Uno se pregunta si la liberación de cuatro de los siete militares detenidos por el caso Tlatlaya, en el que se presumen ejecuciones sumarias, no es resultado de una acción ex profeso de la PGR para que los soltaran, con el alegato de que no se les respetó el debido proceso. Cuesta trabajo creer que el Ministerio Público no notificó a los soldados involucrados quién los acusaba y los cargos que se les imputaban, luego de lo ocurrido el 30 de julio del 2014 en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México.
En esa fecha murieron 22 presuntos delincuentes, algunos de los cuales ya se habían rendido, según testimonios de mujeres sobrevivientes. Eso es lo que llevó al juez federal Rubén Noguera Gregoire, a dictar la libertad de los cuatro militares. Los otros tres soldados involucrados se quedaron en la cárcel acusados de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar de los hechos.
Las notificaciones a los detenidos son de lo más elemental. Son formalidades. Cualquier estudiante de derecho lo sabe. Está escrito en el artículo 20, apartado B, de la Constitución. Imposible que el Ministerio Público involucrado en un evento de esa magnitud no se supiera el debido proceso.
A partir de allí es válido sospechar del poder que tiene el Ejército y que hay complicidad de la PGR, hasta que no prueben lo contrario.
Los militares impugnaron el auto de formal prisión que les fue dictado en noviembre del 2014 por “ejercicio indebido del servicio público”. Lo hicieron en el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México. Sabían de las irregularidades y las aprovecharon.
¿Se habrán inspirado en el vergonzoso caso de Florence Cassez? ¿A los tres que permanecen encarcelados sí les notificaron los cargos? Son preguntas.
En la CNDH estaban anoche igual de sorprendidos y desconcertados. Quieren analizar con detenimiento el alegato del juez. Hasta hoy harán un pronunciamiento. Por lo menos es lo que dijeron.
No es necesario un sesudo análisis para concluir que tras el polémico fallo del juez y las razones que esgrime se abrirá un debate donde gobierno y Fuerzas Armadas saldrán mal parados.
Fuente.-Excelsior.
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