La elección de jueces, magistrados y ministros que está en curso en México podría poner en riesgo el sistema de precedentes jurídicos y colocar a los inversionistas ante decisiones judiciales de carácter político, advirtió el Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.
En un documento titulado “Reforma Judicial en México: Una Guía para Empresas sobre Implicaciones y Riesgos”, señaló que, ante esta politización de la justicia, los inversionistas tendrían que recurrir a los paneles internacionales con el alto costo que esto representa.
“La elección de jueces por voto popular podría politizar el proceso judicial, ya que los candidatos podrían verse influidos por intereses políticos o económicos para asegurar su elección o reelección. Esto pone en riesgo el generar compromisos políticos, lo cual afecta la imparcialidad de las decisiones judiciales y, por ende, la confianza en el sistema de justicia”, señaló.
Un claro ejemplo de esa politización, indicó, se puede dar en materia energética, sector en el que tanto la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador como la de la Presidenta Claudia Sheinbaum han reclamado la soberanía del País para producir combustibles y electricidad.
“Escenarios posibles en Materia Energética: Concesiones para Energías Renovables. Una empresa extranjera solicita una concesión para operar un parque eólico, pero la autoridad administrativa la rechaza alegando que interfiere con los planes de generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Con la reforma judicial, es probable que un juez, influido por el discurso político del Ejecutivo sobre ‘soberanía energética’, ratifique esta decisión sin analizar adecuadamente su legalidad”, expuso.
Este escenario, señaló, provoca una afectación directa a la confianza de los inversionistas en el sistema jurídico mexicano.
“Si los jueces no pueden garantizar una resolución imparcial y basada en la ley, las empresas dudarán en invertir en el país, especialmente en sectores estratégicos como el energético. Además, esta falta de certeza jurídica limita la capacidad de los tribunales para corregir decisiones arbitrarias de las autoridades administrativas, consolidando un entorno de inseguridad legal que afecta el desarrollo económico y social del país”, indicó.
Ante la imprevisibilidad jurídica, consideró, las empresas podrían acudir al arbitraje internacional, sin embargo, es un camino largo, complejo y al final será un juez el encargado de hacer cumplir la resolución.
“El arbitraje cobra mayor relevancia como una herramienta viable para resolver disputas. (Sin embargo,) además de implicar costos adicionales, también podría enfrentar desafíos en ejecución en México debido a los variados supuestos de intervención judicial en el arbitraje, especialmente bajo la interpretación del concepto de ‘orden público’”, señaló.
Riesgos Fundamentales
Entre la serie de advertencias críticas sobre la reforma judicial mexicana, destacan varios puntos preocupantes:
La elección popular de jueces representa una seria amenaza para la independencia judicial, ya que los candidatos podrían verse influenciados por intereses políticos y económicos para asegurar su elección o reelección. Esta politización del sistema judicial compromete la imparcialidad en la toma de decisiones y erosiona la confianza en el sistema de justicia.
Impacto en el Sector Energético
Caso Específico: En el sector energético, existe un riesgo particular de que los jueces, influenciados por el discurso político sobre “soberanía energética”, puedan ratificar decisiones administrativas sin un análisis legal adecuado. Esto afectaría especialmente a empresas extranjeras que buscan inversiones en energías renovables.
Consecuencias Económicas
La reforma genera:
- Incertidumbre jurídica para inversionistas
- Debilitamiento de la capacidad de los tribunales para corregir decisiones arbitrarias
- Ambiente de inseguridad legal que frena el desarrollo económico
Alternativas y Limitaciones
El arbitraje internacional, aunque disponible como alternativa, presenta desafíos significativos:
- Procesos largos y complejos
- Costos elevados
- Dificultades en la ejecución de resoluciones en México
- Problemas con la interpretación del concepto de “orden público”
Esta situación podría posicionar a México como un país de alto riesgo para inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el energético.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: