Colectivos y familiares de personas desaparecidas acusan que el Gobierno federal, con su actualización del registro de desaparecidos con apoyo de Servidores de la Nación, intenta "rasurar", maquillar y revictimizar con visitas domiciliarias.
Esto qué lectura nos da, que es una rasurada de las cifras oficiales que ellos mismos tienen y que ya no quieren reconocer en un contexto político", lanza José Ugalde, vocero de la Organización Desaparecidos Justicia AC Querétaro.
El 31 de julio, el Presidente anunció un plan para actualizar dicho registro, estrategia que involucra a los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, cuyo contacto con la ciudadanía es básicamente para empadronar a beneficiarios de programas sociales.
"En lugar de andarlos buscando en las casas deberían buscarlos en los campos, en las cárceles, en los hospitales; solamente lo hacen para decir que van a visibilizar lo de desaparecidos. Lo que falta es sensibilidad, empatía, solidaridad... y el Presidente no nos quiere ni recibir", dice Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora.
En tanto, los colectivos que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) advierten: "Nos preocupa por el riesgo de que pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto de cierre de Gobierno".
Al inicio del sexenio, se hizo una depuración del registro de desaparecidos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para contar con una base de datos sólida y confiable.
"El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda, sino por otras instancias, y no cuenta con una metodología clara y transparente", advierte la ONU.
El pasado 23 de octubre, el Presidente López Obrador designó a la morenista Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la CNB, pese a que no cuenta con experiencia en desapariciones.
La designación se dio a dos meses de la renuncia de la ex comisionada Karla Quintana, quien salió en medio de la cuestionada instrucción presidencial de depurar el censo de personas desaparecidas y usar en el proceso a Servidores de la Nación.
Hasta junio pasado, había un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Ugalde, padre de José Esaú Ugalde Vega, joven desaparecido en 2015 a los 25 años de edad, se dijo a favor de la actualización del Registro, pero no con Servidores de la Nación y menos con visitas a domicilios.
"(La actualización) no tiene garantía ni certeza, y ellos (Servidores) no tienen el conocimiento ni el profesionalismo para hacerlo, son Servidores de la Nación, personas que no tienen el tacto de acercarse a las familias, lo cual es preocupante", expresa.
"La situación de que lleguen a tu casa, toquen y te pregunten, y te digan que están investigando (el estatus de la persona desaparecida) eso, créeme, es un golpe muy duro, revictimizante, terrible para las familias; pensamos que se está haciendo por cuestiones político-electorales, espero equivocarme".
PRECUPACIONES Y CUESTIONAMIENTOS
Tras el anuncio de López Obrador, activistas y colectivos de familiares de personas desaparecidas levantaron la voz con el argumento de que el censo puede ocultar la realidad del fenómeno y no se construye con base en una metodología transparente.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos enfatiza que toda incorporación o remoción de datos del Registro Nacional debe realizarse de manera transparente y basada en evidencia debidamente confirmada y documentada, haciendo pública la metodología empleada.
Demandamos se suspenda la realización del 'nuevo censo' hasta que no se lleve a cabo una serie de reuniones con las y los familiares donde se explique la lógica y metodología de esta actualización del RNPDNO", urge en un pronunciamiento.
“Nos preocupa que corra riesgo el RNPDNO y que estas acciones sean actos encaminados hacia la opacidad del mismo registro por no hacer público el proceso de actualización y su metodología”, agrega el MNDM, que conforman más de 80 colectivos de 25 estados.
En paralelo, el MNDM observa que, desde abril pasado, se detectaron “movimientos irregulares” en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas del Registro, el cual había tenido incrementos desde su creación.
“Sin embargo, en estos últimos meses ha ido descendiendo la cifra de personas cuyo paradero aún desconocemos. Para mantener vigente el RNPDNO, contar con un registro confiable (…), no puede revictimizar a las familias de personas desaparecidas”, añade.
En el mismo sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU advierte que el proceso de actualización no cumple con el Protocolo Homologado de Búsqueda ni con estándares internacionales en la materia.
El CED llama a que la actualización del Registro sea coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda con independencia e imparcialidad.
