 años de la masacre den Tlatelolco, el autor de estas líneas lo buscó por medio de conocidos mutuos. Un mensaje para una entrevista sobre los testimonios que comenzaban a conocerse en el medio castrense, donde lo señalaban como uno de los francotiradores apostados en los edificios que rodean a la plaza, tuvo como respuesta No. Bermúdez mandó decir que él no tuvo nada que ver, y que todo lo que se decía eran “mentiras”. El oficial del Estado Mayor Presidencial que llevaba el mando de quienes atacaron a los estudiantes y disparó contra el ejército, se negó a dar su versión de los hechos.

Poco después de que terminó el sexenio de De la Madrid, el general Bermúdez fue nombrado jefe de la 12 zona militar en su natal San Luis Potosí. No se acomodó al mundo de los cuarteles, acostumbrado a los grandes salones y banquetes del poder presidencial. Desde entonces quedó anotado como “comisionado con el ex presidente Miguel de la Madrid”. Se retiró de la milicia en 1997.

Pese a que vivió muchos años en la opulencia, hace algún tiempo se separó de su mujer, y quedó al cuidado de sus hijos. El pasado 6 de agosto del 2015 Carlos Humberto Bermúdez Dávila, jefe de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial que dispararon contra la muchedumbre el 2 de octubre en Tlatelolco, murió en su domicilio particular.

“Murió solo, en la miseria, abandonado”, dijo la decana de la fuente militar y por muchos años su íntima amiga, la periodista Isabel Arvide.

En los últimos años de su vida “su comportamiento no era normal, estaba loco”, comentó el general de división retirado Enrique Pérez Casas, contemporáneo suyo del Colegio Militar, y ex secretario particular del general Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional durante 1968.

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Juan Veledíaz

@velediaz424

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