El tercer debate entre candidatas presidenciales será el domingo 19 de mayo. Uno de los temas será la seguridad pública. Deseable es que las candidatas expongan las líneas centrales de lo que proponen para atender el mayor fracaso del actual gobierno y al mismo tiempo el problema mayúsculo que enfrentará la próxima titular del Poder Ejecutivo.
El tema está directamente asociado a las decisiones que tomará la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas - o sea la Presidenta de México- sobre el papel que estas tendrán en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y el destino y tareas que tendrá la Guardia Nacional (GN), conforme al marco constitucional vigente.
El asunto, y lo que la Presidenta decida al respecto, guarda relación directa con la militarización que en el Gobierno del Presidente López Obrador ha tenido lugar, no sólo en el ámbito de la seguridad pública, sino en la Administración Pública Federal en su conjunto.
El 19 de mayo espero escuchar de las candidatas a la Presidencia de México un compromiso claro, sin medias tintas, sobre el cumplimiento del artículo 129 de nuestra Constitución: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".
#cdmx,#reynosafollow "350 MIL MUERTOS y 150 MIL DESAPARECIDOS": "TRES GOBIERNOS de TRES PARTIDOS y TRES PRESIDENTES con TRES GENERALES y un MISMO EJERCITO han PROVOCADO una CATASTROFE HUMANA"...usar y abusar de militarismo es y ha sido el problema https://t.co/PTANN6MhWb pic.twitter.com/wmkV4axIZb
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) March 12, 2024
Por respeto a la Constitución, tengo la esperanza que quien asuma la Presidencia el 1 de octubre ordene a los militares su retiro inmediato de las funciones y tareas que no tengan estricta conexión con la disciplina militar, que vengan realizando en cualquier organismo, dependencia o empresa de la Administración Pública Federal distintos a las Secretarías de Defensa o Marina. Por ejemplo, que se retiren de las aduanas, aeropuertos civiles, puertos y marina mercante, ferrocarriles, líneas de aviación o navieras, el sistema de salud y sus organismos, bancos del Estado, constructoras civiles, y un largo etcétera.
Se atribuye al Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, la frase: "el problema no es sacar a los militares de sus cuarteles, el problema es regresarlos". Por la vigencia del Estado de derecho, confío en que para el regreso de los militares a sus cuarteles sea suficiente la orden de su futura Comandante Suprema. Fundo mi confianza en la tradición de lealtad a la Constitución y disciplina que mandos y tropa del Ejército, Fuerza Aérea y Marina han mantenido por más de un siglo.
Desmilitarizar a México es una tarea democrática, independiente de las decisiones que el próximo gobierno tome en materia de seguridad pública. En ese segundo ámbito, el marco para la elaboración de la Estrategia está en la Constitución y en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de creación de la GN, que fue reformado el año pasado. Lo cito a la letra: "Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria".
El plazo original de vigencia del citado Transitorio se habría cumplido este año, pero una reforma de 2022 amplió su vigencia a 9 años, que se cumplirán en marzo del año 2028. Preservar el plazo, así como los lineamientos que le fueron adicionados, es un compromiso exigible a quienes aspiran a la Presidencia. El otro es que se comprometan a emprender las acciones para que en 2028 se cumpla el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas permanentes de seguridad pública.
Para ese propósito pongo sobre la mesa tres ideas:
Que las personas titulares de la SSPC y de la comandancia general de la GN sean civiles. Y que en el Estado Mayor de la GN los civiles sean mayoría;
Que la mayor parte de los elementos de la GN sean adscritos a los municipios con mayor incidencia delictiva, en complemento de la depuración y fortalecimiento de las policías municipales y estatales; y
Que la GN sea reestructurada y sus elementos educados y capacitados para cumplir el mandato del artículo 21 constitucional de ser una "institución policial de carácter civil".
Agrego la necesidad de discutir propuestas de cambios en el Poder Judicial, federal y estatales, para fortalecerlos, no para destruirlos. Como necesario es evaluar el estado que guarda la Fiscalía General de la República, y las 32 fiscalías estatales, cuya "autonomía" fue una de las peores herencias de Peña Nieto a López Obrador.
Recuperar la seguridad pública es el mayor de los retos que deberá enfrentar la próxima Presidenta de México. La presencia y daños que causa la delincuencia organizada en el territorio son una amenaza creciente para la sociedad, el Estado y la existencia misma de la Nación. Iniciemos el predebate del debate del 19 de mayo.
fuente.-Jorge Alcocer/Reforma
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