“El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias y no cuenta con una metodología clara y transparente, ni mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas”, indica.
En (su) implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos", expone el organismo el pasado 3 de abril.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) sostiene que la renuncia de Karla Quintana a la titularidad de la CNB, en medio del levantamiento de un nuevo censo, plantea el riesgo de manipulación de los datos sobre el número de desaparecidos en México.
“Preocupa que los cambios en la CNB puedan ser usados para revertir avances o incluso para manipular el Registro de Personas Desaparecidas, con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales”, apunta.
Ante dichos cuestionamientos, López Obrador ha llamado a la población a confiar en el ejercicio y colaborar en él; mientras que la Secretaría de Gobernación ha defendido el uso de Servidores en el proceso y ha pedido tanto a familiares como colectivos no preocuparse por la metodología, pues ésta, sostiene, está apegada a la ley.
“No tienen por qué preocuparse (los familiares), ¿cuál es la metodología? Está en el protocolo homologado de búsqueda, lo están realizando las Fiscalías de los estados, las comisiones locales de Búsqueda, la Comisión Nacional“, expresó el entonces Subsecretario Alejandro Encinas el 28 de agosto.
SE DISPARAN LOS REPORTES
Hasta junio pasado, había un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Sin que se haya terminado la cuestionada actualización del padrón, cuyos resultados se darán a conocer en diciembre –según adelantó el Presidente–, AMLO ha anticipado una posible disminución en el número de personas desaparecidas.
No es posible, ha declarado el tabasqueño, que su Gobierno tenga más casos que la Administración de Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra el narco.
Y, mientras el Gobierno federal depura el censo y estima cifras a la baja, el Inegi señala un aumento en el número de reportes por desaparición.
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023, publicado el pasado 28 de septiembre, revela un aumento de 171 por ciento entre 2021 y 2022.
Durante 2022, las instituciones de seguridad pública estatales registraron (conocieron) 18 mil 28 reportes de personas desaparecidas y 12 mil 139 de personas no localizadas.
A estas cifras se sumaron 3 mil 311 reportes para los que no se identificó si se trataba de personas desaparecidas o no localizadas, para un total de 33 mil 478 reportes en el año.
Esta cantidad representó un aumento de 171.1 por ciento con respecto a 2021, que sumó 12 mil 348 reportes.
Además, derivado de los reportes conocidos, en total hubo 1,239 personas desaparecidas y 2,260no localizadas que fueron localizadas, cifra que, comparada con 2021, representó un aumento de 40.6 por ciento", agrega el Censo del Inegi.
Este mismo Censo Nacional de Seguridad Estatal indica que el Estado de México concentró casi la mitad (49.5 por ciento) del total de reportes de personas desaparecidas durante el año pasado.
La entidad mexiquense acumuló 8 mil 917, seguida de Nuevo León, con mil 918; Sinaloa, con mil 623; Guanajuato, con mil 149; Puebla, con mil 116; Tamaulipas, con 846, y Zacatecas, con 703.
El Censo incluye los datos sólo de 16 entidades. No se incluyen los demás estados debido a que, según el Inegi, no contaron con datos o elementos para responder sobre el tema, o bien, no tuvieron conocimiento de reportes de personas desaparecidas o no localizadas.
De la lista de 16 estados, los últimos lugares son Nayarit, Hidalgo y Aguascalientes, con 15, 19 y 26 reportes, respectivamente.
'HUMANIZAN' LAS BÚSQUEDAS
La CNB, que depende de Gobernación, realizó un diagnóstico del registro de desaparecidos al inicio de la llamado 4T y concluyó que no se contaba con una base de datos sólida ni confiable.
Encontró que existían múltiples archivos con estructuras diferentes, los datos eran inconsistentes, había “multiplicidad de información”, duplicidades, así como registros nulos y sin homologación de la información.
En agosto de 2019, la entonces titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció una nueva base de datos en la materia para sustituir el anterior Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Con el objetivo de “humanizar” las búsquedas, la dependencia federal lanzó entonces una plataforma digital para reportar la desaparición de personas, incluso migrantes de otros países, aun cuando no existiera denuncia.
