La reciente tragedia ocurrida en Culiacán, donde Antonio y sus hijos Alexander y Gael fueron asesinados, es un claro ejemplo de cómo la violencia descontrolada en Sinaloa está afectando a civiles inocentes y donde si bien es cierto que los grupos criminales son los perpetradores directos de estos actos atroces, hay argumentos sólidos para señalar la corresponsabilidad del gobierno y las autoridades, incluidas las militares, en esta situación:
Falta de control territorial
El hecho de que grupos criminales puedan operar con tal impunidad, deteniendo vehículos y asesinando a sus ocupantes en plena vía pública, demuestra una grave falta de control territorial por parte de las autoridades y un exacerbado control de criminales y no deberíamos estar discutiendo si fueron los vidrios polarizados o no quiso parase, el Estado ha fallado en su obligación fundamental de “pararlos”, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Ineficacia de las estrategias de seguridad
A pesar del despliegue de fuerzas federales y militares que rebasa los millares o la presencia “virtual” del secretario de Seguridad Omar García Harfuch en Sinaloa, la violencia no ha disminuido un significativamente, al menos lo suficiente para poder vivir sin miedo. Esto sugiere que las estrategias implementadas han sido ineficaces para contener la crisis,mas alla de la complicidad con el Cartel y el gobernador, cuya evidencia el gobierno de Morena ha desestimado dolosamente y eso lo pagan los ciudadanos con mas sangre.
Normalización de la violencia
Las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, justificando el ataque por los vidrios polarizados del vehículo, demuestran una peligrosa normalización de la violencia por parte de las autoridades y contribuye a perpetuar la impunidad.
Falta de protección a la población civil
El cierre de negocios, la suspensión de actividades nocturnas y el miedo generalizado en la población indican que las autoridades han sido incapaces de proteger adecuadamente a los civiles. La vida cotidiana de los ciudadanos se ha visto severamente afectada.
Omisión en la prevención del delito
La escalada de violencia desde septiembre de 2024 sugiere que las autoridades no tomaron medidas preventivas efectivas para evitar el enfrentamiento entre facciones criminales tras la captura de “El Mayo” Zambada,incluso Andres Manuel Lopez Obrador,dijo que no sucedería..
Falta de transparencia y rendición de cuentas
La discrepancia entre las cifras oficiales y la realidad percibida por los ciudadanos, así como la falta de información clara sobre la situación, indican una falta de transparencia por parte de las autoridades, dedicadas en “puerco y alma” a buscar el mejor ángulo de los números,para exhibirlos con triunfo para buscar reconocimiento mediático.
Incapacidad para garantizar derechos fundamentales
La violencia generalizada ha llevado a la violación sistemática de derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la vida, la libertad de movimiento y la educación, sin que las autoridades hayan podido garantizarlos efectivamente,inlcuso se han sumado a los agravios.
En conclusión, si bien los grupos criminales son los ejecutores directos de la violencia, el gobierno y las autoridades tienen una clara corresponsabilidad en la crisis de seguridad que vive Sinaloa. Su incapacidad para controlar el territorio, proteger a la población civil y implementar estrategias efectivas contra el crimen organizado ha contribuido significativamente a la situación actual. Es imperativo que se reconozca esta responsabilidad y se tomen medidas urgentes y efectivas para restaurar la paz y la seguridad en la región.
Con informacion: REDES/MEDIOS/
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