Van vestidos de camuflaje. A veces llevan armas largas, pasamontañas, y otras, solo patrullan su calle como si se tratara de la policía del pueblo. Pero el carácter esencial de este cuerpo, que pospone su mando civil al menos cuatro años más, está claro a simple vista.
Es el Ejército, o al menos, hombres vestidos de soldado, los que cortan carreteras, le piden a uno identificarse, persiguen criminales, vigilan las esquinas, además de enfrentarse al narco, construir trenes, aeropuertos y distribuir vacunas en México. Están en todas partes. Y esta última semana, dos momentos clave han desvelado su verdadero rostro en Jalisco. A la mínima amenaza, la máxima castrense. Disparos al aire que han provocado heridos de bala en una manifestación en Ocotlán este fin de semana y unos días antes, un informe que alertaba sobre el excesivo uso de la fuerza de la institución que disparó contra una camioneta donde viajaba una pareja, la mujer embarazada murió a tiros.
En un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la semana pasada, el organismo reprobó la actuación de la Guardia Nacional en la persecución donde murió la mujer, que además tenía solo 16 años. Según el organismo, con su muerte, que sucedió en noviembre del año pasado, la institución se saltó cualquier manual de uso de la fuerza. Este fin de semana, una protesta en una de las sedes de la Guardia en el municipio jalisciense de Ocotlán, para denunciar el abuso de autoridad de algunos de sus agentes, se disolvió a balazos. Dos de los que se manifestaron fueron heridos de bala, uno en el brazo y otro en la pierna. Los medios locales que difundieron las imágenes de la protesta señalaban que los disparos se hicieron a escasos metros de distancia, desde las instalaciones de la Guardia Nacional.
Los dos eventos han cuestionado dónde está el límite del uso de la fuerza en el cuerpo estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una institución que se fundó en 2019 con el objetivo de garantizar las tareas de seguridad pública en lugar de un órgano civil y que el Congreso ha aprobado subordinarla a las Fuerzas Armadas. La respuesta en estos dos casos de los soldados ante una amenaza al orden ha sido disparar. Los tiros, “al aire”, según la institución, para dispersar una manifestación o para evitar que un vehículo se salte una revisión en carretera, no están contemplados en su propio protocolo, según denuncia el organismo de Derechos Humanos.
La Comisión alertó la semana pasada de que en el caso de la mujer que murió por los balazos de la Guardia Nacional contra el vehículo en el que viajaba con su pareja, la institución actuó con un “uso ilegal y excesivo de la fuerza letal”. Según los hechos que menciona el informe, la pareja circulaba en su coche por la carretera Zapotlanejo-Guadalajara a mediados de noviembre del año pasado. Al adelantar a una unidad de la Guardia Nacional, los soldados se percataron de que la camioneta no tenía matrícula y presuntamente a exceso de velocidad. Entonces decidieron marcarles el alto y comenzó la persecución. Fue entonces, según el informe de la Comisión, cuando los militares dispararon contra el coche. Y una de las balas impactó en la espalda de la chica, directa a los pulmones.
El organismo mencionó en su documento: “El uso de la fuerza aplicado por los elementos de la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer embarazada, no fue gradual, ni se intentó reducir al mínimo los daños. Tampoco se advirtió que hubieran intentado realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar que el uso de las armas haya sido estrictamente inevitable, como lo establece la legislación aplicable”. Una conclusión que parece aplicable a lo sucedido este fin de semana en otro punto de Jalisco, Ocotlán.
Todo comenzó el domingo con un accidente de tráfico. En el suceso estuvo involucrada una patrulla de la Guardia Nacional. Unas horas después, un grupo de personas se reunió para protestar a las puertas de una de las sedes de la institución, pues según ellos, algunos de los agentes involucrados en el accidente habían abusado de su autoridad. Los vídeos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que se producen las detonaciones y lanzan gas lacrimógeno o bombas de humo contra los civiles. Los disparos dispersaron la multitud en unos segundos. La gente corría y se escucharon gritos.
El presidente municipal de Ocotlán, Josué Ávila Moreno, emitió un comunicado a sus ciudadanos para que evitaran algunas calles durante la tarde del domingo. Y este lunes ha confirmado que dos personas resultaron heridas de bala. Fue esa tarde cuando se produjo una de las paradojas que plantea la estrategia de seguridad del Gobierno federal.
La Policía Municipal de Ocotlán recibió llamadas de emergencia al 911 alertando de disparos a las puertas de la sede de la Guardia Nacional. Se desplegaron hacia la zona. El alcalde explicó que el objetivo de la Policía Municipal es “prevenir la comisión de un delito, sin conocer en ese momento quién efectuó los disparos”. Aunque ninguna autoridad lo ha confirmado, en los vídeos se observa cómo se producen desde dentro de la institución para dispersar la protesta. ¿Cuál era entonces el papel de la policía municipal, si las tareas de seguridad pública las comparte con la Guardia Nacional?, ¿a quién tenían que proteger?
La primera semana de septiembre, el Senado aprobó la entrega de la Guardia Nacional a la secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Una propuesta del presidente, que desde su creación planteó esta posibilidad, aunque el legislativo aceptó su implantación bajo la condición de que quedara relegado a la Secretaría de Seguridad Pública. La medida, observada por los más críticos como una “militarización del país” de facto, ha provocado serios debates sobre el alcance de los poderes del Ejército y la oposición ha anunciado que interpondrá acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Los dos últimos eventos reabren la discusión sobre el límite y la actuación de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Guardia Nacional, en las tareas más cotidianas de seguridad pública.
Fuente.-Diario Español/Elena Reina es redactora de la delegación de México de EL PAÍS desde 2014. En 2020 ganó el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo por la cobertura de la crisis migratoria en la frontera sur. Se ha especializado en temas de narcotráfico, migración y violencia de género.
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