En el último debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, la morenista Claudia Sheinbaum arremetió contra su oponente Xóchitl Gálvez con uno de los argumentos más contundentes que se pueden utilizar contra lo que ella califica como el PRIAN: la larga lista de exgobernadores provenientes de esa coalición de partidos que hoy están en prisión o prófugos de la justicia.
No obstante, las proyecciones indican que es sólo cuestión de tiempo para que Morena, el partido más joven de los que están en competencia, empiece a formar su propia lista de exmandatarios procesados, sobre todo si se toma en cuenta que entre los gobernadores que dejarán este año su administración se encuentran nombres como el de Cuitláhuac García o el de Cuauhtémoc Blanco, los dos de peor reputación en el país.
Los expedientes judiciales que se han filtrado desde los aparatos de investigación financiera y de procuración de justicia anticipan que muy pronto el partido de Andrés Manuel López Obrador tendrá a sus propios Javier y César Duarte, a su Roberto Sandoval y hasta su propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esto si las nuevas administraciones estatales y la federal se deciden a hacer valer sus promesas de cero impunidad. Los más aventurados, aunque al mismo tiempo también los más informados, apuestan a que entre los primeros exgobernadores de Morena podría haber algún Tomás Yarrington o Mario Villanueva, vinculados a proceso por probadas relaciones con el crimen organizado.
El expediente más sólido es el que se tiene en la FGR, de Alejandro Gertz Manero, contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, uno de los máximos lastres con los que carga la 4T. En esa instancia se le da seguimiento a transferencias millonarias de recursos hacia la esposa del también exalcalde de Cuernavaca, Natalia Rezende Moreira, y hacia su medio hermano, Ulises Bravo Molina. Tampoco se ha cerrado por completo la investigación contra su representante José Manuel Sanz, quien presuntamente extrajo de las arcas de la alcaldía de Cuernavaca y del gobierno del estado de Morelos más de 700 millones de pesos. A dicho movimiento de recursos –avalado presuntamente por Blanco– se le conoció como el caso “Primavera”.
Otro gobernador morenista que podría pisar la cárcel apenas termine la administración es el veracruzano Cuitláhuac García. En aquellas tierras hay indicios de procesos irregulares de contrataciones públicas para beneficiar a personajes cercanos al mandatario. Sin embargo, los expedientes que con contundencia podrían determinar su vinculación a proceso son los relacionados con tortura, abuso de poder, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, los cuales fueron ingresados ante el Ministerio Público por diversos representantes de los partidos opositores, activistas defensores de los derechos humanos y periodistas. Los casos más sonados son el de la jueza Angélica Sánchez Hernández, el del exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, y el de José Manuel del Río Virgen.
A estos nombres se suma el de Rutilio Escandón, en Chiapas, sin expedientes todavía visibles en el Ministerio Público, pero responsable por omisión de la grave crisis de inseguridad que cada vez más hunde a ese estado en la miseria. También por ser un político de la 4T apegado supuestamente a la austeridad y a la pobreza franciscana deberán abrirse investigaciones por los lujos que suele mostrar su hija, María Escandón. En su cuenta de Instagram identificada con el nombre de “lareinadelsur”, la joven publicó hace tiempo una fotografía de sus artículos personales, entre los que destacaba una bolsa de la marca Louis Vuitton, modelo City Steamer GM, con valor en el mercado de 3,100 euros, es decir, alrededor de 75 mil pesos.
Tampoco se debe perder de vista a los interinos Carlos Manuel Merino en Tabasco, Sergio Salomón Céspedes en Puebla y a Martí Batres en la CDMX, no solo por el desgobierno y otras acusaciones derivadas de irregularidades administrativas, en los primeros dos casos, sino por la distribución de agua contaminada que, dicen los especialistas, también puede derivar en un proceso penal, en el caso de la capital del país.
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