En diciembre de 2010, Gerardo Fernández Noroña repartió en la Cámara de Diputados 320 ejemplares del que era por entonces el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández: “Los señores del narco”. El diputado petista recorrió curul por curul, depositando el libro entre los legisladores presentes, entre otros, los panistas Josefina Vázquez Mota y César Nava.
“¡Es una denuncia brutal!”, exclamaba.
En un punto de acuerdo impulsado por el propio Noroña, se afirmó que el libro sacaba por primera vez a la luz pública los vínculos “del gobierno de facto que encabeza Felipe Calderón” con la delincuencia organizada: “Una investigación de estos alcances y gravedad, generarían la renuncia en masa de funcionarios y la del propio gobierno de facto”, escribió el diputado, quien propuso la creación de una comisión plural que investigara los hechos denunciados en el libro.
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Anabel Hernández recuerda que El Fisgón la buscó para que presentara, en diversos “círculos de reflexión” y en su escuela de formación de cuadros, sus hallazgos: la manera en la que, según el libro, durante el sexenio calderonista se había utilizado “a la Policía Federal y las Fuerzas Armadas para combatir a los enemigos del Cártel de Sinaloa”.
Tras la publicación de “Los señores del narco” Hernández fue buscada por algunas de las figuras más relevantes del movimiento obradorista: la buscó Epigmenio Ibarra, y la buscó John Ackerman. Los elogios llovieron.
El mismo presidente López Obrador llegó a decir de ella: “Ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional en el periodismo y valiente, es una mujer excepcional”.
En general, aquel libro había sido escrito en la misma forma y con los mismos recursos que la obra más reciente de Hernández, “La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa”: la autora había echado mano de testimonios anónimos, declaraciones rendidas por narcotraficantes, entrevistas sostenidas con personajes ligados a los diversos cárteles, funcionarios cuyo nombre se guardaba por razones de seguridad, expedientes judiciales de cortes federales en Estados Unidos, reportes del Ejército y la PGR, así como documentos internos de la DEA y el Departamento de Justicia.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#tijuana,#cdjuarez,#guadalajara LA "HISTORIA YA NO TAN SECRETA': "NARRAN ENTREGA de DINERO al NARCOPRESIDENTE y el GENERAL AUDOMARO REGALO del GRANDE,los BELTRAN LEYVA y el CARTEL de SINALOA"...ya tenia la proteccion militar https://t.co/Y4tkQbg9Hk pic.twitter.com/PuiLtl5B1m
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Solo que ahora ese método escandalizó a los que antes había hechizado. El Presidente lo consideró “un compendio de mentiras con propósitos políticos”. “No hay una sola prueba, es pura calumnia, puras mentiras”, dijo, y preguntó a la periodista: “¿De dónde saca toda esta retacería de mentiras?”.
El libro de Hernández acusa a López Obrador de ser “el caballo de Troya” del Cártel de Sinaloa en la sede del poder político, y de haber sido financiado desde la campaña presidencial de 2006 por la cúpula de ese grupo criminal, a través de inyecciones de dinero realizadas por Sergio Villarreal, El Grande, quien en 2010 declaró ante la PGR que personalmente le había entregado a AMLO, 500 mil dólares; y, según cinco exmiembros del Cártel de Sinaloa, que según la autora son testigos colaboradores de la justicia estadounidense, el apoyo económico fue otorgado también por Arturo Beltrán Leyva, Ismael El Mayo Zambada, y Joaquín El Chapo Guzmán.
La acusación parte de un documento emitido por la DEA y el Departamento de Justicia bajo el título de “Operación Polanco”.
Se trata del mismo documento que llevó al gobierno estadounidense a investigar al presunto financiamiento del cártel a la campaña de AMLO, y en el que se detallaron entregas de dinero efectuadas en una casa situada en Aristóteles 131, en la Ciudad de México.
Según el testigo colaborador de la DEA, Roberto López Nájera, ese dinero habría sido recibido por personajes cercanos al entonces candidato: Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto Caballero.
Una de las perlas del libro es la entrevista grabada que Hernández le hizo al famoso Nico en 2022 (antes de que se diera a conocer la investigación de la DEA) y en la que éste admitió que Soto Caballero le proporcionó cinco tarjetas sin límite de crédito, una de las cuáles fue empleada durante varios años por José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente. “Yo no era sujeto de crédito y él me la daba, igual pasó con José Ramón, y creo que no fue mucho (lo que gastaba)… no eran millones de pesos”.
Mauricio Soto Caballero, al que Nico consideró una pieza importante durante las campañas de 2006 y 2012, fue detenido más tarde en Miami bajo cargos de narcotráfico y se convirtió también en testigo colaborador de la DEA: con tal de librar la cárcel, sostiene la autora, estuvo dispuesto a grabar a Nico y a acercarlo con un agente encubierto que se haría pasar por narcotraficante y fingiría estar interesado en aportar cinco millones de dólares a la campaña de AMLO.
Como se sabe, el Departamento de Justicia decidió cerrar la investigación por criterios políticos, a fin de evitar que el gobierno de Estados Unidos fuera acusado de intervenir en las elecciones.
A partir sobre todo de entrevistas con Dámaso López Serrano, El Mini Lic., hijo de quien fuera el brazo derecho de El Chapo, y amigo desde la infancia de los hijos de éste (reveladora y llena de detalles), y con Guillermo Michel Hernández, El Lagartijo, operador de Los Chapitos, Hernández asegura que el Cártel de Sinaloa apoyó también a López Obrador en las campañas de 2021 y 2018, y refiere pormenores tanto de la operación conocida como el Culiacanazo, como de la intervención de Los Chapitos en las elecciones intermedias de 2021 para garantizar el triunfo del morenista Rubén Rocha Moya.
El libro corre sobre una cuerda floja que lo mismo otorga crédito a los dichos de narcotraficantes, algunos de ellos disparatados (en uno de los pasajes se habla de una borrachera de tres días protagonizada por Los Chapitos y los hijos del Presidente), que proporciona información contenida en documentos y expedientes judiciales del gobierno mexicano, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas.
Queda claro, sin embargo, que la supuesta relación de AMLO con el Cártel de Sinaloa existe en documentos de ambos países desde hace más de una década, y ha sido objeto de interés de las agencias estadounidenses que, a pesar de las razones políticas y diplomáticas consabidas, no han apartado la vista un solo día de lo que ocurre en México: han registrado el crecimiento explosivo que la facción encabezada por los hijos del Chapo ha mantenido, gracias a sus redes y al fentanilo, a lo largo del sexenio de AMLO.
Dichas agencias tienen también en sus archivos su propia historia secreta.
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