El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Román García Álvarez, falleció el pasado sábado rodeado de un fuerte silencio institucional.
El funcionario era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber utilizado su cargo público para favorecer el negocio que tiene la empresa Aleática, antes OHL, con la explotación del Viaducto Bicentenario, una vialidad de cuota que atraviesa varios municipios y conecta el Estado de México con la capital del país. La investigación, que data de 2021, tocó al primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien fuera su Consejero Jurídico y hombre de confianza los primeros tres años de su Administración, Julio Scherer, también está siendo investigado por la Fiscalía.
La muerte de García Álvarez no fue comunicada oficialmente por la SICT sino hasta la noche del lunes, cuando habían transcurrido dos días, en un sucinto mensaje desde la cuenta institucional de Twitter en el que no se abundó en detalles sobre las causas del deceso. En el ínterin, este diario contactó al área de comunicación social de la Secretaría para confirmar las versiones del fallecimiento y las posibles causas, pero la petición no fue respondida. Fuentes conocedoras de la investigación ministerial declararon que el funcionario se ausentó de sus labores desde hace al menos dos meses por una mala condición de salud, sin que la SICT haya comunicado internamente una explicación.
Su muerte podría afectar el curso de la carpeta de investigación de la Fiscalía, pues el Ministerio Público aún se encuentra haciendo diligencias. García Álvarez fue designado en la Unidad de Asuntos Jurídicos por el entonces titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, el 16 de septiembre de 2020, con base en una facultad que le permitía a este nombrar a los abogados de todas las dependencias federales.
De acuerdo con una investigación publicada por el portal Animal Político, a los pocos días de haber asumido como jefe de Asuntos Jurídicos de la SICT, García Álvarez frenó un procedimiento administrativo en el que se proponía declarar ilegal la concesión del Viaducto Bicentenario otorgada en 2008 a la constructora española OHL por parte del gobierno del Estado de México. El mandatario de esa entidad era entonces el priista Enrique Peña Nieto, quien a la postre se convirtió en presidente. La relación de la filial mexicana y el PRI ha estado envuelta en polémica. Tras una reestructura, OHL se convirtió en Aleática S.A.B. de C.V.
El proyecto de resolución iniciado por la propia SICT meses antes de la llegada de García Álvarez señalaba que un gobierno estatal no tiene facultades legales para otorgar concesiones para la construcción y explotación de vías generales de comunicación, como lo es la carretera México-Querétaro, donde se edificó el Viaducto Bicentenario. De haber prosperado el proceso de sanción, el Gobierno federal habría podido anular la concesión y recuperar el control de la vía con todo y la infraestructura construida por Aléatica, sin tener que indemnizar a la compañía.
El procedimiento administrativo, que comenzó en marzo de 2020, se vio detenido por la renuncia, meses después, del entonces titular de la SICT, Javier Jiménez Espriú, y de su jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. A su llegada a dicha unidad, García Álvarez elaboró un convenio que declaró legal la concesión a favor de Aleática y, además, abrió la puerta a la posibilidad de extenderla aún más tiempo. Antes de convertirse en el asesor jurídico de la SICT por conducto de Scherer, García Álvarez se encargaba de responder solicitudes de transparencia.
Cargos contra Scherer
La carpeta de investigación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este diario, inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Paulo Díez Gargari y apunta a posibles responsabilidades penales de Scherer y de otros dos subalternos suyos en la Consejería Jurídica de la Presidencia: Raúl Mauricio Segovia Barrios y Mario Iván Verguer Cazadero. Este último es amigo personal de Scherer y fue jefe de Román García Álvarez años antes en el Gobierno de la Ciudad de México. Todos fueron señalados por la Fiscalía de los presuntos delitos de asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, colusión de servidores públicos y contra la administración de justicia.
Scherer mantiene una guerra abierta contra el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que ha cimbrado las altas esferas del poder mexicano durante los últimos meses. Tras unas primeras denuncias de venganza personal a través de declaraciones en los medios, Scherer llegó incluso a presentar una demanda contra Gertz por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. Cuestionado por este diario sobre el fallecimiento del funcionario a quien él nombró en la SICT, Scherer respondió sucintamente que nunca conoció en persona a García Álvarez.
Por su parte, el abogado Díez Gargari aseguró que Scherer era el jefe de García, por lo que, afirmó, el deceso de este último no tendría que perjudicar la investigación de la Fiscalía. “No debe tener ninguna afectación más allá del hecho de que esta persona en particular ya no va a pagar por lo que hizo, pero la investigación no tiene por qué terminar, porque hay muchos otros participantes en esta trama corrupta. Y, además, Román García Álvarez no se mandaba solo. La carpeta de investigación está totalmente integrada, es muy sólida, y debe ir adelante con todo el resto de participantes, que hay muchos, y, por supuesto, Scherer, que es el que mueve los hilos de todos estos títeres”, sostuvo en entrevista telefónica.
Anteriormente, representantes de Aleática han señalado que Díez Gargari tiene un interés particular en litigar en su contra, pues ha sido abogado de la empresa Tecnología Aplicada Infraiber S.A. de C.V., competidora directa de OHL-Aleática en la operación de infraestructura carretera.
Fuente.-Diario Español/Zedrik Raziel/
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