Tras casi dos años sin actualizarse, las autoridades federales dieron a conocer en enero de 2020 que México acumulaba 61 mil 637 personas desaparecidas desde los años 60. La última vez que se había hecho pública esta cifra, en abril de 2018, la cuenta sumaba 41 mil casos.
Para construir el RNPDNO —en sustitución de la base anterior—, la CNB diseñó, desarrolló e implemento una estrategia tecnológica para la incorporación de información, permitiendo la interoperabilidad entre autoridades federales y estatales.
La CNB también construyó una herramienta para que el público y cualquier autoridad pueda realizar el reporte, o hacer del conocimiento del órgano de la Segob la noticia de una persona desaparecida o no localizada, sin necesidad de tener una denuncia ante fiscalías.
El resultado fue un importante aumento de las estadísticas debido a la incorporación de registros tanto nuevos como antiguos. Al 15 de junio de 2023 existían reportadas oficialmente como desaparecidas y no localizadas 111 mil 42 personas.
Las principales fuentes para dicho registro son las Fiscalías/Procuradurías (63.84 por ciento), las Comisiones de Búsqueda (31.26 por ciento), otras autoridades (1.13 por ciento), y de cualquier persona que no sea autoridad (3.77 por ciento).
'LO QUIEREN RASURAR'
José Ugalde, padre de una persona desaparecida en Querétaro, subraya que la actualización del Registro Nacional debe hacerse con el acompañamiento de las familias y no con decisiones unilaterales.
Considera que el levantamiento del censo busca dar una “rasurada” a la base de datos, pues ésta evidencia que el fenómeno de la desaparición de personas ha ido al alza en lo que va del sexenio.
A compañeras les han llamado, o tocado (en sus casas), las han ido a buscar, todo un proceso revictimizante sin ninguna contemplación, es terrible, puede haber personas que con ese tipo de preguntas y abordando esos temas les pueda dar hasta un paro cardiaco después de estar en búsqueda 2, 4 años, es una cosa pues muy grave", sentencia.
“Y todavía sin consultar a las familias, sin avisarles, con qué protocolo, nada, no tenemos conocimiento de nada y esto qué lectura nos da, pues una rasurada de las cifras oficiales que ellos mismo tienen y que ahora no quieren reconocer en un contexto político”.
–¿Es esa la verdadera intención del Gobierno?, se le preguntó en entrevista telefónica.
“Sí, no sé si la palabra correcta pueda ser rasurar, pero reducir (las cifras) sí, en este contexto político, y eso no se vale, eso no lo podemos permitir, eso es atentar contra la sociedad, ni siquiera nos han enseñado un protocolo ni que las personas están capacitadas para hacer eso”.
Para Ugalde, el Presidente López Obrador está tomando “acciones desesperadas” para poder salir a decir que las cifras de personas desaparecidas son más bajas que las que el mismo Gobierno ha presentado.
“Y esa actitud ha generado entre las víctimas un gran enojo y molestia (porque) las desapariciones han ido mucho en aumento en este Gobierno”, alerta.
“Que ha habido acciones y que ha habido avances, sí, pocos, lentos, pero yo creo que lo único que (pedíamos) era que (se nos dijera) la verdad del fenómeno, de esta criminalidad de desapariciones”.
El padre de familia confiesa que no le gustaría que algún servidor de la nación tocara a su puerta para este ejercicio, pero, en caso de que así suceda, dice, no tendría ganas de recibirlos o de responderles.
“No lo quisiera vivir eso porque va ser un golpe emocional terrible y, hasta por salud, no lo quisiera vivir, créeme que caería en una depresión y en una angustia terrible, más de la que estamos viviendo, esa pienso que sería mi reacción”, considera.
“(Si llegaran a ir) no quisiera responder, ni siquiera recibirlos, creo que es esa situación y problema del Gobierno, de cómo hacer las cosas bien y lo que están haciendo no está bien. (La actitud) de este Gobierno ha sido la de no escuchar, no atender y no sentarse a dialogar con las familias. Ha habido un distanciamiento del Gobierno con las víctimas”.
'ES UN MEJORALITO'
Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, sostiene que la actualización del registro con Servidores del Bienestar es sólo un“mejoralito” para familiares de las víctimas, con el que el Gobierno quiere acreditar que está atendiendo el fenómeno.
Cuando menos pensamos ya salió esa noticia y, como te digo, solamente es un mejoralito para nosotras, para decir que sí están haciendo su trabajo y que sí están buscando, cuando en realidad sabemos que no", sentencia.
“Son recursos que se gastan, pero esa no es la búsqueda, la búsqueda es diferente, es en los campos, que es donde hemos encontrado”.
Flores cuenta que en Sonora sólo han ido a visitar alrededor de 100 casas, cuando en la entidad, afirma la madre buscadora, existen alrededor de 7 mil familias con personas desaparecidas.
“El Gobierno hasta ahorita no ha ido a mi casa a tocar la puerta, ni a preguntar los datos de mi hijo, entonces te puedo decir que no es verdad que están haciendo las cosas como dicen, a lo mejor han ido a visitar, de 7 mil familias de desaparecidos que hay en Sonora, a lo mejor han ido a 100 casas y ¿ya con eso ya?”, cuestiona.
“En Sonora se hizo nada más unos días, una semana o dos semanas, pero ni en Sinaloa ni en Jalisco ni en ningún otro lugar se ha hecho (integralmente), entonces no sabemos con qué protocolos o de qué manera los están haciendo, así que no es verdad que estén haciendo las visitas domiciliarias como ellos dicen, o como debería de ser”.
LA MANO DE LA SEGOB
De acuerdo con fuentes consultadas, la idea de actualizar el Registro cobró fuerza este año y surgió a partir de que la base de datos que maneja la CNB arrojó cifras elevadas de personas desaparecidas durante la llamada 4T.
Explican que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana planteó a la Presidencia la necesidad de “desinflar” el Registro tomando como referencia la experiencia de la Ciudad de México.
Con el aval presidencial, el Gobierno diseñó un esquema de actualización a partir de indicios de localización, no de “informes de localización” elaborados por autoridades buscadoras, ya sea Fiscalías o Comisiones de Búsqueda, como exige el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Las fuentes explican que el esquema está enfocado en bajar el número de desaparecidos, no así reducir el subregistro o contar con una cifra más cercana a la realidad, ya que se están buscando localizaciones, no desapariciones.
Señalan que el Gobierno analiza la posibilidad de que el Registro deje de ser manejado por la CNB y pase otra dependencia como la Secretaría de Seguridad, que lo operaría a través del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
UN RELEVO CUESTIONADO
El pasado 23 de octubre, el Presidente López Obrador designó a la morenista Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la CNB, pese a que no cuenta con experiencia en desapariciones.
La designación se dio a dos meses de la renuncia de la ex comisionada Karla Quintana, quien salió en medio de la cuestionada instrucción presidencial de depurar el censo de personas desaparecidas y usar en el proceso a Servidores de la Nación.
Aunque la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que el nombramiento fue consultado con organizaciones y colectivos de la sociedad civil, de inmediato surgieron los cuestionamientos desde las ONGs.
Fundar, el Observatorio de Designaciones Públicas y la oficina de Derechos Humanos de la ONU en México acusaron que el nombramiento de Reyes Sahagúnfue opaco, discrecional, regresivo y sin escucha sustantiva de colectivos y familiares de desaparecidos.
Esta decisión profundiza el recelo sobre la seriedad con la que el Gobierno asume sus obligaciones en el tema y sus compromisos con las víctimas", sentenciaron las dos primeras organizaciones.
Para Fundar y el Observatorio, el nombramiento de un perfil sin experiencia desalienta y causa incertidumbre sobre el rumbo de las políticas públicas en la materia.
En tanto, el Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Nacional de Búsqueda no sólo cuestionó el nombramiento, sino que demandó reponer el procedimiento para la designación del remplazo de Quintana.
En un pronunciamiento, el organismo, integrado por familiares de desaparecidos, académicos y representantes de organizaciones civiles, reprochó la falta de transparencia, la exclusión y la “simulación” en el proceso de selección.
Fuente.-
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