El Gobierno de México ha obtenido un primer triunfo en la batalla legal que ha emprendido ante tribunales de Estados Unidos para reclamar la fortuna corrupta amasada en ese país por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y quien fue declarado culpable de narcotráfico en una corte de Nueva York en febrero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo gubernamental de combate al blanqueo de dinero, ha informado de que una jueza estadounidense ordenó que se trasladen a México bienes de García Luna con valor de 2,5 millones de dólares, unos 44 millones de pesos. La suma de esta primera victoria representa menos del 1% de la fortuna que persigue México, que asciende a 745 millones de dólares, según la demanda civil que presentó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante una corte de Florida en septiembre de 2021 y de la que ha derivado esta sentencia.
Esa demanda señala que García Luna —que fue funcionario en los Gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón(2006-2012), ambos del PAN— construyó su imperio gracias al desvío de recursos públicos que luego fueron blanqueados en el extranjero a través de una red de empresas fachada del exsecretario y sus testaferros. La acusación sostiene que García Luna se enriqueció a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Los activos reclamados por el Gobierno de López Obrador están afincados en el Estado de Florida. En la demanda figuran como acusados el exfuncionario, su esposa, sus prestanombres y decenas de compañías de papel.
La sentencia favorable fue dictada por la jueza Lisa Walsh el miércoles 4 de octubre “al acreditarse por la parte mexicana que los demandados incurrieron en default (falta) al omitir concurrir al juicio”, según lo ha informado la UIF. Los bienes que serán transferidos a México, en un plazo máximo de 10 días, pertenecían a Delta Integrator LLC, una de las empresas incluidas en la demanda civil. La UIF ha detallado que los bienes recuperados ascienden a 1.968.250 dólares por tres inmuebles de la empresa que ya fueron liquidados. Además, ha añadido la dependencia, está pendiente de liquidarse un departamento en Miami con valor aproximado de 555.800 dólares.
“La anterior es una primera recuperación de activos en Florida, productos de actos de corrupción de la banda que organizó García Luna y que operó durante más de diez años, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los recursos repatriados serán destinados de conformidad con las leyes vigentes en beneficio del pueblo de México”, ha indicado la UIF. La noticia de la sentencia favorable llega dos días después de que la Fiscalía mexicana diera a conocer que perdió uno de los cuatro casos abiertos contra el exfuncionario en el país, en el que se le acusaba por enriquecimiento ilícito.
La empresa Delta Integrator fue constituida en Florida en abril de 2015, cuando García Luna ya había dejado el Gobierno y se había convertido en “consultor”, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los apoderados y directores de la compañía eran el propio García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, Gabriel Díaz Sarmiento y César Andrés Giraldo, según la información asentada en la demanda civil. El expediente da cuenta de que en septiembre 2018 la empresa compró un departamento en la 207 Street de Aventura, Florida, con valor de 198.000 dólares. Dos meses después adquirió en una sola transacción cuatro pisos en otro edificio de la misma calle, a un precio de 2.982.700 dólares.
Uno de los departamentos adquiridos por Delta Integrator en Ventura (Florida).
La demanda muestra también el esquema de blanqueo de dinero entre Delta Integrator y Nunvav Inc., una de las principales compañías de la trama corrupta de García Luna, propiedad de sus principales socios y testaferros: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub. El esquema incluyó transferencias millonarias de Nunvav a cuentas de Delta en Barbados, y luego de esta a Glac Security Consulting, Technology and Risk Management S.C., compañía de la que era dueño García Luna.
Además de los tres mencionados prestanombres, la demanda del Gobierno mexicano considera cómplices a la esposa de García Luna; a José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad, y a su esposa, Martha Virginia Nieto Guerrero; así como a la esposa de Samuel Weinberg, Sylvia Donna Pinto. También fueron demandadas 46 empresas acusadas de participar en el esquema de desvíos y blanqueamiento de activos en México, EE UU y Panamá.
Fuente.-Zedrik Raziel/ imagen/INFOBAE
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