La imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, atascado en un vehículo militar en una carretera deslavada en medio de Guerrero, rodeado del secretario de la Defensa, el secretario de Marina y la secretaria de Seguridad Ciudadana, representa la metáfora más adecuada para describir la incompetencia del Estado mexicano frente a la devastación que ha dejado a su paso el huracán Otis.
Se trata del peor desastre natural en Guerrero en una generación, de acuerdo a la estimación que hizo la directora federal de Protección Civil, Laura Velázquez. El huracán de categoría 5, el de mayor rango en la escala Saffir-Simpson, es el más severo que haya tocado alguna costa mexicana del Pacífico en la historia reciente.
Las imágenes difundidas por medios de comunicación y por habitantes de Acapulco reseñan la destrucción total de la zona turística del puerto. La ciudad amaneció el miércoles 25 de octubre completamente incomunicada: sin servicio de electricidad, red telefónica, señal de celular, ni acceso por vías terrestres. La Autopista del Sol y la Carretera Federal Chilpancingo-Acapulco, donde quedó varado el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron bloqueadas por deslaves. Algunos de los testigos describen la devastación en Acapulco como un evento equivalente al sismo de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.
El huracán Otis ha puesto de relieve la capacidad del Estado mexicano para responder a un desastre natural de esta magnitud. Hasta la noche del miércoles, no había ninguna instancia oficial que pudiera hacer un recuento medianamente confiable de los daños humanitarios y materiales que han dejado la lluvia y los vientos de Otis. Ni el gobierno federal, ni el gobierno de Guerrero, ni Protección Civil han podido medir el impacto de la destrucción. “No tenemos datos”, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Evelyn Salgado, la gobernadora del estado, tardó horas en emitir un primer pronunciamiento. Se presume que no se encontraba en Guerrero. Después de 19 horas de que el huracán tocó tierra, no había ningún registro documental que comprobara la presencia de Salgado en la entidad.
Otra estampa del fracaso institucional: los reporteros de Milenio llegaron primero a Acapulco que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ante esta situación, emergió un cuestionamiento natural: ¿Por qué el presidente y su gabinete no utilizaron un helicóptero para trasladarse a la zona afectada? Optaron por una alternativa: trasladarse por tierra desde la Ciudad de México a través de una carretera que las autoridades sabían de antemano que estaba bloqueada por los deslaves.
El gobierno mexicano no estaba preparado para reaccionar a Otis. “Ninguno de los modelos matemáticos había advertido que tendríamos este huracán categoría 5”, dijo Laura Velázquez, titular de Protección Civil. Esta es una verdad a medias.
La administración de Andrés Manuel López Obrador tuvo más de veinte horas para anticipar una respuesta al desastre. El martes 24 de octubre, a las 4 de la mañana, los servicios meteorológicos tuvieron conocimiento de que un huracán tocaría las costas de Guerrero. El martes a las 3 de la tarde se actualizó la información: el huracán tocaría tierra como un fenómeno categoría 4. A las seis de la tarde del mismo día, las autoridades elevaron el pronóstico: estimaron que Otis alcanzaría la categoría 5. Seis horas después, a la media noche del miércoles 25 de octubre, el huracán tocó tierra.
Fue hasta la mañana del miércoles que el gobierno implementó el Plan DN-III, desplegando 6,750 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 1,760 elementos de la Secretaría de Marina a la zona del desastre.
Las imágenes de los convoyes militares haciendo fila en la Autopista del Sol contrastan con los operativos que otras administraciones desplegaron ante desastres naturales como los huracanes Ingrid y Manuel, en 2013, y Odile, en 2014. Las fotografías de funcionarios federales en helicópteros, en cuarto de guerra y en el terreno, como las de Rosario Robles y Nuvia Mayorga, por citar dos ejemplos, son testimonio de esta diferencia.
Inevitablemente, la pobre respuesta del gobierno mexicano puso al centro de la conversación el debate sobre la desaparición del Fonden. En el 2020, Morena aprobó la extinción de 109 fideicomisos del gobierno federal, entre ellos el fondo destinado a financiar la reacción y reconstrucción a desastres naturales.
La administración de Andrés Manuel López Obrador creó una partida paralela de 17 mil millones de pesos para sustituir al Fonden. Sin embargo, estos recursos no están sujetos a las reglas del fideicomiso y pueden ser utilizados discrecionalmente por el gobierno federal. Esto también implica que los remanentes de la partida no se son reinvertidos.
De acuerdo a una solicitud de transparencia que la Secretaría de Hacienda respondió al analista Juan Ortiz, el 40 por ciento de los recursos del Fonden se destinó al financiamiento de la construcción del Tren Maya.
La Secretaría de Hacienda reaccionó tarde para intentar corregir esta narrativa. El miércoles en la noche, la dependencia publicó un comunicado en el que informó que se activó un “Bono para Catástrofes” que ofrece una cobertura de hasta 485 millones de dólares. Agregó que el gobierno cuenta con una Estrategia de Gestión Integral de Riesgos que incluye el acceso a financiamiento inmediato por 17 mil millones de pesos del Ramo 23 del presupuesto federal.
No obstante, en el fondo, la realidad es que el gobierno mexicano seguía sin tener datos claros sobre las víctimas de Otis casi 24 horas después de que el huracán tocó tierra. Un fracaso con costos altísimos que ha exhibido, con creces, las limitaciones de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
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