La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a un juez federal de Almoloya de otorgar beneficios injustificados a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador“, cabecilla del Cártel del Golfo, sujeto a proceso de extradición a Estados Unidos.
Enrique Beltrán Santés, juez que estuvo de guardia en Almoloya durante las vacaciones, extendió hasta el 26 de febrero el plazo para que Cárdenas Martínez sea sometido a la colocación de un dispositivo electrónico para monitorearlo en tiempo real.
El plazo original para colocar el dispositivo venció el 26 de diciembre, pero Beltrán lo prolongó dos meses, sin avisar a la FGR ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó la fiscalía en un comunicado.
“Se presentará el recurso de revocación correspondiente ante el juez Beltrán Santés, argumentando que no se dio vista a la FGR para que se pronuncie, y se presentará una queja en contra de dicho juez ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”, informó la institución.
El caso de Cárdenas, sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén y miembro líder de la célula “Escorpiones” del Cártel del Golfo, se ha convertido en un foco rojo de la relación entre la FGR y el Poder Judicial.
Lo anterior, luego de que el pasado 20 de noviembre, otro juez de Almoloya, Gregorio Salazar, concedió a Cárdenas el beneficio de medidas cautelares en vez de prisión preventiva, mientras se resuelve en definitiva sobre su extradición.
Salazar actuó para acatar la suspensión que otro juez concedió en un amparo promovido por Cárdenas.
Luego de valorar que no había riesgo inminente de que se fugue, le impuso medidas como presentarse cada semana en la Presidencia Municipal de Matamoros, Tamaulipas, pagar una garantía de 5 millones de pesos, prohibición de salir del País sin autorización, prohibición de acercarse a determinados lugares y comunicarse con víctimas o testigos, así como la colocación del localizador electrónico.
La decisión de Salazar fue atacada personalmente por el titular de la FGR, Alejandro Gertz, quien en la conferencia mañanera Presidencial del 3 de diciembre, anunció que buscarán ejercer acción penal contra el juez, aunque esto no es posible sin el permiso previo del CJF.
La FGR sostiene que hay múltiples evidencias sobre el alto grado de peligrosidad y riesgo de fuga de Cárdenas, que el juez Salazar no tomó en cuenta.
Cabe mencionar que el juez Santés, nuevo blanco de críticas de FGR, fue quien el pasado 17 de junio emitió opinión jurídica favorable a la petición de Estados Unidos para extraditar a Cárdenas.
Esta opinión, sin embargo, solo es el primer paso del proceso, pues la SRE es la que autoriza la extradición, y contra esta orden, el acusado puede promover juicio de amparo, que toma varios meses o hasta años para ser resuelto.
La reticencia de los jueces de Almoloya a imponer prisión preventiva oficiosa deriva de jurisprudencia obligatoria aprobada en julio de 2024 por el Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, que ordena conceder medidas cautelares alternativas a quienes se amparen contra su encarcelamiento forzoso.
Con informacion: ELNORTE/
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